VALÈNCIA. El Partido Popular que lidera Pablo Casado se enfrenta a un dilema de compleja resolución en las próximas semanas: acometer procesos orgánicos que tiene pendientes en diversos territorios o centrarse en la labor inmediata de oposición frente al recién estrenado gobierno de Pedro Sánchez, que da sus primeros pasos de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Una de las regiones afectadas por esta situación es la Comunitat Valenciana, donde sus dos provincias más pobladas, Valencia y Alicante, poseen direcciones provisionales. El caso más sangrante es el primero de ellos, donde el partido está controlado por una Comisión Gestora desde junio de 2017, cuando Génova decidió evitar la batalla entre Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles en un congreso imponiendo este órgano presidido entonces por el diputado Rubén Moreno.
Tras el Congreso Extraordinario del PP en el que salió triunfante Pablo Casado, se sustituyó al citado presidente de la Gestora -afín a Isabel Bonig- por Juan Ramón Adsuara, que había apoyado al nuevo líder en las primarias. No obstante, sigue sin convocarse -y ya van dos años y medio- un congreso para que los militantes se pronuncien y elijan a la nueva cúpula.
Un período que podría alargarse. Según el diario Las Provincias, Génova no ve ninguna razón para abordar estos procesos ahora, lo que metería en el congelador la renovación de Alicante y Valencia. En este sentido, fuentes de la dirección regional del PPCV dan por buena esta postura asegurando que lo prioritario es "hacer oposición".
Curiosamente, el interés de Bonig y su entorno por la celebración de estos congresos parece haberse diluido en las últimas semanas. "Creo que es verdad que la situación de Valencia necesita una solución porque es una provincia fundamental y llevamos mucho tiempo con una estructura provisional", comentaba la líder del PPCV en una entrevista concedida a Valencia Plaza en el mes de noviembre, donde puntualizaba, eso sí, que la decisión sobre el calendario estaría consensuada con Madrid.
Una urgencia que, al parecer, ahora ya no es tal. De no acometerse estos procesos ahora y supeditarlo al calendario estatal y regional, las direcciones provisionales podrían prolongarse hasta 2021, lo que certificaría cuatro años de cúpula descabezada en la provincia de Valencia. Un hecho que agravaría la situación de malestar que ya se vive en muchas comarcas del partido por la permanente situación de interinidad de la formación popular en esta demarcación.
Sobre esto, fuentes próximas a Bonig insisten en que la comunicación de la líder del PPCV con Casado es constante y defienden la opción de centrarse en la tarea de oposición. En este sentido, consideran que los problemas orgánicos y de renovación van más allá de Valencia y Alicante, dado que existen otros territorios donde también se precisan cónclaves. Así pues, la dirección regional asume la tesis -o supuesta tesis- de Madrid respecto al aplazamiento de estos cónclaves. Por otro lado, las fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por este diario insistieron en que esta cuestión "no está todavía decidida".
Por otro lado, mantener la provisionalidad de la dirección provincial afectaría probablemente también a los procesos municipales. El PP en la ciudad de València también se encuentra bajo el mando de una gestora desde 2016 que primero lideró Luis Santamaría y ahora ostenta María José Catalá. Unos datos que evidencian cómo la formación popular se encuentra parcialmente en obras desde hace casi cuatro años, por lo que la idea de que este periodo se prorrogue empieza a causar un fuerte estupor en parte de la militancia y cuadros intermedios.