Bravo pide un nuevo proceso penal y que el fiscal dirija las investigaciones

VALÈNCIA. (EP). La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha reclamado un nuevo proceso penal y que sea el ministerio fiscal quien dirija las investigaciones: "El juez debe ser solo escudo, no espada".

Bravo se ha pronunciado en estos términos en un desayuno en València organizado por Nueva Economía Forum, donde se ha referido a la situación de la Justicia y ha pedido reformas y más implicación.

La consellera y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha explicado que en los 40 años de vigencia de la Constitución, el legislador ha renovado casi todas las leyes procesales: laboral, contencioso-administrativo, civil y hasta el militar. "Todas menos el proceso penal", ha lamentado Bravo, que es el que encauza el 75% de la actividad judicial y "asume la trascendente misión de asegurar la tutela de los derechos fundamentales y los intereses más vulnerables", ha puntualizado.

Así, ha criticado que la Justicia española sigue utilizando "aquellas entrañables" diligencias de finales del siglo XIX "que ya no admiten más reparaciones y reformas". A su juicio, es "necesario" un nuevo proceso, eficiente y seguro.

La "centenaria" Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) "no admite ya más reformas parciales". "Es necesario un nuevo proceso penal que atribuya la dirección de la investigación al ministerio fiscal", ha abogado.

A su entender, el juez, en garantía de cualquier derecho como precisa el artículo 117.4 de la Constitución, "debe ser sólo escudo, no espada: escudo de los derechos fundamentales frente a eventuales abusos o vulneraciones, vengan de donde vengan, sobre todo si vienen del más poderoso".

Así mismo, considera que es "necesario" delimitar las materias que merecen ser atendidas por los tribunales "con criterios de racionalidad y sin merma de la tutela judicial efectiva", sino mediante procedimientos más sencillos y menos costosos o la incorporación de fórmulas alternativas de resolución de conflictos.

Por otro lado, la consellera ha aseverado que el actual sistema organizativo de juzgados es "muy costoso y poco rentable". "La aplicación de modernas técnicas de gestión de los medios materiales y personales, basados en las nuevas tecnologías, presenta graves dificultades en una organización judicial decimonónica y dificulta un adecuado aprovechamiento de los recursos", ha criticado.

Así, ha abogado por "acomodar la obsoleta organización territorial judicial y acomodarla a la realidad social, política, económica y demográfica actual". "No tiene sentido que el territorio español siga dividido en 422 partidos judiciales", ha aseverado.

Juzgados valencianos y oficina judicial

Bravo ha recordado durante su intervención, en clave valenciana, que a lo largo de este año entrarán en funcionamiento catorce nuevos juzgados en la Comunitat. "Incluso anticipamos la puesta en marcha de cuatro de ellos a diciembre de 2017 y somos la única comunidad que lo ha hecho", ha detallado.

Así mismo, ha avanzado que a finales de año habrá superado nuevas fases el proceso de implantación de la nueva oficina judicial, "un sistema de organización del trabajo basado en criterios de agilidad, desburocratización, trabajo en equipo, especialización, concentración y proximidad al ciudadano", ha descrito. También en 2018 se pondrán las bases para superar el atraso tecnológico de la Justicia valenciana.

La consellera también ha señalado que pondrán en marcha un Centro de Mediación que favorecerá e impulsará los procedimientos de mediación, así como un Registro de Personas y Entidades Mediadoras que garantice a la ciudadanía el acceso a profesionales y entidades de contrastada profesionalidad, capacitación y formación.

Bravo, preguntada por su opinión sobre la imposición del requisito lingüístico a funcionarios valencianos, ha comentado que en la Comunitat hay dos lenguas cooficiales, el castellano y el valenciano, y "se debe garantizar que cualquier persona que acceda a la Administración pueda comunicarse en la lengua que elija". "No se trata de imponer ni de generar confrontaciones", ha aclarado.

Por último, en relación con la prisión permanente revisable, ha manifestado que "nunca" ha sido partidaria de implantarla; y respecto a la custodia compartida de forma automática, que ha estado vigente en la Comunitat hasta una sentencia del TC, ha afirmado que tampoco estaba a favor. "Esta medida legal causaba muchísimas disfunciones y graves problemas en el ámbito de las relaciones donde la violencia de género estaba presente", ha advertido.