VALENCIA, (EFE/VP). El comité de derechos y garantías del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha pedido al mismo órgano de la dirección nacional del partido que considere falta grave la actitud de los nueve concejales de Valencia investigados (imputados) por supuesto blanqueo de capitales, que no han abandonado su escaño.
Un informe remitido ayer por el PP valenciano a la dirección nacional pide que se aplique el artículo 13.1 de los estatutos nacionales, en el que se considera falta grave "la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen" de los órganos de gobierno y representación del partido.
La dirección regional propone que, al no haberse cumplido ese punto por parte de los nueve ediles investigados (imputados), que se han negado a dejar el acta, como se les reclamaba, el instructor adopte las medidas que considere necesarias, y que el expediente informativo abierto por la dirección nacional pase a ser disciplinario.
El informe relata los hechos ocurridos desde que el pasado mes de febrero el juez de Valencia que instruye el caso Imelsa abriera una pieza separada por supuesto blanqueo de capitales en el grupo popular municipal, en la que figuran como investigados medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del partido.
Una vez cumplido el plazo fijado por el PPCV en la carta que remitió a los nueve concejales imputados en la que les reclamaba que dejaran el acta al haber mantenido la condición de investigados una vez levantado el secreto de sumario, sin que esa renuncia se haya producido, la dirección regional lo ha comunicado a la nacional para que adopte las medidas oportunas.
Hace unas semanas el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró que apoya todas las decisiones de su president, Isabel Bonig, sobre la investigación interna, "porque el objetivo común es lanzar el mensaje de que si se ha hecho algo mal se va a pagar".
Tras el comité de dirección, el portavoz mantuvo su respaldo a Bonig, que mantiene en suspensión cautelar de militancia a los afectados por el 'caso imelsa', que investiga un supuesto blanqueo de capitales por el PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Isabel Bonig otorgó un plazo de 10 días para que los edilen abandonasen su acta, sin embargo el tiempo se ha agotado y ninguno de ellos ha tomado la decisión de dejar el consistorio. Es más, en su escrito de respuesta a la carta remitida, los ediles defienden su actual postura y se encomiendan a la resolución que pueda adoptarse desde Génova.
Fuentes próximas a los ediles aseguran que algunos de ellos ya han meditado su intención de llevar el caso ante la justicia ordinaria si desde Génova se da un paso adelante en materia disciplinaria.