VALÈNCIA (EFE). La Unió Llauradora i Ramadera y AVA-ASAJA han denunciado la "ofensiva judicial surrealista que la Administración ha abierto con los agricultores expropiados de la zona de Parc Sagunt II" que ha dado lugar a que hayan llevado a juicio a uno de ellos "para tratar de no abonarle 1.073 euros".
Así lo han manifestado ambas organizaciones, que han expresado "la indignación del sector" ante el hecho de que la administración haya demandado a un pequeño propietario para tratar de no abonarle la diferente entre la cantidad ofrecida y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación.
En este caso, han criticado, además de retrasar el pago al menos tres años, va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga.
En total, de acuerdo con los cálculos de ambas organizaciones agrarias, la Administración ha decidido agotar la vía administrativa y llevar a los tribunales a aproximadamente 800 agricultores para no pagar 25 millones de euros más.
Ello, han añadido, con los gastos en abogados y procuradores que un proceso de estas dimensiones supone y pese a que, "por experiencias anteriores, este tipo de procedimientos tienen muy bajas probabilidades de prosperar dado que el TSJ suele otorgar al jurado la presunción de veracidad y acierto en sus valoraciones".
"Por el contrario, la Generalitat no escatima recursos económicos para llevar a cabo las obras de urbanización en esta misma superficie", han criticado.
Según las organizaciones agrarias, los anuncios hechos públicos estos días acumulan más de 260 millones para labores de desbroce, acondicionado o accesos, así como la compra a 153 euros por metro cuadrado para construir un centro de formación de trabajadores para Volkswagen, todo ello "sin contar con las millonarias subvenciones prometidas a la gigafactoría".
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió, Carles Peris, han considerado "demencial" el trato de la Generalitat y el Gobierno central "hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen".
"Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso. Para nuestros gobernantes hay dinero a espuertas para Volkswagen, que no deja de ser una empresa privada, regalado a costa de pagar migajas a los agricultores, quienes se van a ver despojados de forma forzosa de su patrimonio y de su medio de vida y, además, se van a ver inmersos en un interminable juicio donde todos pierden", han censurado.
Por ello, las dos organizaciones han solicitado a la Generalitat y al Gobierno que "rectifiquen, acaten el precio marcado por el jurado de expropiación, no alteren artificialmente el mercado del suelo y dejen de insultar a los agricultores y a las empresas que anteriormente adquirieron sus espacios a precios mucho mayores porque eran los fijados por el jurado y el mercado".
"No nos merecemos este robo, expolio o como quieran llamarlo. En un Estado democrático este comportamiento manipulador de la Administración no cabe y, o retiran la vía judicial o nos tendrán en la calle", han concluido.