VALÈNCIA. El pleno del Consell ha autorizado este viernes el acuerdo marco para la contratación centralizada de los servicios postales y de paquetería de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas a la central autonómica de compras.
Tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por otro más, y la estimación de su coste alcanza 51,3 millones de euros. Los objetivos son reducir costes, mejorar la eficacia y eficiencia y dar continuidad a unos servicios considerados esenciales para el funcionamiento de la administración autonómica, ya que carece de los medios personales y materiales para su prestación.
Desde la Generalitat explican que es evidente la relevancia que siguen teniendo las comunicaciones y notificaciones en papel y su papel imprescindible, al igual que el servicio de paquetería. A su juicio, es necesaria su contratación de forma centralizada para lograr una mayor homogeneidad y las mejores condiciones y precios.
El nuevo acuerdo marco trata así de racionalizar y unificar el modelo de gestión de los servicios postales y de paquetería para todas las entidades vinculadas. No lleva consignado presupuesto de licitación ni compromete crédito, puesto que solo regula las condiciones para la adjudicación.
Sin embargo, atendiendo a los datos de anteriores acuerdos y teniendo en cuenta los precios de mercado, se establece un valor estimado de 51.300.289 euros sin IVA. Es un precio orientativo y no vinculante, dado que las necesidades reales de suministro se determinarán durante la contratación.
El lote de servicios postales comprende recogida, tratamiento, admisión, clasificación, curso, transporte, distribución y entrega de cartas ordinarias, cartas certificadas, notificaciones, publi-correo, envíos de publicidad y catálogos, periódicos y publicaciones periódicas, libros, material fonográfico y videográfico, paquete postal y burofax, así como los servicios adicionales de carta certificada y paquete postal universal (no se incluye el servicio de valija o correo interno).
Por su parte, el segundo lote incluye recogida, tratamiento, distribución y entrega de documentación y paquetería de la administración autonómica, su sector público instrumental y entidades adheridas (no entra el servicio urgente o de prestación inmediata).
La Generalitat no se compromete a contratar una cantidad determinada de servicios al estar subordinada a las necesidades, sin que el contratista pueda exigir prestaciones de cantidades determinadas o importes mínimos como condición.
Con carácter obligatorio, los destinatarios son las consellerias y su sector público instrumental, mientras por adhesión previa voluntaria son el Consell Jurídic Consultiu, el Síndic de Greuges, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Comité Econòmic i Social, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundació ADEIT, Fundació Parc Científic UV y Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció.