La consellera sobre la decisión del TC con Puigdemont: "Me cuesta mucho entender la suspensión de un acto que no se ha producido"
VALÈNCIA. (EP). La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha pedido revisar el sistema territorial y abordar la cuestión federal en España. Ha advertido de que la situación que atraviesa Cataluña "representa el fracaso de la política".
Bravo se ha pronunciado en estos términos en un desayuno en València organizado por Nueva Economía Forum, donde se ha referido a la situación de Cataluña y ha reclamado cambios.
Al respecto, la consellera ha comentado que en estos momentos España "se juega su prestigio ante los tribunales en múltiples asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto político confuso y complejo que ha situado a la Justicia en el centro de la política".
Y en esta línea, ha puesto como ejemplo Cataluña: "El protagonismo de la Justicia en el terreno político es el fracaso de la política, y olvidar esto es engañarse y engañar. Sírvanos Cataluña como ejemplo".
Así, estima que "tarde o temprano" se tendrá que acometer la revisión del sistema territorial y abordar la cuestión federal "no mediante un sucedáneo o una operación de transformismo político-institucional para sortear la cuestión, sino como proyecto para cambiar el modelo de Estado y sus relaciones con la sociedad", ha reclamado.
A su juicio, aplazar esta revisión "conduce a situaciones como la de Cataluña, que es causa y efecto del problema. Y que representa el fracaso de la política", ha insistido.
La consellera ha lamentado que "el fracaso de la política en el tema de Cataluña ha arrastrado a la justicia a ese protagonismo que no tocaba". "Creo que la falta de acción del Gobierno, la situación extrema en la que se han situado los rupturistas, han trasladado todo el problema político a uno judicial", ha criticado.
Y a Bravo le "preocupa" la transformación del TC, un órgano "muy jurisdiccional, a otro que no lo es y ponerlo frente al problema de Catraluña. "Esto es una grave irresponsabilidad", opina.
Sobre este asunto, preguntada por la decisión del TC de impedir la investidura de Carles Puigdemont como presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Bravo ha comentado que "más allá del respeto" a este órgano judicial, le cuesta "mucho" entender la suspensión de un acto que no se ha producido.
Por otro lado, interpelada por si considera que se debe mantener la prisión provisional al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, Bravo ha dicho que valora "desde el respeto" la decisión del juez instructor y cree que si siguen en prisión "deben tener sus motivos".
Bravo ha afirmado, en relación con el caso Gürtel que se juzga en Madrid, que "la Justicia pasa factura a una manera corrupta de gobernar".
La consellera ha asegurado que en la Comunitat se está pendiente de una sala de vistas madrileña "en la que la Justicia pasa factura a una manera corrupta de gobernar, de ejercer las responsabilidades políticas en perjuicio de los intereses generales de la ciudadanía". Una actuación judicial que, opina, "tendrá consecuencias en la vida pública valenciana".
Sobre este asunto, preguntada por qué le parece el pacto de la Fiscalía con los empresarios que confesaron los hechos que incluía el requisito de no desvelar quién les pidió el dinero para financiar al PPCV, la consellera ha dicho que tiene "muchas dudas" de que el pacto sea en este sentido. "No puedo valorarlo porque no lo conozco", ha apostillado.
En general, Bravo ha lamentado que "los numerosos casos de corrupción que afectan a cargos públicos y dirigentes políticos no solo degradan la reputación como país, sino que acrecientan la desconfianza de una sociedad decepcionada y consciente que exige un saneamiento y una regeneración democrática desde la raíz".
A su entender, "el riesgo de la anomia, el conformismo de la ciudadanía por la impotencia ante una sociedad devastada por comportamientos corruptos, son el caldo de cultivo del populismo sin ideología o del sometimiento acrítico al poder carismático". "Son riesgos que debemos atajar con una regeneración de la política", ha abogado.
Así mismo, ha puntualizado que la corrupción tiene unos "gravísimos" costes: "económicos, porque altera el correcto funcionamiento del mercado; y políticos, ya que socava las instituciones y quiebra la confianza en la clase política". "Tiene también costes sociales al obstaculizar la redistribución de la riqueza. Y sobre todo tiene un coste moral, máxime si no encuentra una adecuada respuesta punitiva", ha lamentado.
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