BRUSELAS. La Comisión Europea ha aprobado un plan de garantía español de 2.550 millones de euros para indemnizar a determinados autónomos y empresas por los daños sufridos por el brote de coronavirus durante el primer brote de la primavera pasada y estén en proceso judicial. Este dinero se enmarca dentro de las ayudas de Estado que España otorga para hacer frente a la pandemia, y resarcirá a unos 15.000 profesionales y empresarios que tuvieron que cerrar el negocio y estén inmersos en un proceso de quiebra, concurso o reclamación de deudas.
La compensación se realizará bajo la forma jurídica de “garantías públicas por nuevos préstamos reembolsables otorgados por instituciones financieras supervisadas y nuevos pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija". Es decir el Estado avalará los préstamos bancarios que necesiten estos empresarios para hacer frente a los daños causados por la crisis y también hará frente a los pagarés que emitan estos empresarios, siempre que estén declarados en quiebra.
Alrededor de 15.000 autónomos y empresas con convenio de composición avalado con acreedores tras procedimientos judiciales de insolvencia serán indemnizados por los daños sufridos entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020. Este período coincide con los tres meses en los que el Gobierno español implementó medidas restrictivas para limitar la propagación del virus, a través de un estado de alarma que mantuvo a la mayoría de la población confinada y las empresas cerradas.
La Comisión evaluó la medida con arreglo a la normativa comunitaria -artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-, que permite a la Comisión aprobar medidas de ayuda estatal concedidas por los Estados miembros para compensar a empresas o sectores específicos por los daños causados por sucesos excepcionales, como el brote de coronavirus. La Comisión estima que el esquema español compensará los daños que están directamente relacionados con las restricciones del brote de coronavirus.
También consideró que la medida es proporcionada, ya que la indemnización prevista no excede de lo necesario para reparar los daños. Por tanto, la Comisión concluye que el régimen se ajusta a la norma de ayudas estatales de la UE.
