Foto: EPVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo sacó a información pública este lunes el decreto que busca modificar las bases del Programa 700, el plan de becas del Consell destinado a aquellos que estén preparándose una oposición con el fin de contribuir a sufragar los gastos que estas traen aparejadas. La intención, ahora, es que un mayor número de estudiantes puedan solicitarla.
La modificación, tal y como adelantó este diario en exclusiva, se basa en dos aspectos clave: la ampliación de la edad de aquellos que puedan solicitarla y el incremento del límite de renta. Respecto al primero, el departamento aumenta a los 35 años la edad máxima para pedir la beca. Con el diseño del plan, actualmente tan solo pueden ser beneficiarios los menores de 30, por lo que Función Pública busca incrementar así el número de aspirantes que podrían solicitar la subvención.
Para conceder las becas, la Conselleria también aplica una baremación sobre los solicitantes. Así, el Programa 700 tiene en cuenta dos aspectos: el expediente académico de los estudiantes -pues se busca atraer la excelencia a la Administración- y la situación económica de cada opositor. Respecto a esto último, las bases del actual plan establecen en una tabla la puntuación que le corresponde a cada solicitante en función de cuál sea la renta de la unidad familiar de su hogar. Un apartado por el que pueden sumar hasta 60 puntos a la hora de pedir la ayuda pública.
Así, el anterior diseño fijaba en la franja mínima de renta a aquellos que contasen con menos de 3.000 euros de ingresos. En ese caso, obtendrían 60 puntos en la valoración para obtener la beca. Una puntuación que ahora Función Pública aumenta a 4.000 euros.
De la misma manera que ha aumentado los márgenes mínimos, también ha hecho lo mismo con los máximos: actualmente, si la renta de la unidad familiar es mayor de 16.000 euros no se tendría derecho a sumar ningún punto. Pero la Conselleria, sin embargo, aumenta ahora este máximo hasta los 25.000 euros. Por lo que si se tiene unos ingresos inferiores a esta cuantía, sí se podrá sumar puntos en la baremación de méritos, en caso de que el decreto salga adelante tal y como está ahora mismo planteado.
La idea original de estas becas se remonta a 2018. El Ejecutivo valenciano planteó en el seminario de Castalla-Biar (en julio de aquel año) poner en marcha lo que entonces fue bautizado como Programa 500. El fin principal era dar ayudas de 500 euros mensuales a medio millar de jóvenes que estuvieran preparando oposiciones para el ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat, de manera que se les ayudase a sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso a la Administración.
El proyecto se puso en marcha en 2019, año electoral, pero no terminó de triunfar. En su primera convocatoria, el número total de becados estuvo muy lejos del objetivo: solo 92 personas lograron resultar beneficiarias de este plan, menos del 20% de las 500 ayudas que preveía conceder el Gobierno valenciano. La cifra aún se vio más mermada dos meses después: 36 personas de ese casi centenar perdieron la beca porque no pudieron presentar la documentación requerida en las bases para poder cobrar: las facturas de sus preparadores.
Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esa treintena de aspirantes no pudieron aportar la declaración responsable que especificaba que estaban preparándose para estas oposiciones dirigidas al acceso a las escalas más altas del empleo público y que la convocatoria exigía como indispensable para percibir la beca. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Semanas después, la cantidad de beneficiarios total aún se redujo más, en siete personas, por lo que el total de beneficiarios se quedó por debajo de 50. De que de las 500 becas previstas, un total de 451 se quedaron en la caja de la Generalitat porque no se llegaron a conceder.
Fuentes consultadas por este diario explicaron en su día que muchos de estos opositores no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro. Esto impedía que sus alumnos pudieran beneficiarse de estas becas que les ayudarían a pagar los gastos que trae aparejado estar preparándose unas oposiciones: no trabajar, la inversión en material didáctico y las clases de preparación a las que muchos acuden.
Con este telón de fondo, el Consell decidió en 2020 modificar las bases que regulaban la concesión de estas ayudas para reducir los requisitos que deberían cumplir aquellos que las solicitasen. No solo reducía toda esta carga burocrática, sino que también rebajaba el nivel de renta y liberaba a los aspirantes de la obligatoriedad de presentarse al primer examen inmediatamente posterior a la convocatoria de ayudas. Aún así, las convocatorias posteriores tampoco cuajaron.
El diseño de las ayudas volvió a modificarse en septiembre del año pasado. En la apertura de las jornadas 'Hacia un nuevo modelo en la función pública: desafíos e innovaciones', el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que las becas pasarían a ser de 700 euros y ampliarían el número de beneficiarios a 700: 350 para la preparación da la escala más alta en Administración de la Generalitat y la otra mitad, para Justicia. Eso sí, iría igualmente dirigido a opositores de grupo A y la intención era "atraer talento joven".
