Albert Rivera. Foto: MARGA FERRERL'Associació de Juristes Valencians está compuesta, trasversalmente, por profesionales de diversos ámbitos jurídicos (notarios, abogados, procuradores, registradores, profesores universitarios…), que nos definimos como valencianistas, apartidistas, radicalmente demócratas, y que desgraciadamente consideramos que los valencianos estamos discriminados respecto al resto de ciudadanos de España, al menos hasta ahora.
Como sabe, los representantes políticos de los ciudadanos valencianos consideran que desde el año 2002 hemos dejado de recibir del Estado ingresos por importe de 16.000 millones de euros. Sin duda esta es la principal causa de nuestra discriminación, que ha forzado a emigrar a muchos valencianos, que ha determinado un servicio sanitario de los valencianos inferior a la media del pueblo español, y que, debido a los retrasos de la Administración autonómica en el pago a sus proveedores, ha obligado a cerrar muchas empresas y a despedir a much@s emplead@s. Esto determina que los ciudadanos valencianos hayamos sufrido la crisis con más dureza que los de otras CCAA por causas injustificables.
No obstante, no queremos plantearle aquí el tema de la infrafinanciación, para lo que existen otros interlocutores más adecuados (IVIE, AVE, Generalitat, Universidades…) que los miembros de l'Associació de Juristes Valencians. Por supuesto, consideramos que por parte del Estado debe compensarse de la manera más rápida y cuando sea posible a los ciudadanos valencianos, tal y como se ha hecho en el pasado con otras CCAA.
Seguramente, Sr. Rivera, conocerá la campaña que esta Associació ha desarrollado pidiendo la adhesión de los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a nuestro manifiesto, en el que solicitábamos del Presidente del Gobierno que retirase los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las leyes valencianas de derecho civil (la Ley 10/2007, de Régimen económico matrimonial valenciano; la Ley 5/2011, de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como Ley Valenciana de Custodia Compartida; y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana).
Sabrá también que el Tribunal Constitucional finalmente ha dictado sentencia en cada caso, anulando dichas Leyes, o dicho de otra forma, afirmando que la Comunitat Valenciana no tiene capacidad legislativa en materia de Derecho Civil, más allá de algunas cuestiones agrarias de poca importancia.
Los argumentos a favor de esta petición son múltiples, pero al final se resumen en uno: corregir la discriminación padecida por el pueblo valenciano desde hace casi 309 años, cuando en 1707, tras la batalla de Almansa, los valencianos, con independencia de que fueran austracistas o borbónicos, vieron eliminado su sistema jurídico (Els Furs), y sustituido por un derecho ajeno como era el derecho castellano, que además se impuso por las armas alegando un pretendido “derecho de conquista”. Esta injusticia, en lo que al derecho civil se refiere, no se produjo ni en Cataluña ni en Baleares, y en Aragón se corrigió de forma casi inmediata. Cuando Navarra y las Provincias Vascongadas apoyaron al candidato carlista en otra guerra civil entre españoles, tampoco se suprimieron las normas de derecho civil aplicables en dichos territorios tras su derrota.
El vencedor de la última Guerra Civil entre españoles, concedió la actualización del anquilosado derecho civil foral a través de las compilaciones a los ciudadanos catalanes, aragoneses, navarros, baleares, gallegos y a algunos vascos, pero no a los últimos ciudadanos en defender la democracia, los valencianos, los que no paran de ofrendar glorias a España, los históricamente más solidarios.
Esta reivindicación en pro de nuestro derecho civil ha sido constante por parte de juristas y políticos de todas las ideologías, y aparentemente se satisfizo con la Ley Orgánica 10/2006, de Reforma del Estatuto Valenciano, aprobada con inmensas mayorías en les Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados.
Pero lamentablemente, desde el año 2007 se recurrieron por Gobiernos de diferente signo político las leyes en que se confirmó la competencia valenciana en materia de derecho civil. En ellas se consagraba como régimen económico matrimonial subsidiario el régimen de separación de bienes, se establecía como régimen preferente la crianza compartida de los hijos en caso de crisis matrimonial o entre parejas no casadas, y en las uniones de hecho se dotaba al conviviente más vulnerable de notables efectos civiles. Como ve, nada diferente de lo que existe en Aragón, en Cataluña, en Baleares; por ello, si no se modifica la Constitución, se producirá una nueva discriminación contra los valencianos.
