La consellera de Transparencia, Rosa Pérez, habla con el síndic del PSPV, Manolo Mata. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El acuerdo no ha sido posible. Después de días de negociaciones, los grupos parlamentarios que integran el tripartito -PSPV, Compromís y Unides Podem- no lograron este viernes consensuar qué régimen deberán tener los miembros del Consejo de Transparencia a partir de ahora.
Un escenario por el que los socialistas, que discrepaban con el modelo que planteaba la ley registrada hace unos meses en Les Corts Valencianes, decidieron a última hora presentar una enmienda en solitario y distanciarse de sus socios de Gobierno, lo que deriva en que el tripartito acudirá dividido a la votación de la nueva Ley de Transparencia en comisión y en pleno en esta cuestión.
En este punto, cabe recordar que la nueva norma, inspirada en la de Gobierno Abierto del primer gobierno del Botànic que no pudo ver la luz por el adelanto electoral, introduce importantes cambios en lo que respecta a la composición, dedicación y salario de los miembros que componen el citado órgano.
El texto fija ahora mismo que los consejeros pasen a ejercer su cargo con "dedicación exclusiva" y "tengan consideración de altos cargos con rango de director general". La Conselleria de Participación que dirige Rosa Pérez Garijo buscaba con ello profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, percibieran un salario de 60.000 euros brutos anuales aproximadamente.
Pero no solo eso: también reducir el número de consejeros para que pasen de los cinco que son actualmente, a tres. Integrantes que a priori deberían ser elegidos por Les Corts Valencianes cada cinco años para evitar que su renovación coincida con citas electorales y, por tanto, su independencia política no pudiera quedar en entredicho. Con ello también desligarían el número de consejeros de la cantidad de grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Una cuestión que incomodaba a los actuales miembros del Consejo, dado que en la legislatura pasada había cinco partidos en el Parlamento y la misma cantidad de representantes en el citado órgano porque cada formación designó a uno de ellos.
A lo largo de esta semana, PSPV, Compromís y Unides Podem han estado negociando posibles cambios en este apartado de la norma, dado que a los socialistas no terminaban de estar convencidos con el planteamiento. De hecho, desde hace meses venían advirtiendo que profesionalizar en este sentido el órgano podía traer aparejada también una mayor dificultad para encontrar candidatos que quisieran ocupar estos puestos dado que hasta la fecha los miembros del Consejo de Transparencia perciben dietas por cada reunión que mantienen y podían compatibilizar el cargo de consejeros con su profesión -la mayoría ejercen de profesores universitarios-, en la mayoría de casos mejor retribuida que los 60.000 euros que percibe un director general.
Sin embargo, con la reforma que plantea la ley actualmente, pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario -mayor que el de un director general- ni tampoco percibirían indemnizaciones por cada reunión porque ya tendrían dedicación exclusiva, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente el cambio y muchos preferirían mantenerse en sus profesiones para no perder poder adquisitivo.
Unides Podem, sin embargo, no era partidario de virar este aspecto de la normativa porque sí consideraba necesario que los consejeros que trabajen para el órgano lo hagan de forma exclusiva y centren su actividad laboral en el Consejo. En definitiva, los morados se mostraban favorables de dejar la ley tal y como estaba prevista en este sentido: tres miembros que tuvieran una asignación fija al mes y que, además, también se ciñeran al régimen de incompatibilidades de los altos cargos, dado que tendrían rango de director general.
Finalmente, ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo, ninguno cedió en sus posturas y el PSPV decidió presentar este viernes una enmienda en solitario que modifica la proposición de ley para no exigir a los integrantes "dedicación exclusiva", pero que tampoco tengan "derecho a remuneración con la excepción de la percepción de dietas e indemnizaciones".
La división, por tanto, se vuelve significativa por un motivo: si la enmienda de los socialistas -con la que el PPCV está de acuerdo- saliera adelante, implicaría que el modelo de Consejo de Transparencia actual se mantendría y la reforma planteada por la propia Conselleria de Garijo no saliera adelante, dado que los votos de Unides Podem y Compromís -25 diputados- no serían suficientes para que viera la luz. De hecho, PP y PSPV en solitario ya sumarían 46 escaños.
Donde sí han hallado un punto de encuentro el Botànic es en que el Consejo de Transparencia goce a partir d la aprobación de la nueva norma de potestad sancionadora, algo que venían reclamando desde el propio órgano sus integrantes para que las amonestaciones que hacen a las distintas administraciones no queden en simples advertencias que luego las propias administraciones incumplen por la ausencia de consecuencias efectivas.
