Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un expediente sancionador contra España por no haber notificado aún a las autoridades europeas las medidas que ha puesto en marcha para introducir la 'Tarjeta Azul' que agiliza los trámites de entrada y residencia de los migrantes de alta cualificación, a pesar de que el plazo para la transposición de la norma expiró en noviembre del pasado año.
Este nuevo sistema, acordado en el seno de la Unión Europea en 2021, flexibiliza las condiciones para la contratación de personal extracomunitario altamente cualificado y simplifica los procedimientos de contratación en terceros países.
Basta, por ejemplo, con que el migrante tenga un contrato o una oferta de empleo para un periodo de seis meses para que pueda solicitar la 'Tarjeta Azul' y se rebaja el mínimo salarial que deberá cobrar al equivalente del salario medio bruto del país en el que trabajará.
El Ejecutivo comunitario ha constatado que España no ha noticiado en el plazo fijado -18 de noviembre de 2023_el modo en que la nueva norma ha sido trasladada a su legislación nacional, por lo que ha decido iniciar un procedimiento de infracción.
El aviso tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida a las autoridades españolas, a las que Bruselas da un plazo de dos meses para que resuelva los problemas detectados.
Si pasado ese nuevo plazo los servicios comunitarios no dan por buena la respuesta española, podrán pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado, que da un tiempo más de diálogo antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otro lado, la Comisión Europea también ha abierto este jueves un expediente de infracción a España por no poner en marcha las medidas necesarias para trasponer la directiva sobre el sistema de comercio de derechos de emisión.
Los Estados miembro debían adoptar y publicar las medidas en su legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2023, un plazo que España incumplió, al igual que otros 25 países de la UE.
La nueva normativa amplía el sistema de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo e implementa el precio del carbono en nuevos sectores de la economía mediante el establecimiento de un nuevo sistema de comercio de emisiones separado para edificios, transporte por carretera y combustibles utilizados en pequeñas industrias emisoras.
De igual modo, elimina gradualmente los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación y se implementará la subasta completa a partir de 2026.
Las nuevas reglas también establecen un Fondo Social para el Clima financiado con los ingresos del nuevo sistema de comercio de derechos de emisión para garantizar que la transición sea justa para todos.
