Si los ediles no dejan el acta, la dirección regional enviará un documento a Madrid para que se incorpore al expediente ahondando en el compromiso roto, a juicio del PPCV, por parte de los concejales
VALENCIA. El PPCV de Isabel Bonig no afloja la presión sobre los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados en el presunto caso de blanqueo de capitales. Por si existía alguna duda, la líder regional reiteró este miércoles su intención de exigir el acta a los ediles y de adoptar medidas en esta línea de encontrarse una negativa por respuesta.
Pese a que desde la dirección nacional del partido se ha mostrado una vehemencia inferior a la exhibida por Bonig, desde la cúpula valenciana no están dispuestos a soltar el bocado. De hecho, así lo evidenció la presidenta del partido en compañía de la coordinadora general regional, Eva Ortiz, en rueda de prensa. Si Madrid no actúa, Valencia irá un paso más adelante y tramitará su propio expediente.
No obstante, no es la única maniobra que se prepara desde la dirección regional. Fuentes del partido apuntaron a este diario que desde la calle Quart ya se elabora un informe para remitir al instructor del caso en la cúpula nacional del PP y que sea adjuntado al actual expediente informativo abierto sobre este asunto si los ediles optan por no dejar el acta.
Cabe recordar que, en función de lo que sea declarado por los afectados además de documentaciones aportadas, desde Génova podría incrementarse la actuación en materia disciplinaria: es decir, la suspensión cautelar de militancia actualmente aplicada podría pasar a la expulsión de los ediles.
El contenido del texto, según las citadas fuentes, estará basado en el supuesto acuerdo alcanzado -negado desde el entorno de los ediles- entre la dirección regional y los concejales para que abandonaran el acta si continuaban investigados. Una circunstancia que podría contemplarse como un acto de indisciplina grave por parte de los implicados frente a la dirección, situación contemplada en los estatutos. Una medida esta de presión para invitar a Madrid a que aplique medidas más severas a los implicados en la causa.
Así, según dejó caer la propia Bonig en rueda de prensa, podría tramitarse por ejemplo, por una falta de desobediencia, que según los estatutos puede llegar a considerarse como falta "muy grave" y cuya consecuencia es la suspensión de militancia y/o inhabilitación para desempeñar cargos en el partido por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años. La dirección regional, según la presidenta, no puede abrir un procedimiento paralelo al de la dirección nacional por los mismos hechos, pero sí "trasladar su opinión" a Génova.
Desde la dirección regional barajan, igualmente, la posibilidad de que en el caso de que no surta efecto esta medida poner en marcha su propio expediente disciplinario por la citada desobediencia. La propia Bonig indicó en rueda de prensa que en el PP valenciano actuará en base a la decisión de los concejales de dejar o no el acta, tal como se les ha pedido por correspondencia, y en virtud de cómo se resuelva el procedimiento de la dirección nacional, "adoptaremos las medidas que consideremos oportunas", entre ellas, "estudiar la posibilidad de un expediente de expulsión y remitirlo a Génova para que lo tenga en cuenta".
La dirigente insistió en que no pueden llevarse a cabo procesos internos simultáneos, pero que una vez finalizada la investigación del Comité de Garantías Nacional -sin plazo ni previsiones fijadas-, "actuaremos". Una serie de movimientos que parecen dirigidos no solo a conseguir el objetivo de Bonig sino también a, en el caso de no lograr su propósito, evidenciar que la dirección regional ha puesto todo de su parte para proceder a la renovación de un grupo municipal que, a día de hoy, se compone de diez independientes de los cuales nueve se encuentran investigados por blanqueo.
En medio del tira y afloja que mantienen mediáticamente la dirección regional y la nacional, la líder valenciana aseguró sentirse respaldada por el partido. Según la presidenta popular, las decisiones que se han tomado respecto a los ediles investigados en el marco de la Operación Taula han sido consensuadas en todo momento con la dirección general.
Para la líder, no existe contradicción entre las acciones llevadas a cabo por la dirección nacional y lo que pretende el PP regional puesto que se trata de dos procedimientos diferentes. De hecho, Bonig fue más allá y aseguró: "El día que alguien -en Génova- diga que me he equivocado, me marcho".