La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, prepara dos nombramientos en el consistorio. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La ciudad de València se ha convertido en un complejo problema de difícil resolución para el PPCV que lidera Isabel Bonig. Tras perder la vara de mando del consistorio en 2015, arreció el problema desatado con el caso Taula y el presunto blanqueo de capitales dentro del grupo municipal. Una causa conllevó que nueve de los diez concejales actuales estén investigados, así como el grueso de los asesores del grupo municipal.
La resistencia de los imputados a dejar su acta pese a la orden directa de Bonig y la inacción de Génova en este asunto han llevado al PPCV a un punto muerto en el Cap i Casal, una plaza fundamental para las elecciones de 2019 y donde la formación popular podría tener alguna opción, dado que en los pasados comicios se quedó a solo un concejal de poder mantener la Alcaldía si hubiera existido un pacto con Ciudadanos. Con este escenario, tal y como ha informado Valencia Plaza, el grupo se divide entre ediles que prefieren ser más prudentes y silenciosos ante la delicada situación, y los que optan por reivindicarse pese a la investigación abierta.
Así, a 19 meses de las elecciones municipales y autonómicas, Bonig ha decidido tomar el mando de la estrategia del PP en la ciudad de València. Recuperar la Generalitat pasa por recuperar el Cap i Casal, que representa casi una quinta parte de la población de la Comunitat. Para conseguirlo, tan importante como la elección del cabeza de cartel es la movilización de las bases para despertar a un partido anestesiado por el caso Taula.
La estrategia del PPCV pasa por respaldar al portavoz municipal y único concejal no imputado, Eusebio Monzó, con más intervención de Bonig en los asuntos de la ciudad. La idea es que la lideresa del partido esté presente con asiduidad no solo en los distritos de la capital, sino también a municipios del área metropolitana de València. Para ello, se reforzará el equipo del partido en la ciudad, compuesto por asesores heredados de la etapa anterior, la mayoría de ellos también imputados.
En este sentido, el grupo municipal del PP tiene dos puestos de asesor vacantes, entre ellos el de la ex secretaria del grupo, Mari Carmen García-Fuster, que fue despedida después de ser detenida en la operación Taula. Bonig cubrirá uno de estos puestos con un abogado o economista que refuerce la estrategia y el control sobre la gestión de Joan Ribó, y el otro con un periodista que mejore la política de comunicación del grupo. Para esta tarea fuentes del partido apuntan el nombre de Manuel Conejos, exredactor de Abc con una larga experiencia en información política y actual asesor del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
A medio plazo, Bonig confía en poder reforzar la labor de Monzó con concejales no imputados, aunque esto no está ahora mismo en su mano. La dirección del PPCV espera que más pronto que tarde finalice la instrucción de la pieza del caso Taula relativa al pitufeo –presunta financiación ilegal de la campaña de 2015 mediante aportaciones individuales de 1.000 euros reembolsadas con dinero negro– con la previsible apertura de juicio oral. Si esto es así, dan por seguro que dos o tres de los nueve concejales imputados dejarían el acta inmediatamente, mientras que el resto esperarían al juicio pero fuera del grupo municipal, como no adscritos.
De ser así, los siguientes puestos en la candidatura los ocuparon el exconcejal Vicente Aleixandre –también figura actualmente como investigado en el caso del pitufeo por lo que se entiende que no tomaría el acta–; Carlos Mundina, el único asesor no imputado a día de hoy del grupo municipal; la exedil Ana María Albert, también investigada; el independiente Joaquín Marco, profesor universitario, y el funcionario Juan Giner, quien forma parte de la gestora provincial del PP y se considera próximo a Bonig.
Así pues, si se produjeran dos o tres salidas en el grupo se entiende que estas plazas se repartirían entre Mundina, Marco y Giner. De producirse más bajas, la lista continúa con presidentes de distrito o militantes destacados. Cabe recordar que el puesto 16 de la lista estaba ocupado inicialmente por María José Alcón, también imputada y una de las dirigentes que ha venido siendo esencial en la investigación, si bien en su momento anunció su renuncia a formar parte de la candidatura presentando un escrito a la Junta Electoral de Zona.
En la dirección del PPCV son conscientes de que estas decisiones pueden levantar ampollas en el grupo, aunque desde el entorno de Bonig parecen decididos a realizar este tipo de intervención. Una tarea que ya comenzó el diputado Luis Santamaría como presidente de la gestora y cuya labor, no obstante estará supeditada a la dirección regional. Sobre esto, está prácticamente descartado que se convoque un congreso local, por lo que el parlamentario seguirá al mando de la gestora si bien sus esperanzas de ser candidato a la Alcaldía no parecen contemplarse desde la cúpula que lidera Bonig.
Respecto al cabeza de cartel, la dirección del PPCV tiene poco que decir si el candidato es Esteban González Pons, como se apunta desde Génova. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo dice que no cuando le preguntan pero se deja querer, por lo que necesitará que las encuestas le den opciones claras así como alguna vía de escape en caso de derrota, por ejemplo un ministerio, para no quedar relegado desde su valioso puesto actual a la oposición municipal. El PPCV trabaja con la hipótesis de que González Pons será el candidato, pero también con la contraria, de ahí que Bonig esté sondeando a posibles candidatos con un perfil independiente.