Es eso lo que queremos: igualdad, ser como el resto de españoles que no han sido discriminados como nosotros; queremos ser como usted, catalán de nacimiento, con un derecho civil diferente al previsto en el Código Civil, pero no por ello menos español. Es ocioso recordarle a usted, como jurista, que la unidad de un Estado no depende en absoluto de la uniformidad legislativa; véanse como ejemplo las diferencias existentes en el derecho civil de cada Estado en Estados Unidos, con distintas tradiciones jurídicas que no afectan a su inquebrantable unidad política. En España, 14 millones de españoles (19, si incluimos a los valencianos), tenemos un derecho civil diferente al previsto en el Código Civil.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Generalitat y otras organizaciones civiles valencianas influyentes, como las Facultades de Derecho de la Universitat Jaume I de Castelló y de la Universitat de València, los Colegios de Abogados de Alcoy y Valencia, el Ateneo Mercantil de Valencia, Lo Rat Penat, Valencia Plaza, Abuelos por la Custodia Compartida de la CV, Comisions Obreres del Pais Valencià, Intersindical Valenciana, CSIF, AVA-ASAJA, Lambda, etc. En definitiva, existe una unidad de la gran mayoría de valencianos en defensa del derecho civil como seña de identidad propia, tal y como afirma nuestro Estatut. Y resulta muy destacable que la defensa del derecho civil valenciano, tal y como se prevé en el preámbulo y 7 artículos de nuestro Estatut, haya sido respaldada por 153 Ayuntamientos valencianos, que representan a casi 4 millones de ciudadanos de todas las tendencia políticas, de todas las provincias y comarcas valencianas, como podrá consultar en nuestra web www.ajv-val.org.
Desgraciadamente, tras las sentencias del Tribunal Constitucional, la única posibilidad legal que tenemos es la de revertir la situación a través de la reforma constitucional: una reforma de tipo menor, meramente técnica para que se reconozca a la Comunitat Valenciana capacidad legislativa en materia de derecho civil. Tenga en cuenta que nuestra única intención es que las cosas se hagan bien y con un amplio consenso. Para esta labor, le pedimos su apoyo: solicitamos que su partido apoye, como el resto de grupos parlamentarios en les Corts Valencianes y en las Cortes españolas, la corrección urgente de esta injusticia histórica. Es una injusticia que afecta ahora a los 5 millones de valencianos que queremos un derecho civil cercano, útil y moderno, 5 millones de valencianos que pensábamos, como la gran mayoría de los diputados españoles que en 2006 aprobaron la reforma de nuestro Estatuto, que teníamos los mismos derechos que los aragoneses, vascos, gallegos, baleares, catalanes y navarros. Y no dude de que, si así fuese, como asociación y como valencianos le quedaremos agradecidos por su apoyo y confortados por su coherencia.
Suscriben esta carta los siguientes miembros de la Associació de Juristes Valencians:
Juan Añon Calvete, Advocat; Federico Arnau Moya, Professor de Dret Civil de la UJI, María del Carmen Boldó Roda, Catedràtica de Dret Mercantil de la UJI, José Bonet Navarro, Catedràtic de Dret Processal de la UVEG; José-Ramón Chirivella Vila, Advocat; Vicente Clemente Torres, Advocat; José Luis Espinosa Calabuig, Advocat; Lorena Ferrandis Navarro, Advocada; Luis Miguel Higuera Lujan, Advocat; Joaquin Ivars Ruiz, Advocat; Francisco Javier Palao Gil, Professor de Hª del Dret de la UVEG; Javier Plaza Penades, Catedràtic de Dret Civil UVEG, José-Maria Riera Ruperez, Ingeniero de Caminos; José Soriano Poves, Advocat, Angels Escoin, Advocada, Maria José Bodi, Advocada, Sara Sellés, Advocada, José Morgan García, Advocat, Beatriz Gisbert Monllor, Advocada.
