La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. Una "gran desigualdad y una discriminación". Así ha calificado la consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo, el hecho de que el Gobierno de España permita la aplicación del permiso retribuido recuperable al personal laboral de las administraciones públicas pero no al resto de empleados públicos que, por motivos ajenos a ellos, no están realizando ninguna función dado el estado de alarma y al encontrarse en servicios que no son esenciales durante este período.
"Es evidente que hay un numero importante de funcionarios que no pueden trabajar desde casa porque no tienen medios", ha dicho la consellera, o porque se encuentran en servicios que no se consideran esenciales. Así, ha puesto como ejemplo a los funcionarios de Justicia, que viven situaciones "preocupaentes". Ahora mismo, la Generalitat Valenciana está pagando a funcionarios de refuerzo de organismos judiciales "cuyos procedimientos están paralizados", ha insistido.
La Generalitat Valenciana no aplicará finalmente a sus funcionarios esta herramienta ideada por el Gobierno central por la que los trabajadores del sector privado tendrán que devolver las horas no trabajadas pero sí cobradas durante el confinamiento y que la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo quería trasladar a los funcionarios valencianos. Las dudas legales para hacerlo, sin embargo, congelaron esta pretensión, especialmente después de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias aclarara que esta medida es aplicable a los trabajadores que mantienen una relación laboral por cuenta ajena.
Con la duda aún por resolver, la Conselleria de Función Pública realizó este jueves una consulta a Abogacía de la Generalitat para interpretar si la autonomía era competente para aplicarlo a sus funcionarios o no. Los abogados de la Generalitat entienden, sin embargo, que al tratarse de normativa básica estatal, al Consell le queda poco margen para ejecutar su interpretación. Un escenario ante el que desde la cartera de Bravo aseguran que finalmente no van a seguir adelante con su propósito para evitar posibles recursos en los tribunales.
En ese sentido, Bravo ha subrayado que el gobierno estatal "debería haber tenido una mirada mucho más amplia porque establecer un sistema así genera una discriminación respecto al empleado publico". Y no sólo por el agravio comparativo que se puede entender, ha continuado, sino también porque cuando la administración vaya a tener que volver a la normalidad, se van a necesitar refuerzos. "Estaríamos pagando dos veces: por el trabajo no realizado y por el trabajo para el que vamos a necesitar refuerzos".
Asimismo, preguntada al respecto, Bravo se ha pronunciado también sobre el hecho de que el Ayuntamiento de València vaya a aplicar esta herramienta a sus trabajadores pese a las reservas manifestadas por el ejecutivo central. Así, ha subrayado que es otra "discriminación" y que genera "desigualdad" que haya administraciones municipales que lo vayan a aplicar, incluso otras comunidades autónomas.
Con todo, Bravo ha asegurado haber mantenido conversaciones con diferentes instancias del Ministerio de Función Pública para transmitir la "preocupación" de la Generalitat en este sentido. Se refirió a su propio ámbito, al de Justicia, para subrayar que el trabajo en las instancias judiciales "se va a multiplicar" teniendo en cuenta no sólo el trabajo que se ha quedado paralizado, sino también atendiendo a la cantidad de expedientes que van a "recargar las jurisdicciones tanto mercantil como social" con motivo del cierre de empresas y de los ERTE.
