VALÈNCIA. La Conselleria de Educación ha enviado un nuevo paquete de propuestas para los ocho puntos de negociación con los sindicatos con el objetivo de llegar a un acuerdo que termine con la huelga indefinida que se celebra desde el pasado 11 de mayo, aunque todo apunta que con escaso éxito. Tras cinco horas de reunión durante la mañana de este miércoles, ambos agentes han salido habiendo abordado la mayoría de los aspectos, pero con desacuerdos sobre la gran mayoría de los mismos. Con ello, el departamento que dirige Carmen Ortí se ha comprometido en enviar una nueva batería de propuestas a partir de lo debatido durante la citada reunión y ha emplazado a los sindicatos a una reunión este jueves a las 12.00h para pronunciarse al respecto. 

El nuevo documento, no obstante, cuenta con el rechazo de la mayoría sindical en el grueso de los puntos tratados. STEPV, CCOO y UGT, que aglutinan dos tercios de la representación sindical, no están conformes con lo planteado en materia de retribuciones, ratios, Formación Profesional y lengua valenciana, que tildan de "burla". Ven con mejores ojos la propuesta en plantillas (aunque no la consideran suficiente), infraestructuras educativas e inclusión. El punto que suscita "mayor consenso" es el de la reducción de la carga burocrática, que, entre otras cuestiones, incorpora un plan de simplificación de la administración educativa.

Con ello, todo apunta a que el estancamiento de las negociaciones se alargará, más todavía si se tiene en cuenta que estos tres sindicatos quieren lanzar una nueva encuesta al profesorado para decidir si firman o no las últimas propuestas de la Generalitat. Estas formaciones aseguran que esta consulta se realizará "lo más pronto posible", pero dan por hecho que no podrán ir a la reunión de este jueves con una decisión al respecto. 

En materia salarial, tal y como habían explicado los agentes implicados, la Conselleria de Educación ha puesto encima de la mesa el acuerdo ya rubricado con Anpe y CSIF que se basa en una subida progresiva de 200 euros hasta 2028 revisable según el IPC y la introducción de seis días de libre disposición al año (3 lectivos y 3 no lectivos). La revisión en torno al IPC suscitó este martes una enorme bronca sindical ya que, en un principio, se anunció que únicamente se revisaría una parte de la subida y, finalmente, la Conselleria aseguró que será todo el montante incrementado. 

La mayoría sindical considera que el acuerdo "es claramente insuficiente" porque, insisten, "la cláusula de revisión salarial se limita a 2028". Además, consideran que se elaboró mediante "mala fe negociadora" y "no incorpora mejoras laborales para el profesorado interino". Con ello, ruptura sindical en este punto mientras STEPV, CCOO y UGT estudian una posible denuncia sobre este pacto.

Las ratios bajan algo más, sin llegar a lo establecido por el Gobierno

Tras los salarios, el punto más candente es el del tope de alumnos por aula, conocido como las ratios. Después de que la Conselleria planteara una propuesta cuyo principal elemento era una calendarización de una ley impulsada recientemente por el Gobierno de España y que está a expensas de salir (o no) adelante en el Congreso, los sindicatos reclamaron una tabla con cifras específicas de la aplicación de una bajada de ratios, sin supeditarla a normas de ámbito nacional. 

Con ello, el departamento de Ortí ha ido presentando una batería de bajada de ratios cada vez más desarrollada pero que, en ninguna ocasión alcanza o mejora lo que obligaría la nueva ley ministerial si termina entrando en vigor. En este sentido, la última propuesta plantea 18 alumnos por aula en la educación 2-3 años y en 3 años de Infantil a partir del curso 27/28. El alumnado de 4 años tendría unidades de un máximo de 22 escolares a partir del citado ejercicio, mientras que los de 5 años pasarían a tener esta ratio el año siguiente. 

En Primaria apenas se toca el tope de 25 alumnos establecido actualmente y que bajaría a 22 si se aplicase la norma del Gobierno de España. En concreto, se propone que a partir del curso 29/30 las aulas de primero de Primaria tengan un tope de 22 estudiantes, el resto queda sin cambios. En la ESO, por su parte, la actual ratio de 30 alumnos iría bajando de manera progresiva hasta que en el curso 31/32 sería la siguiente: 25 en primero; 26 en segundo; 27 en tercero; y 28 en cuatro. Una situación similar sería la de Bachillerato, donde el tope de 35 estudiantes bajaría año a año hasta que en el ejercicio 31/32 fuera de 32 estudiantes en primero y 33 en segundo.

Educación se comprometería, por tanto, a poner en marcha estas ratios siempre y cuando "se cuenta con la dotación presupuestaria correspondiente" y mientras no llegue una norma de rango superior - la nueva ley de ratios, por ejemplo - que mejore estas cifras. Además, establece que a partir del curso 31/32 se seguiría bajando "de manera progresiva" el límite de estudiantes hasta alcanzar los 22 en Infantil y Primaria, los 25 en ESO y los 30 en Bachillerato. 

