VALÈNCIA. María José Catalá cruza el ecuador de su mandato al frente del Ayuntamiento de València, un momento en el que tomar la temperatura de su gestión como alcaldesa del Cap i Casal en estos dos años. Esta primera mitad de la legislatura ha estado inevitablemente marcada por tragedias como el incendio de Campanar -con diez fallecidos- y sobre todo, por la devastadora Dana que dejó 17 muertos en la ciudad y ha obligado a reorientar recursos y prioridades.

Al margen de estos dos fatídicos hechos, Catalá ha logrado cumplir algunas promesas como la rebaja fiscal, el desbloqueo de licencias, la recuperación de la Policía de Barrio o la moratoria de licencias para viviendas turísticas. No obstante, la crisis con su socio de gobierno por el presunto amaño de contratos por parte de Juan Manuel Badenas que investiga la UCO, el problema de la vivienda o las externalidades negativas del turismo siguen siendo algunos de los grandes retos a atajar en el horizonte de la alcaldesa.

En su primer año al frente del Ayuntamiento, Catalá se afanó en marcar perfil propio y diferenciarse del anterior gobierno con medidas que eran promesas muy simbólicas como la rebaja fiscal. Una reducción de impuestos como el IBI, con rebajas de hasta el 20% en algunos casos, que el gobierno local asegura que ahorrará 70 millones de euros al año para las familias.

Plan de choque en licencias

Una de las grandes apuestas de la alcaldesa fue también el destasco del tapón de licencias de obra y actividad a través de un ‘plan de choque’ que reestructuró el departamento de licencias y apostó por reforzar el papel de las entidades externas. La concejalía de Juan Giner también prepara nueva ordenanza de obras y actividades para “agilizar” los procesos administrativos. En lo que va de legislatura, el Ayuntamiento señala que ha otorgado licencias para más de 2.400 viviendas en la ciudad y 40 para hoteles.

La movilidad había sido una de las banderas políticas de Catalá durante su etapa en la oposición. Una de las primeras medidas simbólicas en materia de movilidad que tomó la alcaldesa fue devolver un carril para el tráfico privado en la céntrica calle Colón o recuperar el acceso al centro de varias líneas de la EMT. Precisamente en la empresa municipal de transportes se ha acelerado la renovación de la flota de autobuses con la compra de 217 vehículos o la incorporación de 50 conductores. Respecto a los carriles bici, el gobierno de Catalá ha optado por una política continuista.

La seguridad también fue uno de los ‘planes de choque’ prometidos en campaña, en lo que va de mandato. Para ello, se han incorporado 200 agentes a la Policía Local y se ha anunciado la recuperación de la Policía de Barrio. Según datos que aportó la alcaldesa en la toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local, se ha reducido la delincuencia un 11,3% en el último trimestre. 

Grandes retos pendientes

Pero sin ninguna duda, el gran reto que enfrenta Catalá en esta legislatura es la vivienda, que ya es la primera preocupación de los ciudadanos por la escalada en los precios tanto del alquiler como de la compraventa. La emergencia habitacional que azota a las grandes ciudades, y también a Valencia, debe situar esta cuestión en el eje central de su política.

En este sentido, la principal apuesta de Catalá es la colaboración público-privada en el Plan +Vivienda, con una combinación de fórmulas de permuta, cesión de los derechos de superficie o construcción directa vía Aumsa. En estos dos años se han entregado 168 viviendas protegidas -gran parte de ellas cuyo procedimiento se inició en la anterior legislatura- aunque el objetivo es alcanzar casi el millar al final del mandato. Un objetivo que aunque ambicioso, no puede atajar a la misma velocidad la cantidad de demandantes de vivienda de Aumsa, que ya supera las 2.000.

Directamente relacionado con este problema derivan dos de las cuestiones a las que el ejecutivo de Catalá debe hacer frente: la proliferación de apartamentos turísticos, muchos de ellos ilegales, y el aumento del sinhogarismo. Un problema que se ha agudizado en los últimos meses. Desde el Ayuntamiento sostienen que trabajan en la creación de más plazas para atender a estas personas vulnerables aunque colectivos como la Asociación Intercultural Candombeque denuncian que que tanto el CAST como el CAI están desbordados.

