VALENCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha pedido a Función Pública alrededor de 1.000 nuevas plazas de empleo público para suplir la falta de personal que han encontrado a su llegada, además de querer equiparar su presupuesto con Sanidad y Educación con el fin de poder ofrecer servicios sociales universales, no solo a las personas en riesgo de exclusión. Y es que, mientras que el presupuesto de Educación pasa de los 4.000 millones y el de Sanidad roza los 6.000, el de Políticas Inclusivas no llega a los 1.000 millones.
Su primer desahogo ha sido ley de presupuestos del pacto del Botánico, que permite una tasa de reposición superior a la de otras leyes anteriores -pueden convocar más plazas para suplir a la gente que se jubila que años anteriores- y además, servicios sociales se incluye dentro de las categorías prioritarias que les permite sacar más plazas que el total de las vacantes.
Según explica el subsecretario autonómico de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero, en la Oferta Pública de Empleo de 2016 que va realizar el Consell han pedido a Función Pública que en las categorías laborales estrictamente sociales se convoquen entre el 75 y el 100% de las vacantes. Concretamente 526 nuevas plazas.
A esto, suman las necesidades que han detectado tras hacer un estudio de las direcciones generales y según el cual necesitarían aún más personal. Se trataría de tener unos nueve millones más de presupuesto, lo que supondría convocar 438 plazas más.
Estas dos propuestas las han realizado por escrito, pero en algunas reuniones ya han trasladado a Hacienda la necesidad de una nueva política de personal de la Generalitat a nivel global que deje atrás la austeridad y que se más racional. Entre las quejas están que las jubilaciones no se están cubriendo, cuando ya se cuenta con la nómina como gasto en el próximo mes. "No tiene sentido que al mes siguiente no llames a ningún interino de la bolsa, a pesar de que también te vas a ahorrar los trienios de los que se jubilan", recalca.
Gamero apunta que la situación del personal que se encontró el Gobierno del Botánico, heredada del antiguo Consell, era bastante deficiente. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con el ratio de funcionarios por habitante más bajas. Según datos del ministerio del año 2014, solo está por detrás de Cataluña. "Esto acaba repercutiendo en la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en materia social por la falta de inversión", lamenta.
Esta situación se produce por la política de los últimos años de no convocar oposiciones o de hacerlas con muy pocas plazas. "Durante estos 20 años se han ido creando nuevos servicios y recursos como la renta garantizada o la dependencia y había los mismos funcionarios para más funciones", insiste. Esto, entre otras causas, ha generado un tapón de miles de expedientes que llega incluso a la expedición del carnet de familia numerosa.
Otro de los casos extremos se ha producido en menores, donde la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, apunta a una situación palmaria de falta de personal que dificulta ofrecer el servicio con las garantías que requiere. Pone de ejemplo la unidad técnica de tutelas, donde se lleva todo lo relativo a las personas que tiene tuteladas la Generalitat. "La situación es alarmante". Y es que las personas incapacitadas, sin familiares, acaba tutelándolos la Generalitat, convirtiéndose en su padre y en su madre a todos los niveles, desde atenderlos, a gestionarles sus ingresos, si tienen alguna prestación e incluso herencias.
"La dirección territorial de Valencia, Alicante y Castellón va a notarías a firmar actos que se refieren a estas personas", destaca Gamero y explica que como muchos familiares lejanos detectaron que si el Estado se hacía cargo de ellas tenían la ayuda y estaban atendidos, así que pedían la incapacidad y ahora la Generalitat tiene unos 4.000 tutelados.
"Esto implica una dejación de funciones del PP porque no ha creado una red de servicios para las familias, que se ven obligadas a instar a la incapacidad y ceder la tutela de sus hijos. Y además de entrar en un circuito perverso, cuando te adjudican la tutela tienes una unidad técnica sin personal para atenderlos y esto produce el abandono", asegura Casas. De hecho, han creado un servicio de coordinación socio sanitaria de tutelas que no existía, como un primer paso para demostrar que quieren ayudarles. No obstante, se han propuesto el diseño de un nuevo plan para hacer un nuevo modelo de gestión de tutelas, además de la petición de personal.
"Hasta el momento esto se había resuelto a base de proveedores con contrataciones externas, cesión ilegal de trabajadores o falsos autónomos", asegura. "Toda una serie de mecanismos para no subir el personal que hacían que la contratación de trabajadores que acababan siendo financiados con fondos públicos no cumplieran los principios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad que son los que deberían regir", insiste Gamero.
Por ejemplo, Dependencia no tiene la estructura necesaria por lo que se ha ido cubriendo con contrataciones y encomiendas. "No se ha entendido que era una nueva responsabilidad de la administración y se ha hecho todo a través del capítulo de proveedores", denuncia Casas. "Es muy bonito crear derechos universales sin dotarlos de financiación ni de personal, que es con lo que nos encontramos". Ve el problema en que el PP concibió Bienestar Social como atención a la exclusión social, algo en lo que la actual dirección difiere.
"Los servicios de Bienestar Social son para la comunidad, independientemente de si tienes o no dinero", concreta. "A nuestro hijos les damos educación pública independientemente de la renta que tenga la familia , y lo mismo ocurre en Sanidad. Una persona mayor debe tener derecho a una serie de servicios, a un centro de día, a un centro residencial, a un servicio de atención a domicilio para permanecer en su entorno, pero no son servicios que deban depender de si estás en exclusión o no, son derechos universales que deben estar garantizados".
La cuestión es que la inversión actual en Educación y Sanidad no difiere tanto de la media del Estado como sí ocurre con los servicios sociales. A esto se suma que la tasa de envejecimiento del personal es muy alta porque la mayoría entraron en los años 80, y muchos tienen que realizar trabajos con un gran desgaste físico al ser de atención a tercera edad y a menores. "Queremos que el capítulo de personal deje de ser un tabú como lo era con el Partido Popular", asegura.
Cuando llegaron realizaron varias modificaciones crédito a favor de la renta básica y a la dependencia para que se pudiera resolver más rápidamente, restándole a partidas que sabían que no se iban a gastar. En los presupuestos de 2016 consiguieron que la conselleria subiera un 16,30% el presupuesto, sobre todo en estas partidas más sensibles, pero entienden que no es suficiente para la cobertura de los servicios sociales como derecho universal.
A la propuesta de mayor cantidad personal también se ha sumado la petición de que sus direcciones territoriales sean consideradas centros de atención directa, igual que las residencias o centro de menores. Esto implica que en el caso de bajas, sea posible cubrirlas con la bolsa de interinos que hay. "En las territoriales si se pone alguien enfermo, no tenemos posibilidad de sustituirlo. Y nuestras direcciones territoriales no son como departamentos administrativos burocráticos, sino que atienden a personas", apunta Gamero.
