MADRID (EP). Bankia busca desvincularse totalmente de la época en que la entidad era administrada por Rodrigo Rato al asegurar haber llevado a cabo una "absoluta ruptura" con la gestión desarrollada en aquel periodo. Al tiempo, pide ampararse en una ley que exime al Estado y a otros organismos públicos, entre ellos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), de la responsabilidad criminal.
Así lo recoge el banco en su escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido remitido a la Audiencia Nacional en el marco del juicio por su salida a Bolsa en julio de 2011. Aunque la Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada la absolución penal tanto de Bankia como de su matriz (BFA), responsabilidad que mantenía desde que se iniciara el proceso, las acusaciones Adicae y Raúl Roberto Cachero Mila y otros la mantienen imputándoles un delito de estafa.
No obstante, el Ministerio Público sí que considera que Bankia y su matriz son responsables civiles subsidiarias en caso de que algunos de los acusados (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma) no afronten la indemnización de los minoristas personados.
En el documento, Bankia asegura que la entidad resultante del proceso de reestructuración "no tiene nada que ver con la antigua, ni con su patrimonio, ni sus administradores, hasta tal punto de que se puede hablar de una auténtica refundación en términos patrimoniales y corporativos en el sentido de que se ha producido una absoluta ruptura con la antigua entidad".
En este sentido, hace referencia al cambio de gobierno corporativo que se produjo en mayo de 2012 con la llegada del equipo de José Ignacio Goirigolzarri, todavía presidente de la entidad, nombrándose a un consejo de administración completamente distinto al que había promovido la salida a Bolsa.
"Se produjo la salida de todos los consejeros que había en el Grupo, muchos de ellos componentes de los antiguos órganos de administración de las cajas que dieron lugar al Sistema Institucional de Protección (SIP), y la entrada de profesionales de larga trayectoria y experiencia", precisa la entidad. También recalca que no forma parte del nuevo consejo ninguno de los acusados en este procedimiento.
Además, señala que la toma de control por parte del Frob del grupo BFA/Bankia supuso no solo un cambio de accionariado, sino también un saneamiento integral de su patrimonio. "El capital social de la antigua entidad fue extinguido, haciendo desaparecer todos sus patrimonios negativos cifrados en -4.148 millones de euros en el caso de Bankia y -10.444 millones de euros en el de BFA.
El patrimonio de Bankia, en la medida en que en el momento en el que se produce la inyección de capital público era manifiestamente negativo, es "totalmente nuevo" y distinto del patrimonio preexistente en las cajas y "goza de una protección reforzada".
Así, Bankia remarca que es propiedad de un organismo público (el Frob) desde mayo de 2012, con independencia de que esté sujeto a la legislación especial de reestructuración de entidades de crédito, por lo que solicita que esta circunstancia se tenga en cuenta a la hora de aplicar el Código Penal de 2010.
"La Bankia resultante tras la intervención del Frob ha de ser considerada exenta de responsabilidad penal. Esta conclusión es compartida y reconocida expresamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe de su Grupo de Trabajo de 2012 y es aceptada sin discusión por la Fiscalía General del Estado en cuya Circular 1/2016 alude específicamente a la exención de responsabilidad de las empresas intervenidas por el Frob entre 2010 y 2015", señala en el escrito.
Sin embargo, reconoce la reforma que en 2015 buscaba extender la posibilidad de condena penal a las empresas de titularidad de organismos públicos y, en tal sentido, también haría posible que se extendiese a las intervenidas o participadas por el Frob, pero remarca que "un dato fundamental que nadie puede obviar" es la fecha. A 31 de diciembre de 2016 Bankia era propiedad de BFA en un 65,904% del capital. A su vez, BFA es 100% propiedad de un organismo público (el Frob).
En suma, dice que, pese a ostentar la condición de acusada, ha colaborado con "total transparencia y lealtad" procesal en la investigación judicial y ha cumplido "fiel y puntualmente" con todos los requerimientos de información efectuados por el Juzgado.
Al mismo tiempo, y al hilo de que considera que carece de responsabilidad penal alguna, cree que no procede imponer responsabilidad civil, aunque ésta fuera de carácter subsidiario.
"La eventual responsabilidad civil ya se habría consumido, pues Bankia ofreció un programa de devolución de la inversión al que pudieron acogerse todos los inversores minoristas que adquirieron sus acciones en la oferta pública de suscripción de acciones (OPS)", señala, a lo que añade que durante estos últimos meses en los que se ha celebrado el juicio oral, ha seguido indemnizando a quienes lo han solicitado por medio de cauces extrajudiciales.
Por tanto, asegura que un inversor minorista no tiene un interés legítimo en acudir a la jurisdicción -civil o penal- para obtener una indemnización de perjuicios cuya compensación ya ha ofrecido la propia Bankia, por lo que el resarcimiento ya se ha producido.
Bankia recuerda que instituyó el 18 de febrero de 2016 un proceso de devolución de la inversión por su salida a Bolsa a los accionistas minoristas que invirtieron en la OPS de julio de 2011.
"Mediante este proceso, un elevadísimo porcentaje de los accionistas minoristas que invirtieron en la OPS fue resarcido. Por tanto, a día de hoy, la responsabilidad civil se encuentra casi totalmente satisfecha", asevera.
Del mismo modo, subraya que ha realizado un "exhaustivo" análisis de las pretensiones indemnizatorias de las acusaciones particulares que finalmente han presentado escrito de conclusiones definitivas, con el que ha detectado que "un elevado porcentaje de presuntos perjudicados que lo solicitan ya han sido previamente resarcidos por Bankia o, en su caso, no reúnen los requisitos establecidos porque no pertenecen al tramo minorista o porque no adquirieron las acciones durante la OPS.
En el escrito, Bankia apunta directamente al Banco de España. Todas las personas de este organismo, desde el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hasta los inspectores que realizaban seguimientos permanentes e in situ en la entidad, se libraron durante la fase de instrucción de ser acusados.
No obstante, el banco señala que la salida a Bolsa fue "continua y estrechamente" supervisada por el banco de España. De hecho, asegura que la supervisión fue "más intensa de lo normal" por el período en el que se encontraban y concretamente la de BFA/Bankia más "intensa de lo corriente" debido a su peso dentro de los procesos de reestructuración.
"En todo momento, el Banco de España tuvo un conocimiento profundo de lo que acontecía a la entidad, de las operaciones realizadas y de las decisiones tomadas, y el grupo sometió toda su actuación al cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina exigida", apostilla, indicando que el debut bursátil es imposible que hubiera tenido lugar con la oposición del supervisor.
Del mismo modo hace referencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que podría haber impedido la salida a Bolsa, si bien consideró que la información suministrada, además de que respondía a la fidelidad, era "adecuada y suficiente".
