Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España Foto: KIKE TABERNERMADRID (EP). El Banco de España cree que el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado recientemente por el Gobierno puede ser útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales, pero estima conveniente "vigilar estrechamente" la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar provocando "algunos efectos indeseados".
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado que se inicia la actual crisis "con más desigualdad que la anterior" y ve "muy probable" que la actual crisis aumente aún más dicha desigualdad ya que está afectando en mayor medida a los colectivos con rentas relativamente bajas.
Por ello, sostiene que medidas como el ingreso mínimo junto con una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" para el empleo y la productividad podrían corregir el impacto social de la crisis.
No obstante, avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.
En este sentido, estima necesario evaluar la efectividad de algunas de las medidas previstas en el IMV, como el mantenimiento temporal de al menos una parte de la cuantía subsidiada cuando el beneficiario encuentra trabajo.
En su último informe anual, la institución aboga por que el IMV se acompañe de un seguimiento "continuo y riguroso" de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos.
Así, considera que hay que analizar si se solapa con otras ayudas ya dispuestas a escala central, regional y local, y precisar si los requisitos de elegibilidad establecidos en el diseño actual, como los relativos a la necesidad de estar registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, excluyen de la ayuda a algunos colectivos vulnerables, o si otros requisitos "pueden recalibrarse" para proporcionar "una imagen más fiel del verdadero grado de necesidad de los beneficiarios".
En este punto, señala que, en lo que respecta a los umbrales al patrimonio establecidos, "posiblemente" debería incluirse algún tipo de requisito de información acerca del nivel de endeudamiento del solicitante.
En todo caso, la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos avisa de que el IMV no suple el papel de otras herramientas que pueden actuar como estabilizadores automáticos y amortiguar, con carácter general, las perturbaciones negativas de renta de los hogares.
"En situaciones de crisis como la actual, es probable que haya colectivos afectados muy negativamente, pero que no satisfagan las condiciones de acceso al IMV. Por ejemplo, para aquellos desempleados que vayan agotando los subsidios de desempleo, pero que no cumplan los requisitos para acceder al IMV, podría ser necesario aprobar extensiones adicionales de estos estabilizadores automáticos, con la posibilidad de permitir una cierta compatibilidad con el trabajo durante los primeros meses después de haberlo recuperado", explica.
El Banco de España afirma en su informe que la crisis sanitaria está incidiendo con mayor intensidad sobre los colectivos más vulnerables, lo que, según advierte, supondrá previsiblemente "un deterioro adicional" de los niveles de desigualdad. "Con frecuencia, una desigualdad excesiva supone un lastre para el crecimiento económico y su sostenibilidad", añade.
Por ello, ve fundamental implementar medidas de apoyo para proteger a los colectivos más afectados. A su juicio, las medidas de protección del empleo y de apoyo a las rentas de los hogares que ha activado el Gobierno durante la crisis contribuirán a reducir la vulnerabilidad de los hogares más afectados por ella.
Asimismo, subraya que, si algunos de los efectos adversos de esta crisis se extienden en el tiempo, sería "apropiado" mantener algunas de estas medidas de apoyo al empleo y a las rentas de los hogares más vulnerables "durante un horizonte más amplio que el previsto inicialmente".
No obstante, advierte de que, a la hora de valorar una eventual extensión de estas actuaciones, es fundamental que se mantenga tanto el carácter focalizado de las mismas como su enfoque temporal.
"Debería evitarse que dichas medidas de apoyo acaben retrasando de forma ineficiente los ajustes estructurales que deban producirse en algunos sectores o empresas (por ejemplo, en el caso de los ERTE) o distorsionando permanentemente las decisiones de participación en el mercado laboral de algunos colectivos (por ejemplo, en el caso de algunos subsidios)", concluye.
El Banco de España asegura que la economía española tiene "margen para redefinir la cesta de impuestos" con el objetivo de favorecer en mayor medida el crecimiento económico y a la reducción del déficit y la deuda pública, para lo que pide el diseño y comunicación de un programa plurianual de consolidación fiscal con una senda coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, algo que podría hacer "absolutamente factible" reducir la ratio de deuda por debajo del 100% del PIB en diez años.
En su informe anual publicado este martes y dentro del apartado de los retos a los que se enfrenta España tras la crisis, la autoridad monetaria indica que la recaudación impositiva en España, incluidos los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la zona euro en unos 2 puntos porcentuales del PIB, lo que implica que podría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales.
En concreto, apunta que en torno al 40% de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA en España como consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido, mientras que la recaudación derivada del impuesto sobre sociedades y de los impuestos especiales representa, en ambos casos, en torno a un 30% de la diferencia.
Asimismo, afirma que la imposición medioambiental, que incluye además de algunos impuestos especiales, como el de hidrocarburos o el de la electricidad, otros impuestos indirectos, como el de transporte, también se sitúa en España unos 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la Eurozona.