Uno de los puntos más reclamados por los sindicatos era que se incluyera la dotación de profesorado que, ante la falta de infraestructuras, pueda ayudar en cada centro a reducir en la práctica la ratio por docente. El documento, además, incorpora la constitución de mesas de trabajo en un plazo de 30 días para seguir con una reducción progresiva de ratios "en todas las enseñanzas", en referencia a cuestiones como la Formación Profesional o las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Para los tres sindicatos mencionados, la mejora planteada por el Consell es "insuficiente", pues está "por debajo de la propuesta inicial de llegar, al menos, a la ratio del Gobierno". Aunque ven con buenos ojos la inclusión de medidas como el aumento de personal allí donde no se pueda cumplir con las ratios, estas organizaciones son claras en su valoración: "Rechazamos esta propuesta". 

Reducción de dos días en el tiempo de sustituciones

Respecto a las plantillas docentes, destaca una novedad con el sistema de sustituciones: la Conselleria propone una reducción de al menos dos días en el tiempo en el que se tarda en cubrir las mismas, que actualmente se sitúa en unas dos semanas. Entre otros aspectos, incorpora una "simplificación administrativa" en el registro de ceses de interinos para su incorporación inmediata a la bolsa de trabajo. Ambas cuestiones mencionadas también afectarían al ISEACV.

Educación también se compromete a mantener "con carácter general" los puestos de trabajo de profesorado experto y especialista en el próximo curso. Además, el acuerdo incluye una nueva negociación sobre la orden de plantillas a partir de las necesidades que se acuerden en una comisión de seguimiento que evaluará las necesidades del sistema.

Los citados sindicatos "valoran positivamente algunas novedades", pero subrayan la "falta de compromisos" en torno al profesorado "recortado en los acuerdos de plantillas", así como en la "recuperación de los recortes en las EOI, Conservatorios y FPA". Por tanto, de nuevo, no parece que este vaya a ser un punto de acercamiento entre los agentes presentes en la negociación.

De 135 nuevos AL a 36 aulas UECO adicionales

El punto referente a la inclusión, tras varias idas y venidas, queda redactado de manera que la Conselleria se comprometería a crear 135 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje (AL) y 36 nuevas aulas UECO para el próximo curso. También se incluiría en este ejercicio un aumento del 30% en los profesionales de Educación Social. 

Por otro lado, se proponen medidas como un plan de bienestar docente que incluya un estudio sobre la salud mental del sector, especialmente sobre la zona Dana. Además del impulso de las unidades de detección precoz en salud mental o de explicitar "de manera inequívoca" que los profesionales de Orientación Educativa en centros de Infantil y Primaria deben tener la consideración de docentes de Secundaria con carácter general. La propuesta tiene una correcta consideración por parte de estos sindicatos que, no obstante, ponen de relieve que no se haya aceptado una comisión para tratar la dotación del personal especialista.

Infraestructuras, FP, valenciano...

En infraestructuras se mantiene la redacción de este martes, que incluye inversiones por valor superior a los 370 millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos. Los sindicatos ven "insuficiente" el montante destinado a este cometido y denuncian la "falta de concreciones" sobre los centros arrasados por la Dana. No obstante, realizan una valoración positiva en torno a la celebración de reuniones monográficas y periódicas para hacer seguimiento de la ejecución de las infraestructuras acometidas.

En materia de FP se incluyen cuestiones como el mantenimiento con fondos propios de los ciclos formativos implementados con fondos europeos, así como el compromiso de que la oferta de ciclos sea del mismo calibre en el próximo curso que en el presente. También se proponen cuestiones como la consolidación de la red de prospectores de FP, el impulso de la Xarxa Orient FP o la constitución de un grupo de trabajo para mejorar la formación en las empresas. Tampoco hay aquí feeling de la mayoría sindical: "Lamentamos que la Conselleria no acepte el mantenimiento de los ciclos recortados, pese a haber aceptado un grupo de trabajo sobe formación en empresa". 

En lengua valenciana, por su parte, van más allá y directamente tildan de "burla" la propuesta del departamento de Ortí y denuncian la "falta de interés de la Administración" por la lengua propia. En concreto, Educación plantea una propuesta más escueta que en anteriores ocasiones que solo incluye dos epígrafes: un plan de formación del profesorado con especial incidencia en zonas castellanohablantes; y la regulación de los certificados de Capacitació en Valencià y del Diploma de Mestre en Valencià para que puedan contar como mérito en los concursos.

Frente a anteriores propuestas, se elimina cualquier mención expresa al desarrollo de la Ley de Libertad Educativa, así como la posibilidad de entidades colaboradoras pudieran homologar la formación en valenciano. En todo caso, cabe mencionar que este punto generó muchas fricciones entre todos los agentes e incluso se llegó a retirar de las negociaciones para evitar que el desacuerdo fuera a mayores. La nueva propuesta evita el choque sindical en cuestiones como la Ley de Libertad Educativa y busca la rúbrica de las organizaciones presentes en la mesa de negociación, pero experimenta un recorte sustancial frente a documentos anteriores.