Intempo en una imagen reciente. Foto: RAFA MOLINABENIDORM. Los procedimientos judiciales se siguen sucediendo en torno al edificio Intempo de Benidorm a pesar de que la construcción ya ha encontrado una solución a modo de nuevo dueño y comercialización final que ha permitido que terminen las obras. Según ha podido saber este diario, la Audiencia Provincial de Alicante ha abierto juicio oral por presunto delito de estafa y apropiación indebida contra el que fuera administrador de la promotora del edificio, Isidro Bononat. Se da la circunstancia de que el empresario benidormense ya ha sido absuelto de acusaciones similares a las que se enfrentará en los próximos días.
Como ha venido relatando Alicante Plaza, el edificio comenzó con la idea de Bononat y José Ignacio de la Serna, que adquirieron la parcela para levantar el residencial más alto de España. Lo financiaron con un crédito de Caixa Galicia y la obra comenzó en 2008, año en el que el boom del ladrillo empezaba a tambalearse y el concepto de 'crisis económica' era una amenaza real. Tras años difíciles para seguir con la construcción, se viven una sucesión de hechos: la deuda se incrementa hasta los 103 millones de euros; la constructora, Olga Urbana, quiebra; y el edificio pasa a manos de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
El empresario se enfrenta a un nuevo juicio sin el que fuera su socio, principal accionista, fallecido antes de que finalizaran todos los procedimientos en los tribunales. Desde entonces, ha tenido que asumir la responsabilidad penal de todas estas causas en solitario. En este caso, se trata de una querella similar por la que ya fue absuelto hace cinco años. Detrás de ella están los clientes que en su momento firmaron un contrato de compra venta privado, es decir, no se llegó a escriturar ante notario. Propietarios de viviendas que nunca llegaron a obtener y que difícilmente recuperarán la inversión, ya que en los concursos de acreedores de la empresas son prácticamente los últimos en cobrar.
Como en otros procedimientos, será defendido por el abogado penalista Francisco Regalado Rojas, para acreditar que el promotor hizo todo lo posible por terminar el residencial y entregárselo a los compradores. Como se recordará, la obra antes de paralizarse en 2014 estaba terminada al 93,1%, según un informe de los arquitectos.
En este sentido, tratarán de demostrar que la interrupción de los trabajos se debió a la quiebra de la empresa, y no por conductas achacables al empresario, a la que no se le reconoce responsabilidad penal en las dos sentencias firmes anteriores. Así, Bononat habría mostrado su disposición a colaborar con los compradores durante estos años, incluso declarando a favor de ellos en otros procesos civiles, además de ofreciendo alternativas para la finalización del rascacielos, con mandatos de venta para la comercialización a diversos fondos de inversión.
El edificio ha conseguido salir del atolladero en el que entró. No fue hasta abril de 2018 cuando el fondo norteamericano SVP Global compró la deuda a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para darle una segunda vida al proyecto. Tras terminar la obra y ampliar algunas de las zonas que no estaban previstas, en 2021 los propietarios empezaron a ocupar sus viviendas. Algunas de ellas ya se promueven como pisos turísticos, tal y como se puede consultar en redes sociales. Además, han habilitado la azotea, en la planta 46, para un local de restauración que está explotando Grastrogroup, bajo la marca Masa, conocidos por otros negocios en la zona como The Grill en el Albir.
