VALENCIA. Al tercer intento, el Consell ha conseguido alinear en un elevado porcentaje los objetivos que se impuso para el la primera mitad de este año y las metas alcanzadas. Tras dos semestres en los que se vio atropellado por su propia falta de previsión, las conselleries que forman el Govern del Botànic han alcanzado la mayoría de cuestiones que se plantearon conseguir hasta junio, con algunas excepciones.
La experiencia acumulada en el primer tramo de la legislatura ha permitido a los distintos integrantes del Consell atinar más a la hora de fijar sus prioridades. En general, las promesas surgidas del seminari de Sagunt fueron más modestas pero realizables, frente a la ambición que marcó el arranque de la legislatura. El Consell se impuso a sí mismo sacar adelante leyes complejas como la de Comercio o la de Función Pública. Además, quiso hacerlo en tiempo récord, lo que le abocó al fracaso.
Tan es así, que gran parte de las cuestiones que hoy día siguen encalladas son compromisos no cumplidos que se arrastran de los seminaris de Morella o Torrevieja. Asuntos como la reforma del sector público instrumental, la Ley de Comercio o la reapertura de la televisión pública se le han atragantado al Govern hasta el punto de que casi han desaparecido de los documentos de propuestas para no tener que dar más plazos de cumplimiento incierto.
Este fin de semana el Consell se reúne de nuevo para llevar a cabo el cuarto encuentro de balance y revisión de la acción del Gobierno. Con motivo del mismo, los distintos consellers darán cuenta de su hoja de servicio del semestre y marcarán la línea de los próximos meses. Con las promesas que se hicieron en enero en la mano, este es el balance del desempeño que ha demostrado cada una de las conselleries en los últimos meses.
[HACIENDA: Desactiva la bomba de la SGR pero el sector público se le hace bola]
En el departamento que dirige Vicent Soler, la mayoría de las últimas buenas noticias llegan desde el Instituto Valenciano de Finanzas, una de las grandes promesas para el semestre que acaba de terminar, la desactivación de la 'bomba' de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), se ha resuelto en plazo y de forma satisfactoria. El reglamento que sienta las bases del futuro Banc de la Generalitat, también ha salido adelante en el último mes.
Por el contrario, Hacienda sigue arrastrando uno de los principales marrones para el Consell, el de poner orden en el sector público. A la vista de los problemas con los que se está encontrando, sobre todo para regular al personal, el Gobierno valenciano pecó de optimista cuando incluyó este objetivo en su repertorio de promesas del primer semestre.
Tampoco se ha llegado a tiempo de aprobar el plan para definir los objetivos estratégicos y operativos para acceder a los fondos de concurrencia competitiva de la UE, una de las prioridades surgidas del último seminari de Govern. El Plan de Acción de Financiación Europeo fue presentado por Vicent Soler en el pleno que el Consell celebró este viernes ya en Ademuz, pero aún tiene que superar varios trámites hasta ser una realidad.
[CULTURA: Cultura inicia el Plan de Inversiones en Patrimonio a falta de nuevos retos]
Los incumplimientos heredados de los seminarios de Morella y Torrevieja llevaron a la conselleria de Cultura de Vicent Marzà a optar por dejar de engrosar la lista de compromisos para centrarse en desbloquear las cuentas pendientes. De esta forma, el seminario de Sagunt tan solo contó con un objetivo de nueva incorporación de ámbito cultural: la puesta en marcha del Plan de Inversiones en Patrimonio Cultural (PIPCV). El proyecto es, en resumidas cuentas, el reparto de los 4,1 millones de euros asignados en el presupuesto anual a distintas acciones, algunas de ellas finalizadas, como la sustitución de los escalones de acceso al teatro romano y la rampa de acceso al castillo de Sagunt; en proceso de ejecución, como la intervención en la iglesia y el claustro de la cartuja de Valldecrist de Altura, o pendientes, entre las que se encuentra la esperada obra para crear el jardín de las esculturas –ahora llamado Pati Obert- del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).
