El Consell al completo en una imagen del I Seminari del Govern celebrado en MorellaVALENCIA. Los próximos días 8, 9 y 10 de julio se celebrará en Torrevieja el segundo seminario del Gobierno valenciano. Una cumbre puesta en marcha por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dirigida a congregar a sus consellers, así como a un reducido número de colaboradores, con la intención de coordinar la gestión del Ejecutivo a lo largo de los seis meses siguientes. De las jornadas de trabajo del cónclave, como ya se vio en la primera edición celebrada en Morella, se extraen la conclusiones que dibujan la hoja de ruta del Ejecutivo para medio año.
Ahora bien, con la celebración de la segunda edición de esta cita, también llega el momento de hacer balance de la primera a la vista de los objetivos legislativos que todos los departamentos se autoimpusieron para el primer semestre. Valencia Plaza ha realizado una suerte de test de estrés del desempeño de cada una de las conselleries a las puertas de la reválida de Torrevieja y justo en el momento en el que el jefe del Consell planea hacer sus primeros ajustes.
Si bien se detecta un esfuerzo de todas las conselleries por avanzar en los compromisos adquiridos en Morella, la conclusión general es que los departamentos del PSPV alcanzan un mayor grado de cumplimiento que las que controla Compromís. Aunque la mayoría de departamentos se queda en la zona de grises -con el grueso de las promesas en fase de tramitación-, algunos departamentos como Vivienda destacan por el cumplimiento de todos sus objetivos, mientras que Educación y Cultura -en su segunda vertiente- y la de Economía Sostenible, ambas dirigidas por consellers propuestos por Compromís, no han sacado adelante ninguna de las leyes o decretos que prometieron aprobar durante el primer semestre.
Las leyes culturales prometidas por la encabezada por Vicent Marzà eran la de Mecenazgo y la nueva Ley del IVAM, mientras que en el caso de la que dirige Rafael Climent se avanzaron las leyes de Comercio y la de Minería Sostenible y los decretos sobre el Plan Energético y Áreas Industriales. Los dos departamentos han dado un acelerón esta semana con sendos comunicados de prensa para informar del estado de la tramitación, que no pasa de borrador.
[ECONOMÍA: promesas en fase de borrador]
[CULTURA: ni Ley de Mecenazgo ni Ley del IVAM]
La parálisis legislativa en materia cultural contrasta con el dinamismo que esta conselleria ha demostrado en Educación. Aunque en este apartado sí han cumplido la mayor parte de sus compromisos, la precipitación les ha inducido a cometer errores en la configuración de las normas. Ha impulsado la enseñanza pública, la ordenación de jornadas y la regulación universitaria, con el consiguiente enfado de los centros privados.
Queda en el tintero la redacción final de la Ley Valenciana de Educación, que a su vez lograría paliar (o al menos matizar) los efectos de la Lomce, y la cuestión del plurilingüismo. Habrá que seguir avanzando en la reducción de ratios, pero también en aplacar las voces de protesta.
[EDUCACIÓN, con prisa y sin pausa]
En cuanto a Sanidad, Universal y de Salud Pública, la Conselleria se ha visto claramente influida por su titular, Carmen Montón, propuesta por el PSOE, quien ha saltado en numerosas ocasiones a los titulares de la prensa. Sin embargo, hay trabajo detrás de los escándalos, a tenor de la inversión económica, la auditoria de concesiones sanitarias y dos medidas de corte social, como la reintegración de los inmigrantes en el sistema y la eliminación del copago farmacéutico y ortoprotésico a mayores y dependientes.
Quedarán por elaborar el Mapa Sanitario de la Comunitat, anunciado para julio, además de una Ley de Muerte Digna, prevista para otoño.
[SANIDAD, donde los escándalos silencian el trabajo]
Por lo que respecta a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la cartera comandada por la socialista María José Salvador ha hecho todos los deberes que se puso en en el Seminari de Govern Hivern 2016. El departamento ha desarrollado sin excepción todos los puntos que detalló en compromisos de Morella, si bien es cierto que buena parte del mérito cabe achacarlo a que supo afinar a la hora de plasmarlos en el documento, en el que desgranó ampliamente cuál iba a ser su hoja de ruta pero sin autoexigirse concluir un gran número de textos legales -como sí hicieron otros departamentos-.
