Hoy declara el testigo que presentó la denuncia que, junto con el informe de la intervención, provocó la apertura del caso Palau
El caso Palau comienza a tomar forma. Pablo Broseta, uno de los nuevos investigados en la trama del saqueo, declaró este jueves ante la jueza del caso Palau. Broseta aportó documentación a la causa que ya obraba en poder del juzgado y que precisamente le convirtió, en su momento, en investigado. El cautelarmente suspendido cónsul de Francia en Valencia aseguró en su comparecencia que contrató con la imprenta por su “fiabilidad” y porque así se lo “recomendaron” desde el propio Palau de les Arts.
Sin embargo, y pese a todo, Broseta aseveró que a la salida del juzgado que dicha documentación le exculpa, algo que las fuentes consultadas por Valencia Plaza ponen en duda. Pablo Broseta también confirmó que durante su comparecencia contestó a todas las preguntas tanto de la juez como del fiscal porque “había ido a demostrar su inocencia”.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), en el que la juez de instrucción y el fiscal Anticorrupción se basan en que la contratación de Radcliffe, empresa de Pablo Broseta, se hizo de forma contraria a lo establecido por la Ley de Contratación del Sector Público, y que supuso un enorme incremento en el gasto de impresión. Fue un sobrecoste sin justificar, que supuso un importante quebranto para el erario público.
De dicho informe policial se desprende, según consta en los autos dictados por la jueza, que Broseta, junto a José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado, también investigados por su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales en el Palau, "presuntamente participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta" objeto de esta causa. Dicha causa está abierta por delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental. La magistrada sospecha que participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta de patrocinios para el coliseo valenciano.
Hoy viernes está prevista una de las declaraciones más esperadas, la del testigo Xabier Colinas, que fue director de Marketing del Palau entre 2005 y 2010 y la persona que interpuso la denuncia que, junto al informe de la Intervención de la Generalitat, propiciaron la apertura del caso Palau, y Ana Jiménez, la que fuera jefa de Gabinete de la diva austríaca.
Hasta ahora figuraban como investigados la exintendente del Palau Helga Schmidt y el exgerente del coliseo Ernesto Moreno, pero tal como informó Valencia Plaza, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) entregó recientemente un demoledor informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que se perfilaban nuevas imputaciones.
En cuanto a Noguera Puchol y Joaquín Maldonado, la UDEF cree que ellos “tuvieron la iniciativa” dentro del caso Palau. La policía explica que ambos aparecen como firmantes de los contratos y fueron, además, autores de varios documentos que los agentes incautaron durante el registro al despacho de Schmidt.
El informe asegura que nada podría haber sucedido sin la participación y conocimiento de los máximos responsables, que según la Policía son tanto la exintendente Helga Schmidt como el exgerente Ernesto Moreno.
Los tres nuevos imputados han sido citados a declarar los días 25 y 26 de abril y el 5 de mayo. La instructora tomará también declaración a varios testigos.
El informe de la UDEF avala, punto por punto, el informe de la Generalitat. Según ambos textos las previsiones de gastos que realizó Patrocini-Viva Europa y el Palau en relación a los sucesivos eventos son irreales y no se ajustan en absoluto a la realidad.
En los años 2009, 2010 y 2011, Tralakom facturó a Patrocini más de 140.000 euros. No obstante Patrocini-Viva Europa, en el período 2009-2011, percibió 472.000 euros en concepto de organización de los eventos. Por lo tanto los 328.466,89 euros de diferencia, que presuntamente habrían sido utilizados para fines diferentes por los que fueron concedidos.
El documento de la UDEF no sólo avala el informe de la Intervención General de la Generalitat, que cifraba el desfalco de la exintendente en 508.000 euros, sino que incrementaría considerablemente el dinero que se distrajo de las arcas públicas.
Schmidt, que permanece como presunta autora de un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad documental por, presuntamente, eliminar el servicio de patrocinio del Palau de les Arts y adjudicárselo a una empresa de la que ella era consejera. Esta empresa cobraba comisiones de entre el 10 y el 30 por ciento desde el año 2008.
El conocido como caso Palau se abrió a partir de un informe de la Intervención de la Generalitat que ahora se ha visto avalado por el de la UDEF. Aquel dossier acreditaba la existencia de una presunta trama para distraer parte de los fondos públicos que la Generalitart daba cada año a la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía.
Las mordidas se produjeron, presuntamente, a través de empresas vinculadas a la exintendente que comenzaron cobrando un 10 por ciento en comisiones por acciones de patrocinio. Pero esas comisiones se fueron incrementando hasta llegar a ser de un 30%.
Según los citados informes, para conseguir el dinero, Schmidt participó en la creación de una empresa de carácter privado, Patrocini de les Arts, junto a varios empresarios valencianos, entre ellos los ahora imputados. Para llevar a término este desvío de dinero, la dirección del Palau dejó sin contenido real al departamento de patrocinio del coliseo.
Como presidente de la empresa figuraba José Antonio Noguera Puchol y en el consejo, junto a Helga Schmidt -quien figuraba como Helga Pittioni, su nombre de soltera-, estaban los empresarios Sebastián Carpi, Alfredo de Quesada, Javier Serratosa, Joaquín Maldonado y la empresa 4 Gats, representada por Agnès Noguera. Como secretario del consejo estaba Bernardo Claramunt. También fue consejero el Vicente Garrido Mayol, presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que cesó el mismo día que Schmidt.