Barcelona ingresa 6,2 millones de la empresa que explota el bus turístico mientras Valencia 'regala' el suyo

VALENCIA. El Ayuntamiento de Barcelona ingresa 6,2 millones de euros en concepto de canon por la explotación del servicio de bus turístico por parte de las empresas Trapsa, Moventis i Grupo Julià, unidas bajo la marca Barcelona City Tour. Esta iniciativa de carácter privado entró en funcionamiento en 2008 para competir con el Bus Turístic, el servicio público oficial promovido por TMB y Turisme de Barcelona desde 1987.

Esta situación contrasta con la que se produce en Valencia, cuyo ayuntamiento no obtiene ningún ingreso por parte de las dos empresas privadas que explotan el servicio, que ni siquiera pagan tasas por el uso del espacio público en las paradas. Una de ellas, Valencia Bus Turístic, lleva en funcionamiento desde 1999 en virtud de una autorización otorgada sin concurso público.

Esta empresa pertenece al grupo Transvia, uno de cuyos directivos está siendo investigado por un presunto delito de cohecho junto al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por un asunto relacionado con un contrato municipal. 

Los actuales responsables del consistorio valenciano acaban de encargar un estudio jurídico para explorar las posibilidades de revocar esa autorización sin indemnizar a las empresas beneficiarias.

La empresa sevillana Privilege Tours compite con Valencia Bus Turístic desde 2012, pero tampoco paga nada al Ayuntamiento de Valencia. Los anteriores responsables municipales renovaron la autorización de las dos empresas a apenas cuatro días de las últimas elecciones locales.

Según el concejal de Movilidad de Valencia, Giuseppe Grezzi, el Ayuntamiento de Valencia podría haber ingresado al menos medio millón de euros al año a cambio de la autorización para explotar el negocio.

El cálculo surge de la situación que se da en otras ciudades. Por ejemplo, la UTE responsable en Madrid abona 3 millones de euros cada año más un porcentaje variable de hasta el 6%, mientras que el ayuntamiento de Toledo ingresa un mínimo de 166.000 euros por el mismo concepto, según los datos que ofreció el concejal. Córdoba, que también ha sacado a concurso la autorización, recibió ofertas de hasta 201.000 euros.