Entre los avances de la conselleria cabe subrayar la aprobación del anteproyecto de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que fue la primera del ejecutivo valenciano liderado por Ximo Puig.
[VIVIENDA, URBANISMO, TRANSPORTE... La consellería de Salvador ha hecho todos los deberes que se puso]
A la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural le ha pasado justo al contrario que a la Conselleria de Vivienda. El departamento que dirige Elena Cebrián desglosó un total de diez leyes y dos decretos entre sus 'Compromisos de Morella', y, como era de esperar, en seis meses no ha podido aprobarlas todas -a excepción de un anteproyecto de ley y de un decreto-.
Preguntadas al respecto, fuentes del departamento subrayan que en todos los textos ya se han producido avances. En fase de borrador se encuentran la Ley de Integración Ramadera, la Ley de Espacios Naturales Protegidos, la Ley de Agentes Medioambientales, la Ley de la Caza Sostenible, el Decreto de desarrollo de la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental y la 'Ley Forestal y Decreto del Plan de Acción Territorial Forestal' (Patfor).
En una fase "muy avanzada" se encuentran la Ley de Ordenación y Modernización de Estructuras Agrarias y la Ley de Evaluación Ambiental, mientras que la Ley del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias por el momento ya cuenta con "una propuesta consensuada".
Lo que sí ha aprobado ya la conselleria es el Proyecto de Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunitat Valenciana, que "actualiza y unifica la normativa existente en materia de pesca marítima y acuicultura". Lo hizo en el pleno del Consell del pasado 3 de junio y se trata del segundo proyecto de ley aprobado por el ejecutivo de Puig, tras la mencionada Ley de la Función Social de la Vivienda.
En la rama de Medio Ambiente, la administración también ha aprobado ya el Decreto de Declaración de Parajes Naturales Protegidos -lo hizo el 19 de febrero de este año-. El texto "desarrolla esta figura de protección para facilitar su tramitación y regular y clarificar la participación de los ayuntamientos en su gestión".
En Presidencia, el departamento que depende directamente del jefe del Consell, Ximo Puig, hay diversos frentes abiertos: la Ley de la Agencia Valenciana de la Innovación todavía está en fase de anteproyecto, la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat se está redactando, la Ley de creación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, tras ser aprobado el proyecto, debe pasar ahora por comisión y el consiguiente proceso en Les Corts, un etapa en la que también se encuentra la Ley de Coordinación de Policías Locales.
Por otro lado, la Ley de Régimen de mancomunidades de la Comunitat Valenciana se encuentra ya en fase de exposición pública, mientras que en este periodo también se han dado pasos sobre los decretos de Coordinación de las Diputaciones, aprobándose los relacionados con Política Turística y el de Deporte y Patrocinios Deportivos. Ambos han sido recurridos por las Diputaciones de Alicante y Castellón, gobernadas por el PP.
Además, desde Presidencia se ha impulsado la creación del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión y se ha avanzado en la propuesta de resolución del Consell para la adjudicación de licencias de TDT en las diferentes demarcaciones. En este apartado, el decreto para regular el régimen jurídico para la prestación de servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro y la modificación del Decreto 212/2009 de Registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual se encuentran en fase de redacción.
La Conselleria directamente dependiente de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado medidas sociales con gran aceptación entre el público, pero todavía pendientes. En Morella, concretamente, se centró en dos. Por un lado, la redacción de una Ley Integral de Transexualidad, aún en proceso de tramitación, a la espera de los informes perceptivos de la Dirección General de Presupuestos; Intervención General y Abogacía General. Junto a esta medida se contemplaba un plan de Intervención sobre la diversidad sexual en escuelas.
Por otro, se avanzó una Ley de Juventud, Adolescencia e Infancia, que sustituya a la de 2010, para la que se ha dado una reunión del Consejo Rector del IVAJ y poco más. Todavía no hay demasiados avances en este sentido, aunque se sabe que con ella se pretende regular el ocio alternativo y la educación no formal. Todo esto se acompañaba de un Plan de Emancipación para jóvenes, además de itinerarios de inserción sociolaboral todavía por concretar.