El organismo apunta también en su informe que un "elemento distintivo" de la fiscalidad española "susceptible de reconsideración" es el "elevado nivel" de beneficios fiscales, derivados de la presencia de "numerosas" exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan con frecuencia "pérdidas importantes" de recaudación y "distorsionan" la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.
"Los resultados que arroje la segunda fase del proceso de revisión del gasto público que está llevando a cabo la AIReF, que incluye explícitamente el análisis de los beneficios fiscales, supondrán una contribución importante de cara a este proceso necesario de revisión integral de la eficiencia del sistema impositivo", subraya el Banco de España.
En todo caso, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha aclarado que "en ningún momento" se insta a subir impuestos "ahora mismo", ya que a corto plazo es "absolutamente esencial" mantener el impulso fiscal de apoyo a rentas, empresas y hogares más vulnerables, por lo que los cambios impositivos los proyectan una vez este "bien asentada" la recuperación.
obre las denominadas 'tasas Google y Tobin', que se están tramitando en este momento en el Congreso, advierte de que el "alto grado de integración" internacional de la economía española y la posibilidad de que algunas bases imponibles puedan desplazarse "con una relativa facilidad", sugiere la conveniencia de alcanzar "un cierto grado de coordinación" con el resto de los países en la introducción de estos impuestos para evitar la aparición de "desventajas competitivas" y la "deslocalización de ciertas tareas".
Así, espera que las negociaciones en el seno de la OCDE sobre un nuevo impuesto digital deberían servir para fijar unas "condiciones comunes mínimas" para una eventual introducción ordenada de esta figura impositiva, al menos en el ámbito de las principales economías avanzadas, que se transpondrían después a la legislación española una vez se aprobaran.
Por el lado del gasto, ve conveniente incrementar el peso relativo de aquellas partidas relacionadas con la acumulación de capital humano y tecnológico, así como priorizar la inversión pública en innovación, al tiempo que apuesta por establecer un mapa claro de prioridades y mejorar la eficiencia del gasto público en todas sus rúbricas.
A corto plazo, el Banco de España apuesta por una "actuación decidida" en materia fiscal, que dé una respuesta "ágil y contundente", dirigida a contener las rentas de los hogares y de las empresas en el corto plazo y a reducir el riesgo de un deterioro persistente de la capacidad de crecimiento de la economía.
Así, afirma que en el corto plazo podría ser necesario prolongar el estímulo fiscal, de un modo focalizado y orientado a los agentes y sectores más afectados por la crisis, e incluso indica que puede ser preciso extender alguna de las medidas ya implementadas para hacer frente a la pandemia o introducir otras nuevas.
"Si este fuera el caso, es fundamental que las decisiones adoptadas traten de maximizar el impacto potencial de los recursos públicos comprometidos y que se concentren en los sectores y en los grupos de empresas y hogares más afectados", reitera el instituto emisor.
Aunque pide un mayor estímulo en el corto plazo, el Banco de España advierte de que a medio plazo es necesario acometer "reformas de calado" para reducir el endeudamiento público y reconstruir márgenes para la actuación de la política fiscal ante futuras "perturbaciones negativas".
Así, advierte de que si las administraciones públicas no realizan ningún esfuerzo fiscal estructural en los diez próximos años, la ratio de deuda pública sobre el PIB permanecería, a finales de 2030, en niveles de entorno al 125% del PIB, lo que expondría a España a una situación de "vulnerabilidad crónica" y lastraría el crecimiento.
En cambio, apunta que un escenario alternativo, en el que las administraciones adoptaran una política fiscal coherente con el cumplimiento de las exigencias del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante la próxima década, la ratio de deuda pública sobre el PIB podría reducirse hasta situarse por debajo del 100% a finales de 2030. Sus proyecciones apuntan a una ratio de deuda pública de entre el 114,5% del PIB y el 126,7% este año y entre el 111,7% y el 129% en 2021 y un déficit público de entre el 9,5% y el 14% este año y entre el 7,7% y el 9,1% el próximo.
Por ello, pide un "programa de consolidación fiscal plurianual", con reformas que aumenten la capacidad de crecimiento de la economía y permitan ampliar las bases impositivas, y que vinculen a todas las administraciones en torno a una definición "detallada" de los objetivos presupuestarios.
Además, debería incorporar un plan de respuesta temprana ante posibles desviaciones con respecto a los objetivos establecidos. Con una política fiscal acorde al Pacto de Estabilidad y con las reformas calcula que la ratio de deuda pública podría reducirse incluso al 90% del PIB en 2030.
A este respecto, Arce ha indicado que la reducción de déficit y deuda podría acometerse de forma gradual si se acomete con un plan de consolidación "creíble, transparente y comunicado con cierta prontitud".
Con un nivel de crecimiento del 1,7% España podría permitirse una reducción de la deuda "más gradual y menos agresivo en el uso de elementos fiscales". "Si creces más tienes bases impositivas más amplias y la digestión de la deuda sería menos costosa", ha apostillado, instando a acometer reformas para ganar crecimiento potencial, ya de por sí "modesto" antes de la crisis.
