El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EFE). El Banco de España podría activar en los próximos días el colchón de capital anticíclico que exige a la banca para obligarla, ahora que está acumulando resultados históricamente altos, a aumentar sus reservas y reforzar así su capacidad de mantener el flujo de crédito cuando la economía esté más débil.
Así lo anunciaba esta misma semana, aunque sin especificar fechas, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato finaliza en junio, en su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para presentar el Informe Anual de la entidad de 2022 y 2023.
El colchón de capital anticíclico (CCA) es un porcentaje que el Banco de España fija cada trimestre para aplicarlo a la exposición crediticia de los bancos y que se activa en las fases alcistas de los ciclos de crédito mediante un aumento de los requerimientos de capital, con objeto de reforzar la solvencia de las entidades.
El porcentaje se sitúa actualmente en el 0 % y podría elevarse en torno a medio punto para 2025 y en otro medio para 2026, con lo que el sector tendría que acumular en torno a 7.000 millones de euros más para poder liberar ese capital en caso de pérdidas, según han explicado a EFE fuentes del sector.
La activación de este colchón en fases más tempranas "proporcionaría más capital liberable en fases cíclicas adversas, lo que ayudaría a sostener el flujo de crédito a la economía real durante las mismas y contribuiría al objetivo de estabilización macroeconómica", según explicó el gobernador en el Congreso.
Por todo esto, la entidad baraja la posibilidad de elevar este colchón de capital anticíclico y reforzar así la protección de las carteras crediticias de los bancos, una vez que considere que los riesgos sistémicos cíclicos se sitúan en un nivel "intermedio".
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) señaló recientemente en su último informe trimestral de riesgos los primeros signos de un deterioro de la calidad de los créditos en las entidades que supervisa, aunque aclaró que están muy lejos de los preocupantes niveles de hace una década como consecuencia de la crisis financiera.
En concreto, en el cuarto trimestre de 2023, los créditos morosos representaban un 1,9 % de las carteras de los 162 grandes bancos que forman parte de su muestra, una décima más que en el periodo inmediatamente anterior, después de mantenerse estables en el 1,8 % desde el segundo trimestre de 2022.
En España, la tasa de créditos morosos de las 10 entidades analizadas es del 2,8 %, superior a la media europea, aunque lleva en ese nivel más de un año, dice el informe, que recuerda que existen grandes diferencias entre los países europeos, que tienen modelos bancarios también muy diferentes.
Más preocupante es la distancia entre la banca española y la europea en términos de solvencia, medida por el ratio CET1 de capital de máxima calidad que incluye todos los requerimientos normativos ('fully loaded') que se situaba por debajo del 13 % en el cuarto trimestre del año pasado, frente al 15,9 % de la media europea.
Pero a pesar de esa distancia, el sector bancario español puede presumir de estar bien capitalizado y ser solvente, por lo que algunos expertos como los de PwC dudan que sea el momento de endurecer los requerimientos de capital, para no perjudicar los ratios de rentabilidad de la banca.
En concreto, el presidente de PWC, Gonzalo Sánchez, defendía esta semana la necesidad de una banca rentable y calificaba de positivos los resultados récord del sector financiero, ya que contribuyen al crecimiento, a la creación de empleo y al progreso social.
Según Sánchez, las entidades financieras españolas llevan muchos años haciendo sus deberes y han "cumplido con su función", al destinar en torno al 51 % de sus resultados al pago de impuestos, incluido el extraordinario, que suman unos 10.000 millones de euros.
Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco- obtuvieron un beneficio conjunto de 6.566 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo que supone un avance del 15,3 % respecto al mismo periodo de 2023.
El gravamen extraordinario ideado por el Gobierno y que las entidades contabilizan en los tres primeros meses del año, aunque lo hayan recurrido, les supuso restar casi 1.500 millones de euros, en concreto 1.478,6 millones, un 32 % más que un año antes.
En medio de esta lluvia de millones, esta semana saltaba la noticia de la opa hostil lanzada por el BBVA al Banco Sabadell, después de un intento amistoso de unión, que no era el primero, y que fue rechazado de plano por la entidad catalana, el Gobierno y los agentes sociales.
