FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Comisión Europea cree que no será capaz de reducir el periodo de dos meses que tiene para evaluar los planes de recuperación de los Estados miembros, pero sí considera factible que los gobiernos puedan obtener dos desembolsos antes de que acabe el año, el anticipo y uno adicional, siempre y cuando hayan cumplido todas las metas pactadas previamente con las autoridades comunitarias.
Aunque hasta el momento sólo Portugal ha enviado su documento con reformas e inversiones a la capital comunitaria, Bruselas espera recibir pronto una docena más y por ello empieza a engrasar la maquinaria para garantizar un desembolso ágil de los 800.000 millones de euros ayudas, que en el escenario más optimista empezarían a fluir a los gobiernos del bloque en julio.
A siete días de llegar a la fecha fijada para la entrega de los planes nacionales, fuentes comunitarias insisten en que los gobiernos deben centrarse en la calidad de los mismos y no tener prisa por enviarlos a Bruselas. "Todos los Estados miembros, o casi todos, tienen la intención de remitirlos relativamente rápido, pero todos estamos de acuerdo en que lo más importante es que sean buenos", señalan.
La entrega de los planes desencadena el periodo de dos meses que el Ejecutivo comunitario tiene para hacer la evaluación de los documentos. Muchos países habían pedido a Bruselas que no consuma todo este tiempo para que los fondos llegaran antes a la economía real, pero esta posibilidad ha sido prácticamente descartada por los servicios europeos.
"Uno de los borradores tiene más de 50.000 páginas de información sobre costes. ¿Cómo hacerlo (el examen) de forma sólida y firme en menos de dos meses? Honestamente, no lo veo, incluso trabajando día y noche", ha subrayado una alta fuente comunitaria.
El examen de la Comisión no será el único obstáculo que superar para desbloquear los fondos, puesto que después tendrá que obtener el visto bueno del resto de Estado miembros. El proceso, por tanto, podría demorarse hasta tres meses desde la entrega del plan, lo que implicaría que los primeros pagos no tendrían lugar hasta julio.
Un segundo escollo separa a los gobiernos de las ayudas: la ratificación de la normativa que permite a Bruselas comenzar a emitir la deuda con la que financiará el fondo de recuperación. El fallo del Tribunal Constitucional alemán ha despejado el principal problema, pero el fondo todavía debe ser ratificado en nueve parlamentos nacionales.
Los países podrán recibir los anticipos que les corresponden una vez sus planes hayan sido aprobados por la Comisión y por el resto de países. En el caso de España, esto supone el desembolso de los primeros 9.000 millones de euros a cargo del plan anticrisis. Pero a partir de ahí, los Estados miembros tendrán que cumplir una serie de metas e hitos para ir desbloqueando el resto de tramos.
En este punto, la Comisión Europea cree los socios comunitarios podrán recibir un segundo desembolso antes de que acabe el año, pero las fuentes advierten de que esto sólo será posible si se han cumplido todos los objetivos pactados.
"Todos las metas están vinculadas a una fecha. Si un país quiere recibir un tramo este año, tendrá que demostrar que todos las metas e hitos vinculadas a la fecha se han cumplido totalmente y demostrar que es el caso", recuerdan fuentes comunitarias.
El Gobierno español confía en poder desbloquear un primer tramo semestral de 16.000 millones de euros cumpliendo el primer grupo de hitos y metas, según detalla el Plan de Recuperación y Resiliencia. El dinero europeo previsto en los PGE para este año se completaría con 2.000 millones del fondo para regiones REACT-EU, cuyos desembolsos siguen otra vía.
En este contexto, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se desplazó este jueves a la capital comunitaria para perfilar los últimos detalles del plan en una reunión con el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis. Este viernes fue la vicepresidenta segunda y responsable de Asuntos Económicos quien se entrevistó con el letón, en su caso por videoconferencia.
Fueron los últimos contactos del Gobierno con las autoridades comunitarias antes de entregar el plan la próxima semana. Según detalló Díaz a la prensa, han sido más de 70 reuniones para afinar los aspectos relacionados con la reforma del mercado de trabajo, junto con la reforma de las pensiones, uno de los pilares fundamentales del plan español.
En total, la estrategia del Gobierno para absorber los 140.000 millones de euros en transferencias directas y préstamos durante los próximos años está compuesto por 102 reformas y 110 inversiones, canalizadas a través de diez "políticas palanca" y 30 componentes.