A la vez, se habló de unas Oficinas de Atención a Personas Inmigrantes, aunque en este caso sí que se advirtió de que no llegarían hasta 2017, y así está siendo. Donde sí se ha hecho especial hincapié es en el impulso de planes de concienciación sobre violencia de género, establecida como prioridad para el Gobierno autonómico, y en las ayudas a la dependencia, con una puesta al día de los pagos y la resolución de 15.659 expedientes.
Por lo que respecta a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, la administración comandada por de la socialista Gabriela Bravo ha logrado 2 de los 5 objetivos que se puso en Morella.
Se trata "del inicio de los trabajos para elaborar un plan estratégico de recursos humanos a cuatro años para dotar a todas las consellerias del personal necesario y adecuadamente formado necesario para su actividad" y de la "apertura de un proceso de diálogo y negociación con los agentes sociales" para la elaboración de "una nueva Ley Valenciana de Función Pública".
Por contra, "la creación de una red de oficinas de atención a las víctimas del delito" prevista para este semestre todavía no se ha materializado, si bien fuentes de la conselleria apuntan que el procedimiento está a la espera de que se pronuncie el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y que el decreto podría ver la luz este mismo mes de julio.
Los 'Compromisos de Morella' también contemplaban "el desarrollo legislativo completo necesario para reformar y mejorar el modelo valenciano de justicia gratuita", una cuestión en la que desde la propia conselleria reconocen que van "un poco retrasados". "El reglamento estará en julio, pero el trámite administrativo será tras el verano", informan.
Por último, el departamento de Justicia incluía entre sus cinco puntos la "elaboración de una nueva Ley Electoral Valenciana", una tarea que finalmente no desarrollará la conselleria. "Hay un acuerdo por el que la ley se deja en manos de Les Corts. Se encargará una comisión. Nosotros creamos una comisión de expertos que hicieron un estudio y presentaron un informe con una serie de propuestas", detallan.
La Conselleria de Hacienda salió del Seminari de Morella con una extensa relación de compromisos entre los que sobresalía la nueva Ley del Sector Público, una norma reguladora de los fondos de caja fija, la aprobación de un plan de choque contra el fraude y la refundación del IVF para convertirse en banco público. Seis meses después, el balance es desigual; ni la ley ni la norma han sido aprobadas, pero sí ha habido avances notables en materia tributaria o en persecución del fraude, mientras que la nueva orientación del IVF es ya una realidad.
La Ley del Sector Público está en fase de borrador, mientras que en el caso de la norma reguladora de los fondos de caja fija ya están finalizado el texto previo que dará lugar a a una orden y un decreto que, según destacan fuentes del departamento que dirige Vicent Soler, será formalmente tramitado en las próximas semanas. Por el contrario, si ha salido adelante la orden para fijar los coeficientes aplicables al valor catastral a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones.
El prometido plan de choque contra el fraude ya ha tenido efectos este año con la detección de 539 declaraciones fraudulentas del impuesto de Patrimonio en la que ha sido la primera campaña masiva contra el fraude fiscal en 20 años. Ello ha sido posible gracias a la puesta en marcha desde el pasado 1 de enero el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), otra de las prioridades que Hacienda marcó en Morella. Respecto a la prometida reforma impositiva, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido nombrar a la comisión de expertos que asesorará al respecto.
El departamento que dirige Manuel Alcaraz ha ido sacando adelante varios de los compromisos que había adquirido en el seminario de Morella, si bien algunos todavía se encuentran en el tintero. Así, el Código de Transparencia ha sido aprobado y el Portal de Transparencia fue presentado en este periodo, mientras el decreto que regula el Cevex se encuentra a la espera de dictamen del Consell Jurídic Consultiu, previo paso al Pleno del Consell. Se ha impulsado además la conformación del Consejo de Transparencia y desde este departamento se está ultimando la Ley de Cooperación, una vez superada la fase de exposición pública. Por otro lado, la próxima semana presentarán el borrador de otro de sus compromisos, la Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social, mientras que la Ley de Participación y Soporte del Asociacionismo está prevista para el 2017.
*Información elaborada por Dani Valero, Marta Gozalbo, Almudena Ortuño, Carlos Garsán, Eugenio Viñas y Xavi Moret.
Tenemos los primeros trasquilones en el Gobierno autonómico y una lista de deberes que analizar. Hemos adelantado a franceses en peluquería y gastronomía, pero estamos en fase de aprendizaje sobre el uso de la guillotina
