MADRID (EFE). El BCE examinó la posible financiación a clientes del Popular para acudir a la ampliación de capital de 2016, después de que diversas informaciones sugirieran tal posibilidad, y sí detectó una serie de operaciones, pero de una cuantía -51 millones- "irrelevante" y no representativa. La ampliación de capital acometida por el Banco Popular en junio de 2016, con la que obtuvo 2.500 millones de euros, constituye el eje de una de las piezas separadas que investiga la Audiencia Nacional, y en el marco de la cual el juez José Luis Calama ha pedido esta semana al Santander diversa documentación.
Un equipo de supervisión o JST (joint supervisory team) del Banco Central Europeo (BCE) decidió revisar una muestra de suscriptores durante el mes de agosto, con el objetivo de averiguar si el capital emitido había sido colocado entre los clientes del banco, y si su importe había sido deducido de las ratios de capital del banco. La revisión se centró en la parte correspondiente a las acciones depositadas en el Popular (1.363 millones de esos 2.500), equivalentes a un 54 % del importe total de la ampliación; de ese importe, 612 millones correspondían a suscriptores que también eran clientes del banco, y que habían incrementado sus niveles de endeudamiento en los tres meses previos a la ampliación.
Sin embargo, en aquella fecha aún no se había planteado la ampliación de capital, una operación que se conoció apenas un mes antes de su lanzamiento. De ahí se seleccionaron 186 suscriptores, con un total de 87 millones de euros suscritos, una vez realizada una segmentación de los clientes de acuerdo con el número de acciones suscritas, y se identificaron 58 millones de financiación directa para la compra de acciones, lo que supone un 66 % de la muestra revisada.
En su mayor parte se trataba de operaciones con empresas cuyo objetivo era la financiación de capital circulante, si bien los técnicos del BCE constataron, al revisar los movimientos de las cuentas de los clientes, que el propósito de los préstamos era la financiación de la compra de derechos de suscripción y acciones, en muchos casos por el importe exacto. No obstante, después de que algunos prestatarios vendieran sus acciones pocos días después de la ampliación de capital, el importe final pasó de 58 a 51 millones de euros.
Dicha cantidad "no parece ser significativa en términos cuantitativos, y no es representativa para cuestionar por si mismo la ampliación de capital", indican los técnicos. Los expertos concluyeron que para establecer si efectivamente hubo una financiación "generalizada" de la adquisición de acciones seria necesario revisar un número de expedientes que cubriesen la mayoría de los clientes que recibieron financiación por esos 612 millones de euros.
