VALENCIA. La situación de la Marina Real va a peor. Tras el embargo por parte de un juez del alquiler que pagan Edem y Lanzadera, ahora el Gobierno ha bloqueado de momento los contratos de limpieza y seguridad de la dársena, que seguirán sin licitarse después de que solo dos de los cinco miembros que tiene el Gobierno central en el Consorcio Valencia 2007 que gestiona la marina hayan votado hoy en la reunión virtual del Consejo Rector.
El Ayuntamiento y la Generalitat han efectuado su votación en la consulta telemática, al contrario que tres de los cinco que debían hacerlo por parte de la otra representada, el Gobierno central. Las dos votaciones que se han hecho efectivas desde el Ejecutivo central han sido abstenciones y el Ayuntamiento señaló que en una de ellas, la del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la hizo su asesor en vez de él.
La cuestión es que estos contratos no tienen prórroga posible y el de seguridad termina el 5 de mayo mientras que el de limpieza acaba en octubre. En el caso de no aprobarse la adjudicación a una nueva empresa por parte de todas las administraciones, no podrían obtener el servicio ya que todos los contratos superiores a 60.000 euros deben obtener la aprobación el consorcio. Las licitaciones eran de dos contratos de 972.400 y 726.000 euros respectivamente que están incluidas en los presupuestos.
Este martes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, aseguraba que estas decisiones que está adoptando el Estado con respecto a la Marina Real, justificadas por la interinidad del Gobierno, "rozan la prevaricación". Mientras, el Ministerio de Hacienda recordó que el Consorcio Valencia 2007 está "endeudado con el Estado por contribuciones pendientes" del Ayuntamiento y la Generalitat por lo que ha instado a estas dos instituciones a "dar viabilidad financiera" si quieren que se siga contratando. Una deuda millonaria que es inviable pagar.
"El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas primero trató primero de sabotear la celebración de la reunión extraordinaria del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, pero finalmente esta reunión se ha celebrado hoy, teniendo como únicos puntos a tratar la autorización para la contratación de estos servicios, que finalizan en los próximos meses sin posibilidad alguna de prórroga", explicó Soler.
"El señor Beteta, escudándose en la interinidad del Gobierno, pretende dejar sin vigilancia ni mantenimiento estos espacios, tan esenciales y significativos para esta ciudad", ha añadido, y ha manifestado que el Gobierno central, "y más directamente la secretaría autonómica de Administraciones Públicas, tendrá que responsabilizarse de lo que pueda ocurrir al suprimir de manera totalmente arbitraria estos servicios".
"¿Por qué entonces esté boicot? Sinceramente, cuesta entenderlo", se ha preguntado Soler, quien entiende que "la única explicación que podemos encontrar es el afán por boicotear, ningunear e ignorar de forma repetida a esta comunidad". Además, ha insistido en que la actividad del Ejecutivo central "ha sido evidente" en los últimos meses, ya que "el Consejo de Ministros se ha seguido reuniendo con periodicidad semanal, se han hecho públicos sus acuerdos, y en el propio Boletín Oficial del Estado (BOE) se pueden consultar".
En este periodo de "interinidad", el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "ha aprobado decenas de resoluciones sobre la contratación de servicios y suministros", apuntó. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, también consideró, "de extrema gravedad, la excusa de interinidad" del Ejecutivo central "para no acudir a un tema de éstos", teniendo en cuenta que "es el tema del mantenimiento y de la seguridad del Consorcio, sin lo cual no se podrá funcionar".
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