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Bloques Portuarios: cómo realojar a toda una comunidad

25/11/2018 - 

VALÈNCIA. No es una cuestión menor. De hecho, es el debate que ahora mismo está conformándose alrededor de los Bloques Portuarios del Cabanyal: más allá de cuestiones técnicas, qué solución habitacional se le da a las más de 90 famílias que habitan las doce escaleras del complejo. Aunque todavía hay que decidir si reedificar, rehabilitar -ambas propuestas por las instituciones que gobierna el PSPV-, o hacer obras mínimas para alargar la vida útil -por lo que aboga València en Comú-, lo cierto es que lo que quieren saber en el vecindario es qué va a ocurrir con ellos.

Desde las administraciones únicamente hay una propuesta sobre la mesa, que se aplicaría en el caso de reedificación. Aunque esta idea inicialmente pasaba por realojar a los vecinos en viviendas vacías cercanas para volver a ubicarlos cuando estuviera listo el nuevo edificio, finalmente no sería así. El planteamiento que ha trasladado el edil de Urbanismo, el socialista Vicent Sarrià, a los propietarios privados de los Bloques es construir nuevas fincas en un terreno cercano, y cuando estuviera finalizado, trasladar a los propietarios allí.

De un edificio, a otro. Un traslado limpio que evitaría el impás de tener que ubicar temporalmente a todas las familias que allí residen. Es uno de los factores que ven con buenos ojos los residentes, pero advierten: quieren una tasación justa de sus casas y que la administración compre o expropie "a precio justo" los inmuebles de los propietarios a los que no les interese entrar en el nuevo edificio.

Sin embargo, este lunes Ayuntamiento y Generalitat se reunirán para avanzar en la decisión final. Desde el área de Vivienda, dirigida por María Oliver (València en Comú), abogan por una rehabilitación parcial, con un coste total de 2 millones de euros. Los técnicos de dicha delegación, tal y como publicaba este diario, consideran que la rehabilitación planteada por los socialistas en base a un informe del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), que ascendería a más de 14 millones de euros, incluye obras accesorias e innecesarias.

Si se tuviera que trasladar a la comunidad a viviendas cercanas, lo cierto es que no existe una propuesta al respecto. Al menos no se conoce. Desde el área de Vivienda explican que en 2019 se generarán unas 40 viviendas rehabilitadas en la 'zona cero' del Cabanyal. Sin embargo, todavía no se sabe a qué se van a destinar. "Eso tendrá que pasar por la mesa de coordinación de Vivienda, donde se decidirá el destino de esas viviendas", cuentan en el departamento de Oliver. "Otra cosa", dicen, sería ver con cuántas propiedades cuenta la Generalitat Valenciana en el caso de que hubiera que realojar a las familias.

Lo único claro que hay es que, de darse esta situación, el realojo se tendría que hacer en inmuebles cercanos al Bloque. En Vivienda argumentan que las familias de los Bloques "son una comunidad y tienen arraigo en el barrio". En este sentido, sería traumático el cambio de barrio, de escuela, de comunidad. Hay informes educativos que apuntan que el absentismo escolar de estas fincas no es mayor que en el resto de la ciudad.

La reedificación, más cerca que la rehabilitación

"El tema de la rehabilitación integral es la opción de la que menos se está hablando", explica Diego, uno de los afectados, porque "está descartado de antemano". El coste de estas actuaciones se harían "inasumibles" para la comunidad. Fundamentalmente porque las ayudas destinadas a estas rehabilitaciones sólo cubren una parte. Por ello, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, trasladó a los propietarios que "las ayudas previstas para la construcción de un nuevo inmueble son más ventajosas que para la rehabilitación integral".

Según los cálculos realizados por los técnicos de la Generalitat estas ayudas podrían llegar a ser, como mínimo, de un 65% de los costes de ejecución, a los que se podrían añadir otras ayudas subjetivas, atendiendo a las circunstancias personales de cada vecino, que pueden llegar al 35% del presupuesto, por lo que, en algunos de los casos, se podría alcanzar al 100% de subvención. Desde el Ministerio de Fomento, pueden llegar 30.000 euros por vivienda; desde la Generalitat, un 20%; y desde el consistorio, un 5%.

En este planteaminento, cada vecino tendría que hacerse cargo de unos 370€ por metro cuadrado de inmueble, sin tener en cuenta las ayudas subjetivas. Pero si se optara por la rehabilitación, el bolsillo de cada propietario debería enfrentarse a 900€ por metro cuadrado, pues las ayudas del ministerio no podrían superar los 12.000 euros por vivienda.

Una nueva comunidad de propietarios

Por lo pronto, los propietarios y propietarias ya han empezado la andadura para constituirse como única comunidad. "De los 12 patios, hay algunas comunidades que ya funcionaban", explica Diego. Pero lo trascendental es caminar hacia una sola, porque las soluciones a la degradación pasarán, ineludiblemente, por un debate conunto, transversal. Especialmente para los asuntos más urgentes.

"Tenemos cartas de disciplina urbanística para arreglar las cubiertas, y mejor hacerlo nosotros antes que dejar que lo haga el Ayuntamiento y nos pase la factura", argumenta. Y es que, de no ser así, el coste para los propietarios sería mucho mayor, y los tiempos con los que trabajarían estarían marcados por la administración. Prefieren ir a su ritmo. Otra de las razones, aclara, es poder negociar "formalmente" con las instituciones, pese a que ya se han producido múltiples encuentros entre propietarios y Ayuntamiento. "Nos da más fuerza y en muchos sentidos es conveniente".

También es una forma de controlar quién va a las reuniones. Aunque ya existe una plataforma informal, esta nueva comunidad servirá para cerciorarse de que los asistentes son los verdaderos propietarios. Han tenido que presentar las escrituras de los inmuebles. En ese sentido, aunque la plataforma, que también controla la cuenta de Twitter, seguirá funcionando al margen. "Ambas son herramientas útiles", aclara.

Así pues, la pasada semana se aprobó por unanimidad en una reunión a la que asistieron cerca de 40 propietarios, incluidos el consistorio -propietario de siete pisos-, la Generalitat Valenciana -que ostenta 36- y la sociedad Plan Cabanyal -con 34 viviendas-. En total, estuvieron representados más de 115 votos particulares.

Sin embargo, esto plantea algunas dudas. Si la administración ostenta la mayoría en la comunidad, podría imponer su voluntad a la del resto de propietarios. Pero no podría darse, según explica Diego, dado que en la legislación existe un supuesto pensado para estos casos: la doble mayoría. "Para que no imponen su voluntad, la doble mayoría cuenta primero el número de viviendas, y por otra parte el número de propietarios". Así pues, aunque las instituciones representaran a 77 viviendas, esta herramienta, en segunda votación, les daría únicamente tres votos.

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