Botànic: el problema del 'quién'

VALENCIA. Cuando aún no había fraguado el Acord del Botànic, la líder de Compromís, Mónica Oltra, repetía insistentemente cada vez que se le preguntaba por el futuro Consell que lo primero era "el qué, luego el cómo y finalmente el quién". Pero aunque el bipartito haya hecho gala de esa filosofía en sus decisiones posteriores, tras más de un año y medio de gobierno, este discurso empieza a tener grietas. Y la polémica contratación del exnúmero dos del PSPV, Francesc Romeu, y del periodista Manuel Jardí, en FGV así lo confirman.

Y es que no sólo los partidos de la oposición han criticado estos nombramientos. El socio de gobierno y líder de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, señaló el lunes en una rueda de prensa que esta no le parecía "la forma idónea de nombrar personal directivo en empresas públicas". Unas declaraciones a pecho descubierto a las que también se sumaron horas después miembros del propio Gobierno valenciano, como el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz (Compromís), que en una entrevista en Levante TV manifestaba que había visto este caso con "perplejidad" y "sorpresa". Este tipo de comentarios han sido constantes tanto en público como en privado en este año y medio, lo que evidencia que pese a los esfuerzos por centrarse en las políticas, el 'qué', sigue generando a menudo menos problemas que el 'quién'.

De hecho, casi recién inaugurado el Consell en verano de 2015, desde el PSPV ya miraban con recelo y desconfianza al titular de Economía, Rafa Climent, y lo mismo ocurría desde Compromís hacia la responsable de Sanidad, Carmen Montón. Ambos socios, o al menos parte de sus cúpulas, dudan de que terminen la legislatura. Casi siempre, en las razones para esta afirmación se mezclan decisiones relacionadas con nombramientos, ceses o cuestiones que poco tienen que ver con la gestión.

En este sentido, la primera piedra con la que tropezaban los mestizos del Consell, la lanzaban la familia 'lermista' del PSPV impulsando el nombramiento del economista -pero también marido de la consellera Carmen Montón- Alberto Hernández Campa como gerente de la empresa pública Egevasa, puesto al que renunció tras estallar la polémica. Una designación que aunque relacionada con la Diputación de Valencia, provocó la intervención de la vicepresidenta del Consell, quien la calificó de "poco ética y estética". Unas palabras que ya dejaban entrever que los conflictos más ruidosos que se dan en el Gobierno valenciano no derivan tanto del proyecto político como de los nombres o personas que ocupan un cargo. De hecho, dirigentes socialistas se enfadaban por las palabras de la portavoz del Consell y criticaban, en privado, el nombramiento de Compromís de Vicent Flor director de la institución Alfons el Magnànim o recordaban el traslado en funciones de asesoramiento de la mujer de Joan Ribó a la conselleria de Educación.

La remodelación del Consell tras el seminario de Torrevieja fue, de hecho, el síntoma más significativo de la problemática de los nombres. El Gobierno del cambio acometía tras su primer año de gestión y vista la experiencia ineludibles ajustes. 13 cambios en el segundo y tercer escalón que, además de "reforzar las políticas de la UE, de empleo y sociales", corregía los roces derivados de la combinación de equipos que no terminaban de encajar. Economía y Sanidad se convertían antes del retiro estival en los departamentos más sensibles y con mayores posibilidades para sufrir cambios de cromos; se habían situado más a menudo en el ojo del huracán en el primer ejercicio y era donde existía mayor animadversión cruzada, no siempre por asuntos propios de la gestión.

Así, uno de los traslados más esperados fue el de María José Mira, anterior secretaria autonómica de la Conselleria de Economía –dirigida por el mencionado Rafa Climent (Compromís)-, a la Conselleria de Hacienda -en manos del socialista Vicent Soler-. Mira y Climent ya habían protagonizado varios encontronazos a cuenta, especialmente, de los horarios comerciales.

Ambas carteras y sus correspondientes altos cargos se veían, además, salpicados por otras polémicas: la secretaría autonómica de Sanidad, Dolores Salas, designada por Iniciativa (Compromís) y la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, en el área de Economía y nombrada por el Bloc, también de Compromís, eran apartadas del tablero de ajedrez sufriendo la suerte del peón sacrificado. La posterior elección de Enric Nomdedéu como secretario autonómico de Empleo también generó polémica, en este caso de carácter interno dentro de la formación nacionalista. Nunca llueve al gusto de todos.

Pocas carteras se han librado de estos conflictos. Altos cargos de Compromís, socio de gobierno del PSPV, también mostraban perplejidad cuando la consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, designaba a un periodista leonés como director de Gestión Sanitaria. Oltra se mordía la lengua en la rueda de prensa del Consell ante las preguntas de los medios: la procesión iba por dentro. La propia número dos del Ejecutivo tuvo que pasar el trago del adiós de su secretaria autonómica de Servicios Sociales, Sandra Casas, justo en la misma semana en la que se publicaban informaciones sobre posibles incompatibilidades. Los comentarios en tono revanchista se deslizaron en algunos círculos privados del PSPV tras el episodio.

Todo ello pasando por otras situaciones relacionadas con las personas, los protagonistas. Motivo de conflicto fue en Les Corts -y ha seguido coleando- el proceso de selección para la presidencia del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), en este caso por la presión de Ciudadanos, que rechazó al periodista Josep López vinculado al PSPV, pero también con fuerte debate interno entre los socios del Botánico.

Unos cuantos ejemplos -ha habido más- que exponen una de las principales problemáticas del Pacto del Botánico: las personas que ocupan los sillones o dejan de ocuparlos, unos conflictos que son connaturales, haya mestizaje o no, a cualquier formación política y gobierno aunque sea monocolor. De hecho, estos mismos enfrentamientos relacionados con la elección de dirigentes por parte uno u otro socio se han originado también en otros pactos como en el Ayuntamiento de Valencia o en la propia Diputación.