VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, prevé remitir la Ley de Función Pública a Les Corts en septiembre u octubre y ha ampliado a un año el plazo para que esté aprobado el reglamento que debe fijar el grado de conocimiento del valenciano en cada categoría de la función pública.
Bravo, que ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, se ha comprometido a que el reglamento que desarrolla la norma esté aprobado en un año porque tiene "mucho interés" como consellera y como valenciana "en tener este instrumento para garantizar a los valencianos que pueden usar la lengua que deseen y que los funcionarios son capaces de atenderlos en ella".
Así, ha explicado que la Ley de Función Pública incorpora en su articulado la capacitación lingüística como un requisito para el acceso a la función pública y establece que los grados de capacitación se determinarán en función del puesto de trabajo de una "manera proporcional a las exigencias en la línea que estos años ha marcado el Tribunal Constitucional".
En ese sentido, ha justificado el aumento a un año para la aprobación del reglamento, frente a los seis meses inicialmente previstos, porque en medio año era "prácticamente imposible" haber terminado todo los trámites ya que hay que dar audiencia pública de 30 días para que la ciudadanía pueda pronunciarse, luego dar traslado a las consellerias, debe informar la Abogacía de la Generalitat, pronunciarse la Intervención y debe consensuarse con los sindicatos.
Al respecto, ha garantizado que en un año estará aprobado porque mientras se va tramitando la ley en Les Corts se trabajará en ese borrador para "tenerlo preparado y que cuando se apruebe la norma esté el documento listo para iniciar el recorrido administrativo al que obliga la norma", ha afirmado.
"Afortunadamente tenemos tiempo porque estamos al principio de la legislatura por lo que hay tiempo suficiente para que la capacitación lingüística está incorporada esta legislatura a la función pública", ha recalcado.
Bravo ha destacado que de este modo quieren que la ley recoja este requisito para garantizar el derecho de los valencianos "fuera de toda polémica" con una "técnica legislativa correcta" y evitar así que la ley termine en el Tribunal Constitucional.
Al respecto, ha recalcado que "por encima de todo" la ley pretende garantizar que cualquier valenciano pueda "relacionarse con la administración en el idioma que hable" ya que en la Comunitat Valenciana hay dos lenguas cooficiales y, por tanto, "tienen derecho a dirigirse a la Administración en la lengua que hable". "No podemos tolerar ningún tipo de discriminación por la lengua y todos los ciudadanos tiene ese derecho y la Administración debe estar preparada", ha recalcado.
Bravo ha señalado que era "muy importante" reunirse con la AVL porque "representa la máxima autoridad en la protección y el fomento de la lengua". Además, se ha comprometido a enviarle el texto del anteproyecto antes de su remisión al pleno del Consell para que sea aprobado como proyecto de ley para que los académicos puedan realizar sus aportaciones.
Por otro lado, ha explicado que la ley recoge la exigencia de la capacitación lingüística para toda la Función Pública pero la disposición adicional contempla una excepción a este requisito para poder cubrir un puesto en el ámbito sanitario que se necesite ser atendido por personas que no tengan la capacitación, si no hay nadie en bolsa con conocimiento del valenciano.
No obstante, ha recalcado que "se trata de una excepcionalidad que tiene que estar bien justificada y siempre sería de forma provisional, nunca definitiva, hasta que pudiera ser ocupado por una persona con capacitación".
