Bruselas da el primer paso para reclamar ayudas a la Comunitat bajo sospecha de corrupción

VALENCIA. Bruselas ha puesto en el punto de mira a la Comunitat Valenciana y en esta última ocasión no para bien. Y es que la inmersión de este último mes de numerosos cargos políticos en operación Taula no ha pasado desapercibida para la Unión Europea, quien ha dado el primer paso para reclamar ayudas a la Comunitat bajo sospecha de corrupción. 

La Comisión Europea envió una carta al Ministerio de Hacienda el 16 de febrero, en el punto álgido de Imelsa, pidiendo clarificar si existen contratos públicos de administraciones valencianas beneficiados con fondos europeos que se encuentren actualmente inmersos en alguna investigación judicial por posible corrupción. 

En la misiva, la directora general de Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva, expresa al director general de Fondos Europeos del Ministerio, José María Piñero, su preocupación ante la publicación de informaciones que podrían afectar al uso de fondos europeos en la Comunitat Valenciana, aunque no detalla ningún caso.

"Dichos artículos se refieren al supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública valenciana. Según estas informaciones, dichos casos están siendo investigados por las autoridades españolas", señala Vitcheva.

Esta carta llega en pleno interés del actual Consell por poder acceder a los fondos europeos del 'Plan Juncker'. Aunque la directoral de Política Regional reconoce que el "alcance del fraude" no está aún "suficientemente claro" debido a que las investigaciones están en curso, como tampoco lo está "en qué medida los fondos europeos se podrían ver afectados".

Una lista de los posibles fondos afectados

Sin embargo, "dada la importancia" de los hechos investigados, "invita" al Ministerio a que averigüe si hay proyectos cofinanciados por fondos europeos que se ven afectados por estas investigaciones y proporcione, en el plazo de un mes, "toda la información pertinente".

Ello incluye, detalla la responsable europea, "una lista de los organismos intermedios bajo investigación y una lista de proyectos cofinanciados por el Feder, si fuera el caso". Para cada proyecto pide que se informe sobre el importe total y el importe total certificado del mismo.

"Es de suma importancia que en casos de uso fraudulento de fondos europeos, la autoridad de gestión tome las medidas adecuadas de conformidad con las normas de buena gestión financiera", remarca Vitcheva.

¿Ciegsa?

Entre las posibles empresas que podrían mencionarse estaría Ciegsa, la constructora de colegios pública, donde según Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa y uno de los imputados en Operación Taula, se habría orquestado una trama para quedarse el 3% de cada obra que les habría supuesto unas ganancias de 80 millones.

La Generalitat obtuvo para la construcción de colegios 650 millones en 2008 del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dedicados a construir 490 colegios con la aportación de la misma cuantía de la Generalitat y que todavía siguen coleando a pesar de que tenían que estar terminados en 2008. 

Pero de momento no parece que se vaya a quedar ahí. Este jueves, como publica Valencia Plaza, el fiscal Anticorrupción ultima los detalles antes de preparar las denuncias de Feria Valencia, un proceso que podría estar judicializado el próximo mes de abril y que también recibió un préstamos millonario del BEI.

Puig intenta tranquilizar a la UE

Mientras, este miércoles en Madrid, el president de la Generalitat, Ximo Puig, conversó con representantes de la UE para tranquilizarles sobre el déficit y los casos de corrupción descubiertos en su territorio. Puig se reunió con la directora de la representación de la Comisión Europea, Aránzazu Beristain, para informarle de que esos casos de corrupción son de una época anterior y ha reivindicado las posibilidades de inversión del territorio.

Pero no es el único frente abierto de forma reciente con la Unión Europea. Y es que también está la multa de 18,9 millones por la ocultación del déficit, que ahora el Gobierno quiere cobrar a la Comunitat Valenciana tras pagarla. A esto, aunque no se trata de un caso investigado, se suma la venta de Ciudad de la Luz y todos los debates que ha ocasionado con Bruselas.