València aplicará el permiso retribuido a sus funcionarios si el Gobierno no formaliza lo contrario

VALÈNCIA. "El personal que no se encuentre en régimen de trabajo no presencial queda (...) en situación de permiso retribuido recuperable". Es la resolución emitida por el alcalde de València, Joan Ribó, este lunes tras conocerse el Real Decreto emitido por el gobierno central la noche anterior. Es decir, los funcionarios que estén mano sobre mano -aunque disponibles por si hiciera falta- al considerarse su trabajo como no esencial durante el confinamiento, se acogerán al permiso retribuido recuperable.

Esto era el lunes. Porque, ciertamente, dicho reglamento de carácter estatal había dejado muchas dudas a las administraciones. No en vano, la Generalitat Valenciana dudaba sobre si este permiso también era aplicado a los trabajadores públicos de la administración autonómica, al considerar el mencionado decreto un poco ambiguo en ese sentido. Y es que este se refiere durante la mayoría del texto a los empleados laborales, no a los empleados de carrera de la administración.

Ahora bien, incluye una disposición final en la que asegura que todas las administraciones -estatal, autonómica y municipal- pueden "dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos" que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. Esto sembró las dudas entre los dirigentes: ¿pueden los departamentos regionales y locales aplicar este permiso?

Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias por Valencia Plaza, fue contundente al respecto: la orden que se publicó en el BOE este domingo "no afecta al personal funcionario, sino al que tiene una relación laboral". Además, recordaron las mismas fuentes que la plantilla de la administración ya estaba afectada por la declaración del estado de alarma, que obligaba a trabajar sólo al personal indispensable y aquel que pudiera hacerlo mediante el teletrabajo.

A la postre, según el Ejecutivo central, el permiso retribuido recuperable no sería de aplicación ni a los funcionarios de la Generalitat Valenciana ni a los del Ayuntamiento de València u otros consistorios. Y en esta línea, aquellos empleados públicos sin tareas durante el confinamiento no deberían devolver las horas que no están trabajando estas semanas.

Sin embargo, en la corporación municipal del cap i casal lo interpretan de otra manera y se remiten a la disposición adicional mencionada, que se refiere a los trabajadores públicos, para implantar efectivamente el permiso retribuido recuperable. Así lo interpreta el secretario y otros organismos jurídicos de la casa.

Según la edil de Personal, Luisa Notario, "lo deseable sería que el Estado sacara una norma que clarificara cuál es la situación de los funcionarios, sean de la administración que sean". "No puede ser que cada administración pública regule cuál es la situación de sus funcionarios", incide la concejala del ramo. En otras palabras, el Ayuntamiento de València aplicará a los funcionarios sin tareas este permiso hasta que el Gobierno central no dictamine lo contrario mediante otro decreto o instrucción.

La EMT propone a sus trabajadores aplicar el permiso

Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) está en otra situación, dado que sus trabajadores no son funcionarios de carrera y el decreto del Gobierno sí permite aplicar el permiso en entes públicos con personal laboral. En este sentido, según ha podido saber este diario, la dirección de la EMT ha trasladado a los sindicatos su intención de hacer uso de este permiso dado que el descenso de los viajeros y del servicio prestado -se ha recortado un 45%- ha revelado un excedente de empleados durante este tiempo, especialmente en el área de Operaciones.

Precisamente una de las alternativas para hacer frente a este desequilibrio con motivo del confinamiento y el estado de alarma era la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La empresa que dirige Giuseppe Grezzi y que gerencia Josep Enric García planteó a las organizaciones sindicales, como publicó este diario, poner en marcha un ERTE rotativo de cuatro meses hasta que la actividad volviera a la normalidad. Las pérdidas en el ente público se calculan de entorno a 9 millones, según datos de la propia empresa. La empresa también estudia otros mecanismos para intentar evitar el ERTE, en colaboración con los sindicatos.