VALENCIA. El presidente de la Compañía Levantina de Edificación y Obra Pública (Cleop), Carlos Turró, es uno de los trece empresarios detenidos en la operación Taula, según han confirmado a Valencia Plaza fuentes de la constructora. Según fuentes judiciales, la Guardia Civil registró el domicilio de Turró, y las sedes de Cleop y de una filial, de donde obtuvo el contenido de discos duros y expedientes en papel.
Cleop fue concesionaria del servicio de grúas del Ayuntamiento de Valencia hasta 2014, a través de su filial Servicleop. La empresa y el Consistorio acabaron mal esta relación, tras lo cual el Ayuntamiento exigió a la empresa el pago de 1,9 millones de euros.
Turró pasará a disposición judicial en las próximas horas, lo mismo que los otros 23 detenidos y cinco citados a declarar como investigados (nueva denominación de los imputados) en la operación Taula. Entre ellos hay trece empresarios y dos arquitectos, además de los políticos y expolíticos implicados.
Otro de los empresarios detenidos es José Adolfo Vedri, presidente de Engloba y de la empresa que construyó el centro cultural Rambleta.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el Caso Imelsa, comenzó este martes a tomar declaración a los detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para presuntamente amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La primera en comparecer ante el juez fue la ex concejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Alcón, que fue detenida por la mañana, pasó a disposición judicial pasadas las 22.30 horas. Estuvo en el Juzgado hasta las 00.00. El magistrado instructor decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros. El juez, además, acordó el embargo de bienes como medida cautelar.
La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia quedó imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En la causa hay otros 28 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que empezarán a declarar ante el juez este miércoles.