El atasco en la homologación de títulos: más de 70.000 expedientes acumulados en cuatro años

VALÈNCIA. Los expedientes de homologación de títulos universitarios pendientes de resolver han ido in crescendo en los últimos años. Una problemática que los propios afectados han estado denunciando, y que desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se había reconocido en diversas ocasiones, incluso ofreciendo cifras aproximadas. Pero, no obstante, se desconocía la magnitud exacta de peticiones y resoluciones que se habían producido en los últimos años. Ha sido mediante una pregunta en el Congreso de los Diputados cómo se ha podido cuantificar el alcance del cúmulo de expedientes entre 2019 y 2023. 

La diputada de Junts, Pilar Calvo, preguntó a la Mesa de la Cámara Baja sobre las medidas que el ministerio había tomado para "resolver el colapso" en la homologación y equivalencia de títulos. También aprovechó la interpelación para que Sanidad diera cuenta de su trabajo acerca del reconocimiento de las especialidades de titulados extracomunitarios. De la respuesta se desprende que entre el año 2019 y 2023 se realizaron un total de 157.322 solicitudes, mientras que se resolvieron 85.697 expedientes. Dicho de otra manera, durante esos cuatro años se acumularon un total de 71.625 casos de homologación o equivalencia de títulos universitarios. Cabe recordar que según el colectivo de afectados Homologación Justa Ya (HJY), el Gobierno podría tener más de 100.000 casos pendientes de resolver. 

Por otro lado, entre las acciones llevadas para agilizar los trámites, la contestación se centra en el Real Decreto que entró en vigor en octubre de 2022 y que introducía una serie de modificaciones con la intención de "que el tiempo de instrucción y de resolución" no superase los seis meses, una cuestión que según los propios afectados se ha incumplido, con casos que acumulan años pendientes de respuesta administrativa, tanto con la nueva normativa como con la anterior. 

Además, se explica que a partir de ese momento - la respuesta a la diputada se produjo a comienzos de este verano - "se agilizarán las solicitudes de homologación y equivalencia de los extranjeros que residen en España". Entre los motivos de esta decisión, señalan que se trata del "colectivo que más lo necesita", además de que es una cuestión que "está pidiendo la Unión Europea para que se puedan incorporar cuanto antes al mercado laboral". 

Además, también se apuesta por agilizar expedientes de los nacionales españoles y de ciudadanos de la UE. Pero, no obstante, puntualizan: "Esto no significa que el resto de solicitudes no se tramiten, sino solo que se prioriza a las personas que más lo necesitan por su situación laboral en España". 

Encargo a Tragsa para "actividades de apoyo"

Por otro lado, en materia de personal, se recuerdan algunas medidas como la puesta en marcha de un plan de emergencia con 60 funcionarios interinos o la incorporación de 26 funcionarios de manera definitiva a partir del pasado mes de diciembre. Además, se explica que a partir de junio del presente ejercicio la empresa Tragsatec - filial de Tragsa - está realizando "actividades de apoyo para la gestión de solicitudes de homologación y equivalencias de títulos universitarios extranjeros". 

Títulos de profesiones sanitarias

Respecto al reconocimiento de títulos de sanitarios, aseguran que el Ministerio de Sanidad ha acometido una serie de medidas "que han logrado que no exista demora en el procedimiento achacable a la Administración". En concreto, estas acciones son el refuerzo de los recursos humanos, la realización de dos comités de evaluación mensuales y la elaboración de las pruebas teórico-prácticas para la obtención del título especialista extracomunitario. Entre 2019 y 2023 se han reconocido un total de 1.679 títulos de médico especialista, de los cuales 1.128 corresponden a la Unión Europea y 551 son extracomunitarios.

"Grave problema de gestión"

Preguntados por Valencia Plaza, desde el colectivo de afectados HJY consideran que la acumulación de estas 70.000 solicitudes sin resolver "evidencian un grave problema de gestión y falta de transparencia por parte del ministerio". En esta línea denuncian que la Administración no ofrece "información precisa y accesible a los solicitantes", una cuestión que, sumada "a la demora injustificada en la resolución de casos, agrava la situación de miles de profesionales cualificados". 

"Hay un evidente desinterés en implementar soluciones más eficientes, como la tramitación totalmente telemática o la comunicación por medios electrónicos, lo que podría reducir considerablemente los plazos y mejorar la transparencia", consideran desde esta organización, y añaden: "Estas demoras no solo afectan a los solicitantes, sino también a sectores clave como el sanitario, donde se necesitan profesionales cualificados que, debido a la lentitud del proceso, no pueden ejercer su profesión". 

Un año de protestas

Por otro lado, este colectivo de afectados denuncia en un comunicado que desde el Ejecutivo "no respetan el orden cronológico de los expedientes, hay arbitrariedad y falta de transparencia". Además, considera que el número de funcionarios dedicado a revisar las peticiones, "en torno a 25-40", <es "claramente insuficiente". También señala que el ministerio no publica "los tiempos de espera reales" en su portal web, lo que lleva a que los solicitantes crean que el tiempo de resolución será de 6 meses "cuando la realidad es de 3 hasta 9 años". 

Esta organización también se queja de que el sistema telefónico de asistencia para las personas homologantes "es ficticio". "No hay suficientes citas y los empleados de este servicio no pueden responder a las preguntas en la mayoría de los casos", asegura. Cabe recordar que, según esta organización, Universidades prometió ampliar el alcance de este teléfono a todos los solicitantes, no solamente a aquellos que tuvieran expedientes incompletos.

Además, recuerda que este mes de octubre se cumple un año desde la primera manifestación de la organización. Cuando se cumple el primer aniversario de protestas, HJY ha vuelto a convocar concentraciones en las calles de Madrid, Barcelona y València para el próximo martes 22 de octubre en horario de 11.00h a 14.00h. En el caso de la capital de España la protesta se realizará frente al Congreso de los Diputados; mientras que en Barcelona y en el 'Cap i Casal' se ha apostado por concentrarse en los aledaños de las sedes del PSC y del PSPV, respectivamente.