VALENCIA. Este lunes tendrá lugar el juicio por el caso Metrored contra el exconseller de Obras Públicas y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena y otros 12 acusados por un presunto fraude al fisco con la venta de minutos de telefonía. La vista llega casi cuatro años después de que la magistrada pidiera la apertura de juicio oral.
Según el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado realizó una primera propuesta para celebrarlo en abril, que no prosperó por razones de agenda de los letrados; hubo una segunda propuesta para celebrar el juicio en octubre y tampoco prosperó por los mismos motivo.
Finalmente, el proceso comenzará este lunes, 21 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia, con sede en Paterna. Las penas solicitadas para los acusados oscilan entre cuatro y 16 años de cárcel por haber defraudado, presuntamente, 7 millones de euros. En el caso de Cartagena, la Fiscalía pide cinco años de cárcel.
Junto a Cartagena, están imputados en la causa miembros de conocidas sagas empresariales como el presidente de Cleop, Carlos Turró -imputado también en el caso Imelsa-, el naranjero José Luis Martinavarro o el azulejero Rafael J. Benavent, de la familia fundadora de Keraben. Junto a ellos, los miembros del consejo de administración Reyes Ballester, Jorge Sanz y Ana Patricia Barreda; los apoderados de la empresa Francisco Fariñas, Arturo Grau, Carlos Riera y Ramón Gregori; el administrador de Dania Servicios Telefónicos Pedro Obrador, y el titular del local que figuraba como domicilio social de Dania, Pedro Estupiñán.
Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el fraude fiscal fue cometido por la empresa Metrored entre los años 2005 y 2008 con el apoyo de dos sociedades, Dania Servicios Tecnológicos y Voyager Tecnológica. Las acusaciones afirman que Metrored creó una estructura dedicada a defraudar el IVA. Por una parte, facturaba sin repercutir el IVA a otras entidades que estaban radicadas en las Islas Canarias. Metrored declaraba las operaciones no sujetas al IVA y exentas del impuesto general indirecto canario.
Pero para el Ministerio Público y la abogacía del Estado, los empresarios sabían que los servicios de telecomunicación prestados por "venta de minutos telefónicos" eran para empresas establecidas en la península y que por tanto estaban obligadas a pagar el IVA. Además, Metrored y las otras dos empresas utilizaron una sociedad sin estructura propia y que estaba domiciliada de forma ficticia en las Canarias para así no tener que declarar el IVA a los destinatarios de la Península y Baleares.
El exconseller de la época de Zaplana tiene varias causas pendientes con la Justicia. Hasta la fecha, ha sido condenado, y pasó unos meses en prisión, por apropiarse el dinero que le dieron unas monjas para obras sociales cuando era alcalde de Orihuela, pero tiene otras aperturas de juicio dictadas que ha conseguido retrasar por un presunto fraude a Hacienda, conocido como el caso de las primas únicas del Banco Santander.