El Banco de España alerta de los efectos negativos de la condonación de deuda a las CCAA

VALÈNCIA (EP). El Banco de España considera que una eventual condonación de parte de la deuda que las comunidades autónomas han acumulado en las últimas décadas "podría tener efectos negativos sobre los incentivos a un comportamiento fiscal disciplinado por parte de estas en el futuro".

En el informe anual de 2023, publicado este martes, el Banco de España ha recordado que sigue estando pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica que corrija algunas de las limitaciones que este ha mostrado a lo largo de las últimas décadas.

Dicha reforma debería cumplir, según el organismo, con los principios de suficiencia de los recursos disponibles para las comunidades autónomas, la corresponsabilidad fiscal de estas en la financiación de sus gastos y la transparencia en los distintos parámetros que determinan el funcionamiento del sistema y su evolución. "Asimismo, resulta fundamental una aplicación estricta de las reglas fiscales a los niveles inferiores de gobierno", ha reiterado.

La reforma debería resolver también la falta de estabilidad del sistema, que ha estimulado a la promoción, por parte de las comunidades, de los procesos negociadores como medio de incrementar el volumen de financiación adquirida.

Déficit estructural del 3,7%, más de medio punto superior al de 2019

Y es que, para el Banco de España, un elemento de incertidumbre especialmente relevante de cara a las perspectivas de la economía española procede de la vulnerabilidad relacionada con la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en un contexto de reactivación de las reglas fiscales a escala europea.

Según el informe, España registró en 2023 un déficit estructural cercano al 3,7% del PIB en 2023, unas seis décimas superior al calculado para el año 2019.

Por ello, las dinámicas macroeconómicas y fiscales de la economía española ponen de manifiesto la necesidad de implementar, sin demora, un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo que refuerce la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Y es que, según ha advertido el Banco de España, la deuda pública del país se mantendría en niveles muy parecidos a los actuales en los próximos años y seguiría una trayectoria creciente a partir de 2030. En cambio, en un escenario en el que se implementara un ajuste presupuestario coherente con el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo --lo que implicaría una reducción anual promedio del desequilibrio estructural de unos 0,5 puntos del PIB potencial durante un período de siete años comenzando en 2025--, la ratio de deuda pública podría iniciar, en los próximos años, una senda descendente que la situaría en el entorno del 80% del PIB en 2040.

Por ello, el organismo ha insistido en que sería deseable que el plan de consolidación plurianual se enmarcara en un cuadro macroeconómico prudente y detallara las medidas de ingresos y gastos que permitan el saneamiento gradual de las cuentas públicas.

Al tiempo, considera que sería deseable que este estuviera basado en amplios consensos económicos, políticos y sociales, y que involucrara activamente a todas las Administraciones Públicas --centrales, regionales y locales-- con responsabilidad en materia presupuestaria.

El plan de consolidación debe acompañarse, según el Banco de España, de una selección rigurosa de los proyectos de inversión que se financiarán con cargo al programa europeo 'Next Generation EU' y, del diseño e implementación de reformas estructurales ambiciosas que ayuden a reducir algunas de las deficiencias que han venido caracterizando históricamente el funcionamiento de la economía española, así como de una mejora de la calidad de las finanzas públicas.

Recaudación en PIB, por encima de la media de la UE

Por el lado de los gastos, el Banco de España ve imprescindible identificar todos aquellos capítulos presupuestarios en los que es posible aumentar la eficiencia, así como optimizar la distribución del gasto entre partidas para promover un crecimiento económico más robusto y equitativo.

Por el lado de los ingresos, el Banco de España señala que desde 2019 se ha producido un fuerte crecimiento de la ratio de ingresos públicos sobre PIB en nuestro país --de 3,6 puntos, hasta el 42,8%--, con un avance de 2,5 puntos del PIB en la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales.

Este aumento de la recaudación ha llevado a situar su ratio, en porcentaje del PIB, ligeramente por encima de la media aritmética de la UE --si bien todavía se encuentra casi 3 puntos por debajo de la media ponderada de la UE--.

Los recursos de las Administraciones Públicas han aumentado su tamaño respecto al PIB principalmente debido al fuerte crecimiento del IRPF, del Impuesto de Sociedades y de las cotizaciones sociales, mientras que tanto el IVA como el resto de impuestos indirectos --entre los que se incluyen los impuestos especiales-- se han mostrado más contenidos.

En cualquier caso, cabe mencionar que una parte de este incremento observado en la recaudación impositiva no puede explicarse por la mejora de las bases macroeconómicas ni por la adopción de medidas explícitas de aumento permanente de impuestos y cotizaciones sociales. Se trata de los llamados residuos fiscales, que podrían estar ligados, en parte, a un menor fraude fiscal.

Revisión del sistema

Con todo ello, el Banco de España considera que es crucial que el plan de consolidación presupuestaria se apoye en una revisión integral del sistema tributario español que evalúe si, en su conjunto, las diversas figuras impositivas presentes en nuestro país logran sus objetivos de manera eficaz y eficiente.

De cara a esta revisión y eventual reforma, que constituye uno de los hitos que se han asociado a la recepción del quinto desembolso de los fondos NGEU, el organismo ha recomendado incrementar el peso relativo de la imposición sobre el consumo en el país, que es relativamente bajo en comparación con el de otras economías europeas y que genera, con carácter general, menores distorsiones sobre los mercados de factores y productos, a través del IVA.

En este sentido, considera que los beneficios fiscales que se aplican a la tributación sobre el consumo en España suponen un gasto considerable --unos 53.000 millones de euros en 2022--, que se debería revisar y evaluar en función de su eficacia y eficiencia.

Por otra parte, desde numerosos organismos se ha puesto de relieve la conveniencia de ampliar la base imponible del IRPF mediante la reforma o eliminación de diversas reducciones fiscales que se consideran ineficientes.

Además, el avance de la digitalización y la globalización de la actividad económica exigen mantener los esfuerzos para coordinar y armonizar el sistema fiscal a nivel internacional, tal como se está llevando a cabo, por ejemplo, en lo relacionado con los acuerdos de tributación internacional alcanzados en el marco de la OCDE y el G20, así como en las diferentes iniciativas de la UE dirigidas a avanzar en la coordinación y en la integración de la imposición societaria y de la tributación de las actividades digitales.

Por último, el organismo ha abogado por mejorar y aumentar la fiscalidad medioambiental, un ámbito en el que España ha venido recaudando menos que otras economías europeas a lo largo de las últimas décadas.

El aumento de esta parcela de la tributación se podría acompañar, según ha sugerido el Banco de España, de medidas compensatorias -algunas de carácter transitorio-- para atenuar su impacto en determinados grupos de familias y empresas que pueden verse especialmente afectados por la transición ecológica.