Dividido en ocho programas distintos -que van de Espacios de la Generalitat, Turismo Patrimonial o Conservación del Patrimonio de la Guerra Civil-, se dan por iniciados cinco de ellos, dejándose tres de los epígrafes para 2018. Iniciado el PIPCV, son los fantasmas de seminarios pasados los que todavía hay que ahuyentar. De esta forma, Cultura hace doble check en la creación de la mesa de la cultura valenciana, un órgano que organiza la participación entre agentes culturales públicos y privadas; o la Ley del IVAM, aprobada por el Consell el pasado mes de junio, trámite previo a aprobación definitiva en Les Corts. Piano, piano, el departamento de Marzà todavía tiene pendiente presentar la esperada Ley de Mecenazgo y una reforma profunda de la Ley de Patrimonio, después de que sí se haya ejecutado una modificación puntual en la misma.
El área de Educación, que dirige Vicent Marzà, es una de las más activas. Llega al examen con los deberes hechos, aunque con un cuestionamiento general de sus medidas estrella. Buena parte del sector educativo se mantiene en vilo ante las próximas actuaciones del equipo de Marzà.
Durante este segunda parte de legislatura, está por ver que arranque el proceso de elaboración de la prometida ley valenciana de educación, que situará al alumno como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y tendrá muy en cuenta la opinión de las familias para desarrollar lar norma.
Por otra parte, algo que el cambio de gobierno no ha logrado es rebajar la tensión entre el Consell y las universidades. Si durante la etapa del PP los impagos, los recortes de subvenciones y las tasas académicas conformaron los frentes de batalla entre instituciones, la financiación inmediata de la universidad y el modelo de financiación del futuro vuelven a estar hoy sobre la mesa para discutirlos.
Una de las palabras más repetidas por el conseller es consenso. La búsqueda de pactos entre las distintas corrientes del sector será, precisamente, lo único que permita hallar puntos de encuentro con una comunidad educativa enfrentada a como consecuencia de los conciertos o el plurilingüismo, por poner dos ejemplos.
Una de las características de la consellería que dirige la socialista María José Salvador a lo largo de esta legislatura es ponerse objetivos realizables cada vez que se celebra un Seminari de Govern. Una estrategia hábil, pero al mismo tiempo respaldada por una gestión que es eficiente en los compromisos adquiridos negro sobre blanco. Así, y al margen de los problemas que van surgiendo en el departamento –como ocurre en otros-, desde el inicio del mandato Salvador y los suyos han conseguido llegar a los encuentros semestrales del Consell con los deberes hechos.
En esta ocasión, cinco fueron los objetivos trazados para este periodo y sobre todos se ha trabajado. El primero, el llamado Plan Renhata dirigido a la rehabilitación de viviendas, se ha puso en marcha meses atrás: el pasado mes de marzo se publicó en el DOGV la convocatoria de estas ayudas con una línea de tres millones euros. La iniciativa ha recibido más de 1.800 solicitudes en la Comunitat Valenciana. El segundo reto de este departamento consistía en el establecimiento de criterios sociales en el proceso de adjudicación y alquiler en las promociones de VPO propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). El pasado mes de junio el DOGV publicaba la aprobación de la resolución para establecer los criterios citados anteriormente y así “priorizar a los colectivos más vulnerables”.
Otro de los objetivos cumplidos en esta conselleria ha sido la aprobación del reglamento de funcionamiento de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València, que vio la luz en junio; un paso fundamental para la organización y puesta en funcionamiento del organismo autónomo creado el pasado mes de enero. Uno más, este sobre la bocina, se refiere a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de València, con el inicio de la tramitación del Plan Especial.
El pasado 11 de julio el DOGV informó de su exposición al público, un proyecto para el que el Consell ha buscado el consenso entre las diferentes administraciones implicadas como el Puerto de València y el Ayuntamiento. Por último, tal y como establecía otro de los compromisos, en el mes de mayo el Pleno del Consell aprobó el anteproyecto de modificación de la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para "adaptarla a las nuevas políticas urbanas y de actuación del territorio que se basan en un urbanismo al servicio de las personas y del interés general". Una modificación realizada sobre más de 100 artículos.
Si la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación se presentó al seminario de Torrevieja con los deberes por hacer -le faltaban ocho compromisos por cumplir-, esta vez sí que ha cumplido con sus propios objetivos; o al menos ha iniciado los cinco puntos que se marcó en el pasado cónclave celebrado en Sagunto.
El departamento que dirige Manuel Alcaraz fijó como primer copromisos mejorar la transparencia en los ayuntamientos, otras entidades locales y también supramunicipales como pudieran ser las diputaciones. Para ello, y durante los seis meses que hay entre seminario y seminario, se han renovado convenios con las diputaciones provinciales para mejorar las herramientas en aras de la transparencia y se han impulsado páginas web abiertas.
