Bruselas lleva a España a la Justicia europea por no adaptar correctamente normas de licitaciones públicas

VALÈNCIA (EFE). La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adaptar correctamente a su derecho nacional la normativa europea sobre licitaciones públicas, informó el Ejecutivo comunitario este lunes.

"Hasta la fecha, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para hacerla compatible con todas las obligaciones derivadas del derecho de la UE", señaló la CE.

Explicó que la legislación española se desvía de las normas europeas particularmente en "qué tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos deben seguir las normas de contratación pública".

"La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes hasta la fecha" y por ese motivo ha decidido llevar al país ante la Justicia de la Unión Europea.

El problema se refiere a tres directivas de 2014: una sobre contratación pública, otra sobre licitaciones públicas en el sector de servicios públicos y una tercera sobre adjudicación de contratos de concesión.

Esas piezas legislativas exigen que los Estados miembros sigan procedimientos imparciales y transparentes y tienen como objetivo abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre empresas de la UE y garantizar el mejor valor para las compras públicas.

Bruselas recordó que los Estados miembros debían transponer esas normas a su legislación nacional antes del 18 de abril de 2016.

"Tras la notificación tardía por parte de España de la transposición de las tres directivas y el control de cumplimiento realizado por la Comisión, en diciembre de 2021 se decidió enviar una carta de emplazamiento a España, seguida de un dictamen motivado en abril de 2024.

El pasado abril Comisión Europea dio dos meses a España para abordar los problemas detectados por las autoridades comunitarias en su aplicación de la directiva europea sobre licitaciones públicas o, de lo contrario, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).