VALÈNCIA. Controversia en torno a dos bolsas de funcionarios del Ayuntamiento de València. Compromís ha impugnado las bases para la constitución de dos bolsas de trabajo temporal aprobadas por el gobierno municipal, referentes a las categorías de médico e informático, por incumplir la normativa vigente en materia de provisión de lugares de trabajo de manera provisional al no incluir una prueba de conocimiento, y por contar unos méritos por la experiencia laboral desproporcionados.
Las bolsas de marras, cuya convocatoria aprobó el ejecutivo local el pasado 9 de febrero, son las primeras aprobadas por el gobierno municipal, que encabeza María José Català y cuya edil de Recursos Humanos es Julia Climent, y tienen carácter urgente por la inminente jubilación de algunos funcionarios médicos del servicio de salud laboral, así como por la necesidad de reforzar el cuerpo de informáticos para aumentar el control sobre la plataforma SAP, con la que se gestiona el área financiera y presupuestaria del Ayuntamiento.
Así pues, el acceso a ambas bolsas se realiza sólo mediante un concurso de méritos, donde se valora con hasta 12 puntos la antigüedad en la categoría que se convoca, hasta 13,50 puntos en cursos de formación y hasta 6 puntos la experiencia profesional en el sector privado en la categoría en cuestión. Un sistema de baremación de méritos que permite el reglamento autonómico sobre esta cuestión, aprobado en 2017, según el cual pueden constituirse estas bolsas "a través de pruebas selectivas o por el sistema de baremación de méritos y experiencia".
Con todo, el recurso suscrito por el edil de Compromís, Ferran Puchades, critica que no se haya atendido la ley de función pública valenciana, de 2021, según la cual la selección de interinos debe hacerse "mediante procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad" y con bolsas a las que accedan quienes "hayan aprobado al menos alguna de las pruebas del proceso selectivo". Y si se utilizan otras vías de acceso, establece que "siempre que se exija superar alguna prueba de conocimiento".
En todo caso, insiste el recurso, si se atiende a la normativa de 2017, habría que acudir a la orden que desarrolla la regulación sobre las bolsas de trabajo temporal, de 2018, que obliga a que el cese de los aspirantes seleccionados "no implicará su integración en las bolsas derivadas de procesos selectivos". Extremos que "no se han fijado de manera expresa en la convocatoria".
Pero además, la regulación anterior a la ley valenciana de función pública también establece que en los méritos a valorar, "en ningún caso" la valoración de la experiencia puede resultar "desproporcionada". Y en este caso, el regidor de Compromís señala que "la suma de la experiencia en la administración y la empresa privada son un 57% de la puntuación que se puede alcanzar".
Como las bolsas permiten dos vías de nombramiento -por mejora de ocupación y por interinidad-, el recurso señala que respecto a la primera, es "incongruente" que únicamente se valore el tiempo trabajado en la categoría que se convoca, "limitando el acceso a la puntuación a los empleados públicos de otras categorías que cumplan con el requisito de la titulación exigida".
Asimismo, critica que "sólo se puntúan una determinada tipología de cursos de formación que actualmente no se ofertan por entidades oficiales de formación para empleados públicos" y que la "restricción de la tipología de cursos susceptibles de valoración no se ha justificado ni motivado" y "podría suponer una limitación en el derecho del acceso a la convocatoria".
Y el recurso añade por último, "pero no menos importante", que la convocatoria ha obviado "la valoración del conocimiento del valenciano de manera absoluta". "En un territorio con dos lenguas oficiales en igualdad de grado y en una administración que ha declarado el valenciano como lengua de uso propio, resulta un atentado que no tiene otra motivación que el menosprecio expreso por el valenciano", indica, para añadir que "desde hace décadas, con gobiernos de todos los colores políticos, el valenciano es considerado al menos como mérito en cualquier convocatoria para el acceso al empleo público, ya sea como funcionario de carrera o para nombramientos temporales". Según Puchades, es "un hecho inédito que no ocurría ni durante el gobierno de Rita Barberà".