Además, también ha cumplido con el propósito de crear un sistema de alertas para prevenir los posibles casos de irregulares en la administración pública. Un compromiso, realizado a medias, que se ha basado en un acuerdo con la Fundación Baltasar Garzón, que dirige la hija del exmagistrado estrella. Para ello, se firmó un convenio entre la fundación y el Consell de 30.000 euros. Las actividades a realizar este año eran la organización de seminarios, jornadas o congresos relacionados con la prevención de las malas prácticas administrativas y el fraude.
Respecto de la nueva ley de asociaciones prometida, Transparencia ha iniciado el proceso participativo para hacer dicha norma. Hasta la fecha, han realizado tres jornadas en Elche, Paiporta, y Castellón. Además, el recién estrenado Consejo de Participación también ha colaborado con todo el proceso previo a la elaboración del texto legislativo. Sin embargo, más en pausa está la redacción de acción para el desarrollo sostenible, aunque el trabajo sí que se ha iniciado incluyendo en el articulado objetivos de desarrollo sostenible, recalcan desde la conselleria. De hecho, la ley ya ha sido remitida a Les Corts para su debate y tramitación de enmiendas. Paralelamente, se ha impulsado un programa que sigue esta senda. Se trata del del programa "Busquem super ODS".
Joya patrimonial de los valencianos, el departamento de Alcaraz también se había fijado iniciar un plan de modernización y revitalización del Tribuna de las Aguas de València. Un plan que se enmarca en un convenio que firmó a principios de junio la Conselleria de Transparencia con el Tribunal de las Aguas por 75.000 euros. La intención es relanzar el atractivo turístico de este edificio emblemático. En el sexenio de verano, Alcaraz saca mejor nota que en invierno.
El departamento que dirige Ximo Puig no se caracteriza, por lanzar un gran número de propuestas cada semestre, pero sí controla algunas de las de mayor calado. Es el caso del proyecto de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), un empeño personal de Puig que seis meses después de aprobarse en Les Corts sigue sin tener desarrollo efectivo, o la reapertura de la televisión pública, que sigue sin tener fecha a pesar de que figura en las promesas desde el primero de los cuatro seminarios que se han celebrado hasta ahora.
Por el contrario, otras cuestiones pendientes como el decreto para la creación del fondo autonómico de cooperación municipal o la Ley de Creación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias han visto por fin la luz en estos últimos meses.
De los compromisos adquiridos en el seminari de Sagunt por parte de Presidencia destacó la creación de las llamadas "Unidades de Asuntos Europeos" en todas las conselleries "para mejorar la coordinación y reforzar la acción de la Generalitat en las instituciones europeas". A pesar del marcado carácter europeísta del que el Consell ha querido impregnar todas sus áreas desde ese encuentro, fuentes del Govern reconocen que este asunto acumula retrasos y no se ha podido completar a tiempo.
En Turismo, área dirigida por el secretario autonómico Francesc Colomer, el único propósito era extender los planes de gobernanza colaborativa y dinamización turística, algo que han cumplido. Tras la experiencia en 2016 de los 9 existentes en 2017 aumentaron los planes hasta los 14. Se trata de planes para vertebrar el territorio en la actividad turística e implicar a todas las las administraciones. No obstante, todavía siguen arrastrando la ley de Turismo del primer seminario, en Morella, aunque el anteproyecto ya fue aprobado en Les Corts pero todavía no está en vigor.
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural puede decir que está bastante al día en lo que al cumplimiento de los objetivos del seminari de Sagunt se refiere. El departamento de Cebrián se marcó cinco objetivos relativos al agua, la agricultura y ganadería, la PAC, la prevención de incendios y la gestión de residuos, y en todos los campos se han producido avances de mayor o menor calado.
En líneas generales, Elena Cebrián cumple con el agua, dado que se han realizado las jornadas previstas para abordar nuevos modelos de gestión, y con las ayudas a agricultura y ganadería comprometidas, que se convocaron en febrero después de cinco años sin hacerlo y están pendientes de resolución. También puede esgrimir su cumplimiento en el compromiso relativo a la lucha contra el fuego: se están aprobando planes locales con la colaboración de la Conselleria, se ha puesto en marcha la campaña de concienciación y se han adoptado distintas medidas preventivas. De momento, el verano ha dado una tregua a los bosques de la Comunitat.
