VALÈNCIA. Carmen Pleite Broseta, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, ha sido elegida este mediodía como nueva presidenta del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, institución que agrupa los tres colegios provinciales de la Comunitat Valenciana.
La toma de posesión ha tenido lugar este mediodía en la sede del Consejo, en un acto en el que han tomado posesión de sus cargos también los tres consejeros nombrados recientemente en la Junta del Colegio de Graduados Sociales de Valencia (COGRASOVA) a raíz de las pasadas elecciones; Raquel Martínez, Rubén Molina y Vicente Vercher.
Consejera durante ocho años del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, Carmen Pleite Broseta sustituye en la presidencia a Ricardo Gabaldón, que ha gobernado la corporación durante los últimos doce años. Es la primera vez que esta institución cuenta con una mujer en el cargo de presidente.
Graduada Social y licenciada en Ciencias del Trabajo, Carmen Pleite es Grado en Derecho y ha superado el Máster Universitario de la Abogacía. Ejerciente libre desde 1985, es socia fundadora de la firma Carrau Corporación y presidenta a su vez de la Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunitat Valenciana (AEODCV), además de vocal de la junta directiva de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) desde 2014.
Tres colegios, 4.400 colegiados
El Consejo Valenciano de Graduados Sociales agrupa a los tres Colegios Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia. Constituido el 4 de octubre de 1996, el Consejo aglutina a todos los profesionales en activo del sector, ya sea por cuenta propia o ajena. En la actualidad, representa a casi 4.500 graduados sociales. El graduado social es el único profesional legalmente autorizado para la formalización y liquidación de los seguros sociales y prestaciones de la Seguridad Social, e interviene en todo lo concerniente a las relaciones laborales.
A través de un asesoramiento altamente cualificado, en continuo contacto con los cambios normativos y sociales, contribuye junto con la Administración, empresas, sindicatos y ciudadanos a salvaguardar los valores democráticos que se derivan de la interpretación jurídica de las normas sociales.
