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Blasco, condenado a ocho años de inhabilitación por el amaño de los contratos de informática

20/12/2021 - 

VALÈNCIA. (EFE) El exconseller Rafael Blasco ha sido condenado a una pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público -que ya no ocupa- como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de fraude a la Administración en el marco de la quinta pieza del caso Cooperación, por el amaño de contratos informáticos.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el exconseller del PP, que se negó a alcanzar ningún acuerdo con la Fiscalía, al contrario que el resto de procesados en esta causa, ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y fraude a la Administración.

El exresponsable de los servicios de Informática de la extinta Conselleria de Solidaridad, Javier Murcia, ha sido considerado responsable de un delito continuado de prevaricación, con la atenuante analógica muy cualificada de confesión, y condenado a la pena de 2 años, 1 mes y 15 días de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo.

La ex secretaria general de esa Conselleria, Tina Sanjuán, ha sido considerada responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de fraude a la Administración, con la misma atenuante, y ha sido condenada a idéntica pena.

El empresario Augusto César Tauroni ha sido considerado responsable criminalmente en concepto de cooperador necesario, y condenado igualmente, tras la confesión, a 2 años, 1 mes y 15 días de inhabilitación especial.

En este proceso, el Ministerio Público pidió inicialmente dos años y ocho meses de cárcel para Blasco -además de una multa de 400.000 euros- por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros.

Los contratos por servicios informáticos que se juzgan ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

La sentencia considera probado que Blasco "ordenó a Sanjuán que hicieran lo que fuera necesario para que las empresas de Tauroni llevaran a cabo servicios de informática que la Conselleria necesitaba, sabiendo que las mismas carecían de los requisitos legales necesarios para licitar en la contratación pública".

"Para tal fin -continúa la sentencia- Sanjuán informó de ello a Javier Murcia, y ambos acordaron, con anuencia de Tauroni que se llevaría a cabo una simulación de concurso de empresas que reunieran las exigencias legales para ser contratadas por la Administración Pública, conociendo de antemano cuál de ellas iba la adjudicataria, así como que ésta ya tendría subrogados los servicios a ejecutar a fecha de la aceptación de la contratación".

De este modo se elaboró "una serie de expedientes administrativos que dieron forma a la estrategia ideada, simulando la participación de grandes empresas, incluso con invitaciones pactadas previamente por los acusados emitidas por la citada Consellería, los pliegos de condiciones, informes oficiales, etcétera".

El Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuan, a la misma pena de seis años.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.

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