El 22 de Febrero se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial, con objeto de denunciar y sensibilizar sobre las diferencias salariales entre mujeres y hombres que todavía persisten, así como promover la adopción de medidas para acabar con la brecha.
Aunque no se han producido avances significativos, este año hay un motivo para la celebración: Islandia es el primer país del mundo en poner fin, por ley, a la brecha salarial de género. El gobierno islandés aprobó el pasado abril una reforma legislativa que ha entrado en vigor en enero de 2018, por la que las empresas con más de 25 empleados deben auditar los sueldos, incluidos los complementos salariales, y obtener un certificado de igualdad salarial, para no enfrentarse a sanciones económicas. En 2017 Islandia ya era el país con menor brecha de género del mundo y, con esta medida, el ejecutivo pretende erradicarla en 2022.
Sin embargo, en España, de momento, no tenemos nada que celebrar, puesto que nuestro país ha experimentado un retroceso durante los últimos años en relación con la brecha de género. Según el Informe Global de Equidad de Género, elaborado por el World Economic Forum, en 2011 España se situaba en el puesto número 12 del ranking de brecha de género, tan sólo un puesto por detrás de Alemania y uno por delante de Bélgica, mientras que en 2017 nuestro país bajó varios peldaños, hasta recalar en el puesto 24 del ranking, por detrás de Barbados y por delante de Cuba.
Aproximarnos a Cuba y alejarnos de Alemania no es casual, sino que evidencia las consecuencias de una política de laissez passer que, además de injusta y de alejar a España de los países de cabecera, tiene consecuencias negativas sobre la competitividad de nuestra economía.
Efectivamente, McKinsey Global Institute afirma, en su informe The Power of Parity, que reducir la brecha global de género en el trabajo, además de ser justo, podría duplicar la contribución de las mujeres al crecimiento del PIB mundial. La consultora indica que la brecha salarial de género costará entre 10 y 25,7 billones de euros en los próximos 10 años. Así, las economías que antes salgan de esta situación serán más competitivas y proporcionarán más bienestar a sus ciudadanxs.
Si se aborda el impacto sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, José Ignacio Conde-Ruiz, coautor del estudio Brechas de género en el mercado laboral español considera necesario adoptar políticas para reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres desde un sentido práctico, más allá de la justicia social, pues contribuye a preservar las pensiones públicas futuras y atajar el déficit de la Seguridad Social.
Cuando se invierte en políticas de igualdad, sociales y de empleo, la brecha salarial disminuye y la situación laboral de las mujeres mejora. No es aceptable ponerse de perfil ante esta situación injusta, ni invisibilizar un problema que afecta a la mitad de la población, y es necesario adoptar un enfoque y medidas que nos conduzcan a una sociedad totalmente inclusiva con las mujeres.
La Ley de Igualdad Salarial hoy es más necesaria que nunca.
Apostemos por alinear nuestra sociedad con la de los países líderes de menor brecha de género: Islandia, Noruega, Finlandia o Suecia y ello nos acercará también a ellos en su éxito económico y social.
Blanca Marín Ferreiro es secretaria Autonómica de Economía, Sectores Productivos y Comercio del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Secretaria de Área de Crecimiento y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV.
Guionistas, cineastas, showrunners, publicistas y, en general, mujeres creadoras del audiovisual participarán en un encuentro a cargo de la Universitat Jaume I de Castelló, cuyo objetivo principal es analizar sus obras, pero también conocer cómo heredan y construyen un nombre propio en la industria