El Ayuntamiento estudia "posibles sanciones" ante el derribo de las naves de Zaidía

VALÈNCIA (EP). El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado "hechos graves" los derribos iniciados este martes en las naves de Zaidía por parte de la propiedad de estos inmuebles a pesar de que el Ayuntamiento no ha concedido la licencia correspondiente. Así, ha anunciado que el consistorio estudiará "posibles sanciones a la empresa" dueña de las instalaciones, situadas en el barrio de San Antonio.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras conocer el comienzo de esas demoliciones. Los vecinos de la zona, que se oponen al derribo de las naves y reclaman que en ellas se creen dotaciones públicas para el barrio y no un macrohotel como se ha planteado, han alertado este martes por la mañana de la llega de una maquina excavadora y del comienzo de los trabajos de demolición.

Asimismo, han indicado que se han colocado carteles en la entrada de las edificaciones, ubicadas en el número 3 de la calle Guala, comunicando estas tareas y advirtiendo de las medidas de seguridad necesarias para acceder a la zona. El entorno afectado, situado en el distrito de Zaidía, corresponde a la parte interior de la manzana ubicada entre las calles Sagunto, Padre Urbano, San Bruno y Luz Casanova.

Tras tener conocimiento de estos hechos, efectivos de la Policía Local de València se han desplazado hasta este punto y han planteado una propuesta de sanción, según han informado fuentes municipales, que han afirmado que además se han iniciado diligencias de prevención.

Desde el consistorio han destacado también que el pasado 22 de diciembre se envió a los propietarios de las naves una notificación, emitida por el servicio de Disciplina Urbanística y la sección de Ruinas-Licencias de Demolición, en la que se le comunica que la administración local ha desestimado el trámite iniciado para solicitar la licencia de derribo.

"El día 22 de diciembre se comunicó a la propiedad la resolución de paralización del derribo de las naves de Zaidía. Esta mañana hemos visto con sorpresa cómo se quería comenzar este derribo. Hemos enviado rápidamente a la Policía para pararlo", ha manifestado el primer edil. "Consideramos que estos hechos son graves y estudiaremos posibles sanciones a la empresa", ha añadido Ribó.

Asimismo, el responsable municipal ha explicado, respecto a una reunión mantenida con la propiedad, que se le ha "manifestado la voluntad del Ayuntamiento de dotar este espacio para servicios públicos municipales".

Joan Ribó ha apuntado que también se ha comunicado a la empresa la "disponibilidad" del consistorio para iniciar "una negociación" con ella, como dueña de las naves, "respetando sus legítimos derechos pero a la vez teniendo en cuenta la voluntad del barrio y de los vecinos" para transformar el inmueble en una dotaciones públicas.

El pleno del Ayuntamiento de València acordó el pasado jueves, en la sesión ordinaria de diciembre y con el voto a favor de la mayoría de la corporación local, trabajar para modificar la planificación urbanística y posibilitar que esas construcciones se conviertan en servicios para los vecinos de la zona.

"Negociaciones"

Antes de la sesión plenaria, el alcalde anunció que el consistorio apuesta por que las naves de Zaidía tengan un uso público y señaló que con ese fin había pedido una reunión con los propietarios para iniciar "negociaciones".

En el pleno, Ribó recordó que ha enviado una comunicación para que la administración municipal parara todas las actuaciones referidas a estas construcciones hasta tener todos los informes solicitados sobre su valor por parte del servicio municipal de Patrimonio Histórico.

Durante el transcurso de la sesión plenaria se conoció que la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana, dirigido por la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, había emitido una resolución --la notificación que se envió ese mismo 22 de diciembre-- con la que denegaba el permiso para derribar las naves solicitado como declaración responsable por parte de la propiedad.

Gómez apostó el miércoles por lograr "un acuerdo de gobierno" en el consistorio y conseguir que estas construcciones "sean una dotación pública". Así instó, más allá del debate sobre la protección de las naves, a "dar un paso más allá" y consideró que se debería "valorar y tomar otras decisiones como llegar a un acuerdo de negociación con la propiedad para que esas naves sean una dotación pública".