VALENCIA. La Concejalía de Circulación y Transporte de Valencia prorrogó el pasado 20 de mayo, a cuatro días de las elecciones autonómicas y municipales, la autorización de la empresa Viajes Transvia Tours para continuar explotando hasta 2019 el bus turístico en la ciudad, un servicio por el que el Ayuntamiento no recibe ningún tipo de compensación económica.
El director general de esta compañía, Urbano Catalán Lorente, está siendo investigado junto al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, como presunto autor de un delito de cohecho relacionado con un contrato del Ayuntamiento. Viajes Transvia explota el servicio bajo la marca Valencia Bus Turístic desde 1999 en virtud de una autorización otorgada "a dedo" según denunció este miércoles el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.
La autorización se ha ido renovando sucesivamente desde entonces sin concurso público. Transvía Tours, que en 2014 facturó 36,3 millones de euros y que pertenece a un grupo con negocios de transporte, turismo o restauración, explotó el servicio en solitario hasta 2012.
Desde ese año, la firma sevillana Viajes Privilege también opera el servicio y, del mismo modo que a Transvia, se le renovó la autorización para seguir haciéndolo hasta 2019 en la víspera de las pasadas elecciones municipales. Como en el caso de Transvia, sin compensar al Ayuntamiento, ni siquiera por las tasas por ocupación del espacio público en las paradas que efectúa.
El concejal de Movilidad anunció este miércoles que el Ayuntamiento ha encargado un informe jurídico para explorar las posibilidades de revocar esa autorización sin tener que compensar a las empresas, que podrían reclamar al Consistorio por el lucro cesante de los años de vigencia del permiso.
La intención, según detalló Grezzi, es adjudicar este servicio mediante un proceso abierto y competitivo.
El concejal de movilidad repasó las condiciones en las que se presta este servicio en otras capitales en las que sí hay compensaciones para las arcas municipales. Por ejemplo, la UTE responsable en Madrid abona anualmente 3 millones de euros más un porcentaje variable de hasta el 6%, mientras que el ayuntamiento de Toledo ingresa un mínimo de 166.000 euros por el mismo concepto, según los datos que ofreció el concejal.
En función de esas cantidades, el concejal de Movilidad calcula que el Ayuntamiento podría haber ingresado 500.000 euros al año en concepto de canon, por lo que la suma total para los años de vigencia de la autorización alcanzaría los 7 millones.
Grezzi lamentó este "regalo a dedo" que el Ayuntamiento ha ido renovando desde que en 1999 Urbano Catalán se dirigió al Consistorio para ofrecerse a prestar el servicio. Desde entonces, siempre con Rita Barberá como alcaldesa, la empresa investigada por un presunto caso de cohecho, se ha beneficiado de las autorizaciones concedidas por Jorge Bellver, Alfonso Novo y Alberto Menzoza, que firma la última renovación.
Aunque la "prioridad" del Ayuntamiento es tratar de "dejar sin efecto" el contrato, el concejal de Movilidad no descarta comenzar a cobrar a las dos empresas una tasa por el uso de las paradas, una opción que se introdujo en las resoluciones más recientes pero que el gobierno local del PP no ejerció.
Entre las condiciones recogidas en el acuerdo de resolución, el Ayuntamiento fija que el precio del billete ha de ser "siempre superior en un 30% a la tarifa establecida por el servicio regular de viajeros de uso general. El precio del Bus Turístic que explota Transvia es de 17 euros por un periodo de 24 horas.
Por su parte, el concejal del PP Alberto Mendoza respondió posteriormente a Grezzi que las empresas Viajes Transvia y Viajes Privilege no han abonado una tasa por el servicio de bus turístico porque, según los técnicos del consistorio, es "complejo establecer los tiempos que utilizan los autobuses para sus paradas".
Según el concejal popular, cualquier otra empresa del sector podía haber solicitado la misma autorización "con los mismos derechos y garantías legales" que Viajes Transvía, cuyos autobuses son de color rojo, y la sevillana Viajes Privilege, con autobuses de color verde.
Sobre el motivo por el que la última prórroga, firmada por él mismo, se aprobase a sólo cuatro días de las elecciones, Mendoza declaró que fue así por una "cuestión procedimental".