Viviendas turísticas

En el caso de las viviendas de uso turístico, se ha logrado aprobar una moratoria de licencias y además, se encuentra en tramitación una regulación definitiva de estos usos. Una normativa que el Ayuntamiento señala como “la más restrictiva de España” pero que desde la oposición piden que sea más ambiciosa para poner coto a esta actividad y cerrar aquellos que se ubiquen en barrios saturados.
Gestionar la externalidades negativas del turismo también supone una tarea que abordar, sobre todo en períodos como Fallas. La aglomeración de personas en algunas mascletaes o la acumulación de residuos en varios puntos de la ciudad con alta concentración de gente pese al histórico dispositivo de limpieza, obligan a repensar protocolos.

También han experimentado avances grandes desarrollos urbanísticos como los PAI de Benimaclet y el Grao. En el caso de este último, la alcaldesa optó por que fueran las promotora Valere Reoco SL, dueña de la mayoría del suelo, la encargada de gestionar este sector para su urbanización y desarrollo en vez de hacerlo a través de Aumsa. En el caso del PAI de Benimaclet, Metrovacesa ya ha presentado el proyecto, que sumará más de 1.300 viviendas a este barrio, 400 de ellas VPO. 

En cuanto a proyectos de transformación urbana, como ya contó Valencia Plaza, Catalá se ha puesto las pilas en las últimas semanas para avanzar en la tramitación de algunos de ellos que había heredado del Rialto y que Catalá decidió paralizar para “repensar” en su primera mitad de mandato. Algunos como Pérez Galdós han sufrido cambios respecto al diseño del anterior gobierno -que sí planteaba eliminar el túnel- en contra del criterio de los vecinos. Otros siguen adelante con el mismo diseño, como la renaturalización de la plaza San Agustín. En el caso de la plaza del Ayuntamiento, todavía se desconoce la propuesta definitiva que presentará Miguel del Rey.

También queda por materializar otro de los grandes proyectos de la ciudad, el parque de Desembocadura. Un proyecto que hace unos días la alcaldesa avanzó que esperaba que avanzase en breve. Respecto al bulevar García Lorca, se ha generado un gran debate entre la idea del gobierno de Catalá de incluir viales de tráfico para "acceso y evacuación" y la propuesta que defienden los vecinos sin carriles para coches más allá de los bucles de acceso a las viviendas. Con el debate servido, habrá que esperar al rediseño de Katryn Gustafson para conocer el proyecto definitivo. Unas obras que de todas formas, no se verán materializadad en este mandato.

La Marina

Respecto a La Marina de València, ya se ha constituido el nuevo ente gestor con la Autoridad Portuaria tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007. En este entorno se han adjudicado espacios para centros de innovación y formación como la antigua base de Iberdola a Sesame, The Terminal Hub en la estación marítima o la ampliación de Marina de Empresas. Todavía queda pendiente encontrar un inquilino que cumpla los estándares de Catalá para el emblemático edificio de los Docks. Precisamente uno de los proyectos del Rialto para este edificio, el centro de datos de NxN, ha obtenido recientemente la licencia para instalarse en el polígono de Vara de Quart.

La relación con Vox

La relación con Vox, sus socios de gobierno, ha pasado por distintas fases en estos dos años. En un primer momento, María José Catalá, empezó a gobernar en solitario con los apoyos externos de Vox. Sin embargo, meses después tuvo que integrar a los cuatro ediles de la formación de extrema derecha en el gobierno para garantizarse un apoyo más estable. El pasado mes de febrero, estallaba el escándalo del posible amaño de contratos de Badenas que provocó su salida temporal del gobierno.

Días después, Cecilia Herrero también abandonaba Vox y los dos ediles pasaban al grupo de no adscritos desatando una crisis para Catalá. Tras semans de negociaciones a tres bandas, Herrero y Badenas volvían al redil y Catalá reincorporaba a Badenas pero aprovechando para remodelar su gobierno. La entrada de la UCO en el Ayuntamiento para recopilar información sobre los contratos en València Activa supone uno de los aspectos que pueden complicarle el mandato a la alcaldesa si finalmente imputan a Badenas.