VALÈNCIA. El pasado mes de julio, Les Corts Valencianes eligieron con los votos favorables de PP y Vox a Eduardo Beut como nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude en sustitución de Joan Llinares, cuyo mandato había finalizado dos meses antes. Desde entonces, el máximo responsable del órgano fiscalizador que lucha contra el fraude y la corrupción ha procurado borrar la huella de su predecesor en el cargo y dejar la suya en cuestiones especialmente relevantes.
Si hace unas semanas decidió suprimir el código ético -y comité de ética- que tenía la Agencia con la excusa de acogerse al que estaba elaborando Les Corts -documento que el Parlamento por otra parte dice que no está redactando ni piensa impulsar- y que velaba por el cumplimiento de unas mínimas normas internas de buen gobierno, ahora son las resoluciones de investigación las que se verán afectadas. Tanto en contenido, como en la publicidad que se le dará a las mismas, que será prácticamente nula.
El nuevo director de Antifraude firmó una instrucción el pasado 11 de noviembre, apenas unos días después de la Dana del 29 de octubre que arrasó municipios de la provincia de Valencia, que regula la publicación de las resoluciones en el portal de transparencia del órgano para, en resumen, limitar la transparencia que se le da a las mismas.
En esta circular dirigida a los trabajadores, Beut expone que en la ley de creación de la Agencia figuran "numerosas lagunas jurídicas que dificultan la aplicación práctica diaria de los preceptos". "La enorme repercusión mediática que se ha provocado con la publicación realizada de esta manera sugiere que se estudie la manera de continuar con la publicación de dicha información sin afectar de una manera tan gravosa a los derechos de las personas afectadas por el contenido de dichas resoluciones", justifica la instrucción.
Así, los funcionarios de Antifraude deberán reducir notablemente los informes finales de investigación, así como la publicación que hagan de los mismos. Para concretar la información que se publica y la que no, el propio Beut ha facilitado a los empleados una ficha que simplemente deberán rellenar con los datos más esenciales, pero sin profundizar ni en la administración demandada, ni incorporar las alegaciones de los afectados por las pesquisas, ni las conclusiones o propuestas de sanción a los investigados.
De hecho, ya este lunes el organismo hizo públicas en torno a una veintena de resoluciones en las que que ya adopta este nuevo formato de publicación. Expedientes en los que no solo la extensión se ha visto afectada -con Llinares en el cargo, eran de decenas de folios y, ahora, la más extensa es de dos páginas-, sino también la especificidad de la causa que se ha investigado. No se incluye qué administración es la infractora; solo se incluye el motivo de la denuncia, por lo que tampoco es posible acceder a la magnitud de la infracción que se ha cometido.