Celebración de la jornada "Herramientas para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable". Foto: Mancomunitat Camp de TúriaVALÈNCIA. La Mancomunitat Camp de Túria ha organizado, junto a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) y la Dirección General de Urbanismo, la jornada "Herramientas para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable" que se ha celebrado en el Teatro Municipal de Marines.
La cita ha comenzado con la inauguración de la alcaldesa de Marines y presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola Celda; y la bienvenida del director territorial de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Paco Molina. La jornada ha congregado a distintos sectores entre los presentes había inmobiliarias, despachos de arquitectura, representantes del sector de la abogacía, asociaciones de vecinos, alcaldías y concejalías de urbanismo de los ayuntamientos.
En la primera mesa han participado ponentes del sector público: Vicente García Nebot, director general de urbanismo de la Generalitat Valenciana; Enric Juan Alcocer, director general de Transición ecológica de la Generalitat Valenciana; Eva Martínez, concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Bétera y Ernesto Ríos como representante del sector notarial.
Entre las conclusiones de la mesa han destacado que existen 194.000 viviendas en suelo no urbanizable en toda la Comunitat Valenciana, de las que cerca de 103.000 son legalizables y alrededor de 11.000 están en la comarca de Camp de Túria. Además, en la intervención del público han evidenciado la necesidad de tener información accesible y una guía clara de los trámites necesarios para inscribir y legalizar viviendas.
Posteriormente, ha iniciado la mesa redonda del sector privado, que ha reunido a John Kirby, representante de expatriados de la Comunitat Valenciana; Malek Murad, vicepresidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia; José Manuel Pastor, catedrático de economía de la Universitat de València y Ana Falomir, socia fundadora de Excelsia abogados.
Los expertos han recalcado los costes económicos de la diseminación de viviendas, así como la mejora en la calidad de vida que tendría urbanizar este tipo de residencias para poder acceder a servicios básicos. En concreto, la nueva ley pretende aclarar aspectos técnicos necesarios como los estudios de integración paisajística y controlar aspectos medioambientales como el ahorro energético y la contaminación durante la construcción. El objetivo es regularizar 2.000 viviendas al año.
Rebeca Torró, consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha clausurado la jornada que ha reunido a más de 60 personas. Torró ha concluido afirmando que "la buena praxis de la construcción es cambiar del modelo especulativo al modelo productivo" y ha defendido las "soluciones que pone en marcha la Administración para avanzar en la regularización de viviendas ya construidas en la Comunitat Valenciana".
