VALÈNCIA (EFE). La Comisión Europea dio este lunes el segundo paso en el expediente abierto a España por su ley de concesión de permisos para construir restaurantes y otros locales en zonas costeras y le dio dos meses para tomar medidas para ponerla en línea con la legislación europea.
El Ejecutivo comunitario había abierto un expediente de infracción a España en 2023 por considerar que las concesiones para construir instalaciones permanentes, como chiringuitos, granjas o industrias, en zonas costeras de dominio público se producen sin un procedimiento transparente de selección y pueden prolongarse más allá de lo permitido por el Derecho comunitario.
Bruselas recordó este lunes que la legislación española prevé la posibilidad de dar estos premisos de construcción simplemente con la presentación de una solicitud seguida de un periodo de información pública de 20 días, mientras que la Directiva europea de servicios obliga a que se utilice un procedimiento de selección "imparcial y transparente".
Además, Bruselas considera que la posibilidad de extender la duración de esas concesiones en algunos casos hasta 75 años infringe la misma normativa puesto que conlleva un derecho preferencial en favor de quienes ya son titulares.
Y añade que, en la medida en que la legislación española dificulta el acceso a estas licitaciones por parte de operadores de otros Estados miembros de la UE, también está restringiendo de forma indebida la libertad de establecimiento prevista en los tratados de la UE.
"Por lo tanto, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado a España, que ahora tiene dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría decidir llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE"; dijo la institución en un comunicado.
Por otro lado, la Comisión Europea inició este lunes un procedimiento de infracción contra España por no haber designado aún a las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento del reglamento europeo sobre la llamada zona única de pagos en euros (SEPA), según informó la institución comunitaria.
Hasta la fecha, no existen autoridades competentes en España para tramitar los incumplimientos del Reglamento SEPA por parte de autoridades públicas que se niegan a realizar o recibir pagos (débitos directos o transferencias de crédito) hacia o desde cuentas de pago ubicadas en otro Estado miembro, precisó el Ejecutivo comunitario.
"Esta es una práctica ilegal también conocida como 'discriminación IBAN'", aclaró la Comisión en un comunicado.
Y señaló que la ausencia de esta autoridad competente priva a consumidores y empresas del derecho a presentar una reclamación contra esta práctica ante una autoridad competente en España.
Por ello, Bruselas pidió este lunes en una carta de emplazamiento a España que aplique correctamente el Reglamento sobre la Zona Única de Pagos en Euros.
Se trata del primer paso del procedimiento de infracción. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión.
De no hacerlo o si la respuesta fuese insatisfactoria, la Comisión podría seguir adelante con el expediente, emitiendo un dictamen motivado.