Los ayuntamientos ostentan la competencia para autorizar el montaje de ferias en Navidad

VALÈNCIA (EP). La Dirección General de Interior de la Generalitat Valenciana ha enviado una circular informativa a los ayuntamientos para informales de que son ellos quienes ostentan la competencia de autorizar el montaje de ferias e instalaciones portátiles, móviles o desmontables en sus municipios.

En el caso de las ferias, los consistorios además deberán comprobar que la declaración responsable va acompañada de un proyecto técnico justificado por un Organismo de Certificación Administrativa que garantice la seguridad del recinto, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Interior, Salvador Almenar, ha señalado que esta circular es "un recordatorio de cuáles son los requerimientos legales y técnicos que deben tener en cuenta los ayuntamientos", al tiempo que ha destacado que la Generalitat "está a disposición de aquellos consistorios que tengan dudas respecto a la normativa".

La autorización de los espectáculos y actividades que se efectúen en espacios abiertos, según prevé el artículo 8 de la ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, son competencia municipal. Así, la presentación de una declaración responsable es suficiente para que las instalaciones de este tipo inicien su actividad abierta al público.

En el caso de las ferias de atracciones, la ley considera que es asimilable a un establecimiento y que también se debe presentar un proyecto técnico junto a la declaración responsable. En este supuesto, ha añadido Almenar, "la feria supone un riesgo implícito y el Ayuntamiento debe validar desde los puntos de vista jurídico y técnico dicho establecimiento antes de su apertura para garantizar su seguridad y prever posible incidencias".

En el caso de una instalación eventual, portátil o desmontable como un escenario o un hinchable, pueden abrirse al público previa presentación de una declaración responsable en el Ayuntamiento. La declaración responsable en estos casos corresponde a quien la haya contratado.

El consistorio, por su parte, deberá exigir la documentación acreditativa de distintas características de la instalación como la seguridad de la estructura, su anclaje, resistencia o carácter ignífugo, además del seguro de responsabilidad civil y el certificado final del montaje firmado por el técnico competente.