Álvaro Roquette, Rosa Vidal, Pablo Bieger y Manuel Broseta.VALÈNCIA (EP). El despacho de abogados Broseta ha rechazado "cualquier intervención desde cualquier posición política" en la actividad de los jueces y magistrados y ha advertido de que "cualquier intervención" en la separación de poderes y la independencia judicial supone "romper nuestro marco constitucional de convivencia".
En este sentido, el despacho, en un comunicado, ha subrayado que estos dos pilares son "garantes de nuestro estado democrático de derecho" y ha remarcado la necesidad de lograr "amplios consensos" en materia de la estructura básica del mismo.
"El estado de derecho que a día de hoy nos ampara es fruto del consenso de la mayoría de los españoles, así como del trabajo, el tesón y el compromiso de muchas personas que en su momento pusieron en riesgo no solo su libertad sino sus vidas para conseguirlo", ha expuesto el despacho.
Entre ellos, ha remarcado, el propio Manuel Broseta Pont, asesinado en 1992 por ETA, fundador del despacho, catedrático de derecho mercantil, miembro del Consejo de Estado y secretario de estado para las comunidades autónomas del gobierno de Adolfo Suárez, cargo desde el que "contribuyó a la estructuración del actual estado autonómico", resaltan desde la organización.
Asimismo, Broseta se ha adherido a la declaración institucional de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en relación al documento suscrito por el PSOE y Junts por el que han alcanzado un acuerdo en el que se contempla la aprobación de la Ley de Amnistía.
El ICAM anunció que ejercitará "cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes" ante la ley de Amnistía. El Colegio, desde "la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política", mostró su "enorme preocupación por su contenido".
Desde el ICAM insistieron en que "la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad".
