Camps acusa a la juez de dilatar la causa para "justificar" el gobierno de "socialistas y separatistas"

VALENCIA. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps envió hace unos meses un duro escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza pero que no se había hecho público, contra la instructora del caso Valmor, en la que la acusa de querer dilatar el procedimiento judicial para justificar el cambio de gobierno que hubo tras las elecciones. Camps envió el citado escrito porque la magistrada instructora había solicitado las declaraciones de varios testigos.

Según fuentes jurídicas, el imputado en esta causa Francisco Camps acusa, aunque no exprese este término, de prevaricación a una magistrada con más de 20 años de experiencia y con un expediente inmaculado, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, Beatriz Sobremontes.

Esas mismas fuentes explican que "decir que un juez dilata un procedimiento a sabiendas de que no se debe hacer, y más con fines políticos, es una forma de prevaricación, aunque Camps no tenga los arrestos de ponerlo así, negro sobre blanco, en su escrito".

Las palabras textuales de Camps son las siguientes: "Sólo queda como explicación a la llamada de nuevos testigos, justificar el alargamiento de la causa por motivo ajenos a la instrucción y sostenidos en el ambiente que respecto de esta se pretende generar por quienes la sujetan, para con ello contribuir a la desestabilización y crítica injustificada e ilegítimamente judicializada en vía penal de aquellas acciones de gobierno perfecta y legalmente adoptadas conforme a derecho, pero que quieren ser utilizadas a través de esta causa para justificar el cambio de gobierno, la coalición entre socialistas y separatistas, y que pretenden que sea cuestión que avale la política del actual gobierno de la Generalitat valenciana, siendo corresponsables aquellos que con su actuar en la causa las secunden".

Para el expresidente, y ahora principal imputado en el caso de la Fórmula 1, "traer testigos que corroboren el contenido de unas actas que nadie ha discutido, ni contravenido, ni tachado de falsas, dudosas, preconstituidas o contrarias a la legalidad vigente, es cuanto menos inútil e innecesario (…), y por tanto a la economía del proceso, a la mínima intervención y a la presunción de inocencia".

Pero Camps no solo lanza acusaciones contra la magistrada. El expresidente también tiene ‘argumentos’ contra el fiscal Anticorrupción. De él asevera que "recuérdese que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) aceptó la querella sin la traducción de documentos clave, ni desencriptadas actas de los consejos de administración de las empresas públicas que, una vez traducidas unas y desencriptadas otras, desvirtúan en su totalidad la argumentación del fiscal para presentar la querella".

Esta argumentación, al igual que las anteriores, choca frontalmente con la línea de investigación e instrucción seguida tanto por el fiscal como por la magistrada. Ambos han visto un claro indicio de delito en organización de las carreras de Fórmula 1 a través de la venta de la empresa Valmor Sports y la posterior venta de esta firma a la Generalitat. De hecho, se ha decretado el secreto de sumario ante la llegada de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional.

Según publicó Valencia Plaza, los agentes tratan de averiguar, entre otras cosas, adónde fueron a parar los más de 8 millones de euros que Valmor recibió de Instituto Valenciano de Finanzas a través de un crédito. Un crédito que le fue concedido a la empresa pese a que era la Generalitat la que pagaba el canon de más de 20 millones de euros anuales que costaba que la F1 se celebrara en Valencia.

El 'caso Valmor'

La investigación de la F1 se inició por una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, aunque con los últimos registros realizados, el número de delitos y de imputados podría verse incrementado.

Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez 'Aspar' en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, así como la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa, y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".