En lo que se refiere a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea para el periodo que comienza en 2020, el departamento de Cebrián se había comprometido a poner en marcha una mesa de debate sobre las necesidades valencianas. Esa mesa se constituyó efectivamente a comienzos de año y se ha estado trabajando todo el semestre en paralelo a los contactos con la ministra del ramo, Isabel García-Tejerina, que es la interlocutora ante Bruselas. El objetivo es que la PAC preste más atención a la agricultura mediterránea, no tanto a la intensiva continental. Y en ese objetivo van de la mano Catalunya, la Comunitat, Murcia y Andalucía.
El punto 2 de los compromisos de Sagunto es el más peliagudo. Comprende la “actualización del Plan Integral de Residuos (PIRCV) para avanzar hacia una economía circular, mejorando la gestión y el tratamiento de residuos”. Un paquete del que forma parte el polémico sistema de retorno de envases SDDR que la Conselleria quiere poner en marcha. De momento, a principios del semestre se sacó a consulta previa el borrador para la revisión del PIRCV, para incluir aportaciones. En cuanto al SDDR, que cuenta con el rechazo frontal de la patronal y de las grandes empresas de distribución, tras los últimos contactos la Conselleria está pendiente de abordar el tema con las organizaciones de consumidores. Sin duda, el asunto más espinoso (con permiso del agua) de los que lleva entre manos Cebrián en este mandato.
Sanidad ha cumplido prácticamente todos sus objetivos, aunque varios de ellos los ha cerrado en estos dos últimos meses. En el mes de junio se presentó la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Comunitat Valenciana para el periodo 2017-2021, el primer documento de este tipo que se elabora en la Comunitat. En el mes de julio llegaba la creación de un Observatorio Valenciano de Salud que dará a conocer a los valencianos la realidad actual sanitaria en la Comunitat. También se ha puesto en marcha el plan de Prevención del Suicidio y manejo de la conducta suicida.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, presentaba hace unos meses la puesta en marcha la interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud que permite la dispensación desde cualquier farmacia de la medicación prescrita y entre las autonomías. Por último, el decreto de Selección de Personal y provisión de plazas de personal todavía se encuentra en proyecto aunque ya ha pasado la fase de información pública. De anteriores seminarios todavía queda pendiente aprobar el nuevo mapa sanitario.
No ha sido el mejor semestre para Mónica Oltra, quien se ha visto abrumada por la situación de los centros de menores. De hecho, este ha sido uno sus objetivos cumplidos, el de realizar un nuevo modelo de acogimiento residencial de infancia y adolescencia en situación de desprotección.
A ésta ha sumado la creación de un nuevo modelo de servicios sociales general de la red básica municipal de servicios sociales y la negociación del concierto social con el tercer sector que no tiene de muy buen humos a la empresa privada residencial. Una de las metas que todavía está en vías de culminarse es el plan de infraestructuras para reducir la lista de espera en los centro de personas con diversidad funcional.
También tenía pendiente el plan de choque para la agilización de la tramitación de expedientes de personas en situación de dependencia. De éste ha cumplido algunas partes, como implementar la municipalización en la valoración o ampliar el nuevo modelo a toda la Comunitat. En proceso está la estrategia de transparencia y visualización de los datos estadísticos y la ampliación de la plantilla de los servicios centrales para dar respuesta a las listas de espera, revisiones y cambios de personas cuidadoras, recursos o traslados.
Lo difícil no es el camino que lleva a la consecución de un objetivo, sino mantenerlo una vez alcanzado. Es justo el problema que más quebraderos de cabeza provoca en Justicia: la financiación adecuada de los recursos.
Uno de los pasos más importantes de la cartera de Gabriela Bravo fue presentar una ley que promueve los acuerdos extrajudiciales para que los ciudadanos resuelvan sus conflictos sin tener que llegar al juzgado.
Hace una semana 120 magistrados se reunieron para ejercer presión y conseguir que se adopten medidas dirigidas al refuerzo de la independencia judicial, para exigir la modernización de los juzgados y para reclamar mejoras salariales. Retos pendientes para este segundo tramo de legislatura.
Información elaborada por Estefanía Pastor, Ximo Aguar, Marta Gozalbo, David Martínez, Xavi Moret, Estefanía Pastor, Sergio Moreno, Carlos Garsán.
